“Son 25 mil pesos la media hora y 30 mil por una. Hacemos de todo”. Es el mediodía del último jueves de marzo y en la Plaza de Armas de Santiago, atiborrada por transeúntes, una mujer ofrece servicios sexuales a quien se acerque a consultarle. Luce jeans azules y escote y, como ella, al menos 30 ostentan un atuendo similar para pasearse en la cuadra histórica. Puede variar el precio o las condiciones, pero la promesa siempre es la misma.

Y todo ocurre a pasos de la Municipalidad y frente a la Catedral de Santiago. Mujeres de diversas nacionalidades esperan, van y vienen buscando clientes. Lo hacen bajo la vigilancia de hombres que las acompañan, presumiblemente sus proxenetas, quienes observan de cerca que todo esté en orden, apoyándolas en caso de cualquier requerimiento especial.

¿Dónde trabajan? “Es aquí al frente donde tenemos el contacto (relación sexual)”, dice una mujer, indicando el Portal Fernández Concha, en calle Compañía, uno de los lugares donde históricamente se ha concentrado este tipo de comercio en el centro de Santiago. Asegura no cobrar un monto adicional por utilizar el inmueble, solo por los preservativos, aunque advierte que, dependiendo, algunas de sus colegas pueden pedir un monto adicional por concepto de arriendo de la habitación que se utilizará.

Durante dos semanas, La Tercera asistió al sector en distintos horarios. A diferencia de otros períodos, ahora es solo durante el día cuando el comercio sexual opera en el lugar. Ninguna de las trabajadoras consultadas para esta nota quiso participar en ella.

En los últimos años, la prostitución ha proliferado en diversos puntos de Santiago, siendo la Plaza de Armas una de las vitrinas más apetecidas. Las restricciones de la pandemia y la mayor fiscalización en el sector habían erradicado el fenómeno en la zona, pero el relajamiento de estas medidas trajo a las trabajadoras sexuales de vuelta.

En Chile, esta actividad no es un delito, aunque se desarrolla prácticamente en la clandestinidad. La Constitución no se refiere expresamente a la posibilidad de ejercer el comercio sexual, pero sí ampara la libertad de toda persona a decidir sobre su cuerpo, la creación de su personalidad, su patrimonio y su manera de desenvolverse en la sociedad.

El Código Sanitario, en tanto, regula el comercio sexual para evitar la propagación de infecciones venéreas. En 2005, el Ministerio de Salud aprobó el Reglamento sobre Infecciones de Transmisión Sexual, quitando la prohibición para ejercerlo y estableciendo como voluntario y gratuito el control sanitario.

Sin embargo, son los delitos que acarrea el comercio sexual los que complican a los vecinos. “El municipio de Santiago está consciente de esta compleja situación que se vive, en particular en la Plaza de Armas, y que genera, a su vez, desórdenes, peleas, tráfico y consumo de droga, asaltos y, por ende, molestia no solo para las personas que circulan por el lugar, sino que para los vecinos del sector. Esta situación ocurre también en el edificio Portal Fernández Concha, donde muchos de los departamentos -de acuerdo a denuncias- funcionan como prostíbulos”, reconoce Kevin Díaz, director de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago.

Carabineros ha dispuesto un Plan Cuadrante en el casco histórico de la ciudad, además de intervenciones conjuntas con el Ministerio Público y la municipalidad. Este comprende las calles Santo Domingo, San Antonio, Huérfanos y Bandera.

Allí, desde el 1 de enero y el 31 de marzo se han registrado 206 casos policiales: 151 denuncias y 55 detenciones. “El hurto y el robo por sorpresa son los principales delitos que se registran en el sector”, profundiza el capitán Jorge Zúñiga, subcomisario de Servicios de la Primera Comisaría de Santiago Central. El primer trimestre se detuvo a 343 personas; 20,1% por órdenes de aprehensión vigentes; 19%, por otros delitos; 15,7%, por delitos de tránsito, y un 9,9%, por amenazas. Además, se han incautado 26 armas blancas y dos armas de fuego, entre otros elementos para cometer ilícitos.

Las razones para llegar a ejercer este oficio son diversas y complejas. La concejala Virginia Palma (PC), presidenta de la Comisión de Género y Diversidades Sexuales del Concejo de Santiago, ha trabajado junto a la Fundación Margen, que visibiliza los derechos de las trabajadoras sexuales y genera diálogos y ayudas. Reconoce una gran precarización en las condiciones laborales de las mujeres del sector, problema acarreado porque, en su mayoría, son extranjeras viviendo en situación irregular en el país. “Muchas están con sus hijos y, la mayoría, están en el país de forma clandestina”, asegura.

La edil relata que hasta su despacho han llegado denuncias sobre una supuesta red de explotación sexual que operaría en el sector. “Ellas dicen que también las obligan a vender drogas, pero no reciben un peso por ello. Y si se niegan a hacerlo, son reemplazadas por otra que sí está dispuesta. Según dicen, hay una mafia ecuatoriana trabajando en el lugar, donde tipos que son muy violentos las tienen amenazadas de muerte a ellas o con la integridad física de sus hijos”, cuenta.

Incluso, detalla un caso que vivió hace un par de semanas: “Hace unos días, recibí a una vecina de la tercera edad en mi oficina. Su marido se quedó esperándola en la plaza y, como tenía frío, se sentó en una banca donde le llegaba el sol. Una trabajadora sexual se sentó junto a él y simuló ser su pareja, para luego asaltarlo. “Él quiso ponerse de pie o gritar para pedir ayuda, pero de lejos, un tipo le hizo una seña dándole a entender que era mejor que no lo intentara. Claramente, ese tipo era el proxeneta de la chica. Una vez que entregó todo lo que tenía de valor, lo dejaron irse. Tuvimos que hacerlo pasar a mi oficina para que se calmara”.

Consultados sobre alguna investigación que se esté desarrollando contra presuntas mafias de proxenetas en el lugar, tanto la Policía de Investigaciones como la Fiscalía Centro Norte declinaron entregar información.

Cristóbal Weinborn, director de Ciencias Policiales de la Fundación Paz Ciudadana, explica: “El primero de los riesgos es la constante amenaza por parte de quienes controlan estas redes. Si no los obedecen, las víctimas serán reportadas a las autoridades del país debido a su situación irregular de ingreso, lo que genera un círculo perverso entre víctimas y victimarios. Lamentablemente, la política migratoria no ha sido muy favorable hacia las víctimas: si estas son denunciadas, la prioridad está en dar respuesta a la denuncia -ingreso ilegal, por ejemplo- en lugar del problema que genera más daño, como ser víctima de trata de personas”.

Camila Maturana, de la Corporación Humanas, parte de la Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas (MISTP) que coordina Interior, cuenta por qué este problema puede estar ligado con la trata de personas: “Varias de las mujeres y niñas que sufren de explotación sexual han sufrido otro tipo de violencias durante toda su vida. Son mujeres que han sido maltratadas y por eso se ven más expuestas a caer víctimas de la trata de personas, que es venir desde otro país bajo engaño”.

Por eso, la postura de la concejala Palma es regular el trabajo sexual, pues la semiclandestinidad en que hoy se desarrolla, a su juicio, ha propiciado un escenario inseguro para las mujeres que lo ejercen y los clientes.

La discusión es compleja y ha dividido al movimiento feminista, incluso dentro del concejo santiaguino. Detrás de los adjetivos “regulacionistas” y “abolicionistas” se agrupan mujeres y colectivos que ven en la prostitución un elemento clave en la lucha de los derechos de las mujeres, pues trata del derecho sobre el propio cuerpo y la opresión patriarcal.

Y aunque la primera corriente suma más suscritas, la segunda también es parte del ecosistema de la lucha de género. La concejala Rosario Carvajal (independiente-Igualdad) ha defendido la postura de regular la actividad sexual en la comuna. “La prostitución está mucho más presente en la comuna, ahora se da en todos lados. Esto ocurre porque muchas mujeres, sobre todo extranjeras, se ven obligadas a ejercerlo para sobrevivir o mantener a sus familias”, declara.

Santiago Mekis (ind. RN) es otro de los que llaman a la fiscalización. “Como municipalidad, se podría colaborar con más seguridad ciudadana, iluminación, más cámaras en el sector y trabajo coordinado con Carabineros y PDI. Es un tema de larga data y muy complejo de erradicar”, dice.

“Estamos en un escenario complejo, pero confío en que desde las mesas de trabajo que se están desarrollando junto al gobierno y las distintas instituciones se podrá ordenar el comercio sexual y el comercio en general, que está ocupando todo el espacio público”, dice Ana María Yáñez (RD).

“Pedimos a las policías realizar una investigación y controles de identidad permanentes en la entrada del Portal Fernández Concha, la PDI se ha encargado de esta labor”, reconoce el director de Prevención y Seguridad Comunitaria municipal, Kevin Díaz.

Adelanta que, a través de la Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión, ha sostenido reuniones con organizaciones de trabajadoras sexuales, coordinando instancias en temas de salud y educación junto a la Fundación Margen y otros organismos relacionados.

Una de las promesas del Presidente Boric era la regularización del trabajo sexual. Al cierre de esta edición, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, comentó: “tener un enfoque de derechos humanos transversal es un desafío de este gobierno. También aplicará para las trabajadoras sexuales”.

“Este martes”, dice la concejala Virginia Palma, “tendremos otra reunión con la Fundación Margen, para continuar viendo las formas de apoyo a las trabajadoras sexuales y enfrentar de otra manera este problema”.