Presidenta de la Comisión para la Reparación de Víctimas del Sename, Soledad Larraín: “Queremos una reparación integral con garantías de no repetición”

El 10 de diciembre el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que crea la Comisión Asesora Presidencial que busca medidas de reparación para los menores que estuvieron bajo custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename).

La lista de víctimas de abusos bajo la tutela del Estado es extensa y uno de los casos emblemáticos es el de Lissette Villa (11), quien murió en abril de 2016 tras una seguidilla de malos tratos recibidos por las cuidadoras del centro donde residía, en Estación Central.

En conversación con La Tercera, la sicóloga Soledad Larraín Heiremans, presidenta de la comisión, habla de los desafíos y de los modelos que mira el gobierno para reparación.

¿Cómo ha sido el trabajo en estas primeras semanas de funcionamiento?

Estuvimos armando el equipo técnico y definiendo protocolos para el trabajo. Ahora estamos elaborando el reglamento, que incluirá el quórum para tomar decisiones, algo clave cuando toque calificar a las víctimas.

¿Se inspirarán en experiencias internacionales o en comisiones nacionales, como Rettig y Valech?

Hemos revisado experiencias internacionales, como las comisiones sobre abusos sexuales en la infancia en Australia e Irlanda, derechos humanos y adopciones en Escocia, abusos eclesiásticos en Canadá y la comisión de apropiación de niños en la dictadura argentina. También nos han servido de referencia las comisiones Rettig y Valech, especialmente en metodologías de entrevista, recepción de testimonios y la creación de entornos seguros y respetuosos para las víctimas.

¿Por dónde parte la investigación?

Lo central será la escucha de las víctimas, junto a la búsqueda y análisis documental para entender cómo ocurrieron las vulneraciones y por qué muchas denuncias no avanzaron. Luego vendrá la sistematización de testimonios, algo que nunca se ha hecho. También vamos a comparar vulneraciones en residencias de administración directa y en hogares de colaboradores, donde ya identificamos que algunas instituciones específicas, como las eclesiásticas, que concentraron cierto tipo de vulneraciones. Además, revisaremos sumarios administrativos, que nunca han sido analizados de manera conjunta.

¿Qué plazo tiene la comisión para entregar una propuesta?

Tenemos un año para la entrega de un informe final. Ese informe, en principio, lo hemos pensado entregar entre diciembre y enero. Sabemos que el plazo es insuficiente para la magnitud de lo que tenemos que hacer. Por lo mismo, el decreto establece que, antes de que falten seis meses para que termine el período, la comisión puede pedir una prórroga. Lo más probable es que la pidamos.

¿Tienen identificadas cuántas de esas residencias aún existen y cuántas cerraron, y cómo afectará eso el acceso a los registros y antecedentes para la investigación?

Esta comisión se enfoca en niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la tutela del Estado, es decir, aquellos que pasaron por residencias, no por programas ambulatorios. En el caso de las residencias eclesiásticas que recibieron subvención estatal, cualquier abuso ocurrido en esos lugares también será analizado.

¿Cuántos casos serán revisados?

Tenemos datos preliminares bastante aproximados a la realidad, utilizando fuentes de Unicef para esta comisión, donde se estiman 689.288 NNA que pasaron por el sistema del Sename. De esa cifra no todos han sido vulnerados en sus derechos, y los que han sido vulnerados en sus derechos no todos van a llegar a la comisión.

De esa cifra, el 75% son del sistema residencial y, por lo tanto, un 25% son NNA de centro de responsabilidad penal. La mayor cantidad de personas son de la Región Metropolitana, con un 30%; 15% Valparaíso y Concepción, y el resto se distribuye a lo largo del país.

¿Cómo se va a identificar qué personas formaron parte del Sename, considerando que hay mucha documentación que probablemente ya no existe?

La forma más directa es cruzar los datos con la base del Sename, donde la persona podrá identificarse y señalar residencia y período. Sin embargo, no toda la información está digitalizada, sobre todo en los primeros años. Desde la ley de subvenciones hay registros más ordenados, porque las instituciones colaboradoras debían reportar para recibir financiamiento. En los casos sin registros formales, se evalúan alternativas, como la confirmación por parte de otras personas.

La comisión partió con críticas de algunas organizaciones por no incluir a un representante de las víctimas entre los comisionados. ¿Cree que fue un error?

La comisión fue designada por el Presidente, y lo que podemos hacer hoy es mirar hacia adelante, generando una instancia de participación real donde las organizaciones colaboren en la metodología de trabajo, con espacio para observaciones y ajustes. No participé en la selección de comisionados, pero entiendo que se buscó personas independientes y autónomas. Queremos que las organizaciones tengan un rol clave, tanto en el trabajo de la comisión como en la propuesta de reparación y garantías de no repetición.

¿Se comenzó con un mal pie, entendiendo que ustedes necesitarán acercarse a esas organizaciones?

Si las organizaciones no tienen confianza en nosotros y no nos ayudan a que las personas vayan a la comisión, ahí sí que vamos a estar mal. Por eso queremos hacer todo lo que esté de nuestra parte para que se puedan sentir incluidos.

¿Cuáles son sus primeras expectativas, comisionada, respecto del inicio de la comisión?

Lo primero es generar confianza en la comisión, tanto en víctimas y sobrevivientes como en la ciudadanía, mostrando que es un espacio real de escucha. También queremos que la comunidad entienda lo que vivieron los niños Sename, que por años fueron invisibilizados.

¿Qué formas de reparación se evalúan?

Estas se definirán junto a las víctimas, pero la experiencia internacional y lo planteado por la Corte Interamericana apuntan a apoyo en salud mental, acceso a educación para quienes fueron desescolarizados y eventualmente vivienda u otras medidas. Queremos que sea una reparación integral, acompañada de garantías de no repetición, revisando los factores estructurales que permitieron estas vulneraciones y proponiendo cambios legales y administrativos para asegurar que los niños de hoy, que siguen en residencias, crezcan en espacios seguros.

¿Cómo garantizan también que el trabajo de la comisión se mantenga independiente de estas presiones políticas?

La comisión busca ser una política de Estado, no de un gobierno específico, por lo que se realizará una ronda con todos los partidos y parlamentarios para explicar su trabajo. Aunque existe apoyo administrativo, las decisiones son autónomas y desde el primer día se asumió el compromiso de garantizar independencia y evitar cualquier conflicto de interés, incluso en un año electoral.