Proceso constituyente: el diseño de La Moneda para enfrentar a los republicanos

“Quienes quieran antagonistas en mí no los van a encontrar. Quiero el éxito del proceso y no seré quien trabaje por lo contrario”.

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se refirió a las definiciones del Consejo Constitucional y a los emplazamientos que ha recibido el gobierno por parte del Partido Republicano por supuestamente intervenir en el proceso.

Las palabras del Mandatario no fueron improvisadas. Hace algunas semanas el comité político sostuvo una larga reunión para fijar una postura ante las inquietudes de los partidos oficialistas por las enmiendas presentadas por el partido fundado por José Antonio Kast.

En esa cita ajustaron su estrategia, que en un inicio contemplaba mantenerse al margen del proceso y evitar opinar para evitar asumir un costo político.

Así, La Moneda zanjó que deben promover públicamente llegar a un acuerdo en el texto constitucional, no caer en las provocaciones que acusan por parte de la oposición y evaluar definir una postura una vez que la propuesta de nueva Constitución esté finalizada.

En las conversaciones del comité político se ha hablado en varias oportunidades del Consejo Constitucional. Y, pese a que los ministros han definido hablar con más soltura de algunos temas, la determinación es que se refieran solo a aquellas discusiones más críticas. De esta forma lo han hecho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre las contribuciones; el ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre el sistema judicial; y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en los derechos de las mujeres, como la objeción de conciencia.

Pero en el comité político y en los equipos de La Moneda quieren limitar las apariciones de los secretarios de Estado a temas específicos, ya que en las instancias de reflexión han llegado a la conclusión de que la estrategia del Partido Republicano es provocar al gobierno para que salgan a responder sus intervenciones para así generar la dicotomía entre oficialismo y oposición en la evaluación del proceso.

Y eso, han concluido en el Ejecutivo, sería muy peligroso, ya que la aprobación del Presidente bordea el 30% -de lo que están absolutamente conscientes en los equipos de Boric- y transformar la elección del 17 de diciembre en un plebiscito al gobierno les puede jugar en contra.

En La Moneda además todavía resienten la derrota de septiembre pasado, donde el Rechazo al texto propuesto por la extinta Convención Constitucional se impuso ampliamente por sobre el Apruebo que impulsó el gobierno.

Con esas definiciones en la mesa, las salidas comunicacionales de los ministros han sido calculadas. “Lo que quieren los republicanos es que esto se transforme en una pelea entre ellos y el gobierno. Y nosotros qué es lo que queremos, que se transforme en una reflexión del país para construir un acuerdo. Entonces no vamos a alimentar esa pelea que es la que deja a las personas viendo un partido de ping-pong”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, el pasado domingo en Mesa Central.

Además, desde La Moneda se les ha transmitido a los jefes de gabinete y directores de comunicación de todos los integrantes del gabinete la misma estrategia: que no deben hablar sobre temas específicos del proceso constitucional sin avisar y que no hay que caer en las provocaciones de la oposición, lo único que está permitido es fomentar los acuerdos. Así lo hizo, por ejemplo, el Mandatario el miércoles: “Espero que las voces que se están levantando apuntando al máximo consenso posible sean escuchadas. Y van a contar con nuestra colaboración en eso”.

De hecho, ese tono conciliador del Jefe de Estado generó una alerta entre los republicanos, desde donde transmiten que las palabras del Mandatario se alejaron de lo que buscan como estrategia: que Boric se enfrente al proceso y manifieste su postura contraria al texto.

De todas formas, los ministros del comité político que cumplen roles de coordinación con sus partidos igual tienen diálogo fluido con asesores e integrantes del Consejo Constitucional. Esa comunicación ha sido bien evaluada por La Moneda, en donde tienen un buen diagnóstico del comportamiento del oficialismo en el Consejo y confían en que la postura oficialista sea definida por consenso, más allá de los descuelgues de algunos sectores del Partido Comunista.

Por ejemplo, la ministra Orellana sostiene conversaciones periódicas con el exjefe de gabinete del Presidente Matías Meza-Lopehandía, quien asesora a la directiva de Convergencia Social, su partido. Mientras que las ministras Camila Vallejo y Jeannette Jara son muy cercanas a la consejera Karen Araya.

Además, desde esta semana los presidentes de los partidos, como los senadores Jaime Quintana (PPD) y Paulina Vodanovic, se activaron para intentar conseguir acuerdos con todo el arco político, lo que inquietó al Partido Republicano.

El lunes de esta semana, en algunos sectores del oficialismo se empezó a promover la idea de que el texto elaborado por la Comisión Experta podría ingresarse al Congreso si es que el proceso fracasa y el resultado del texto elaborado por el Consejo no les gusta.

Esa idea generó la reacción inmediata de Kast. “Al parecer, el Gobierno de Gabriel Boric, a través de sus parlamentarios, ya decidió ingresar el anteproyecto de los expertos como reforma constitucional al Congreso. Quieren anular por secretaria al Consejo Constitucional, elegido por más de 12 millones de chilenos”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La interpelación generó una respuesta inmediata del Ejecutivo. “Son todas especulaciones. El Ejecutivo, lo único que tiene decidido en este aspecto es impulsar, promover, invitar a que se construya un acuerdo. No hay plan B”, sentenció Tohá, manteniendo el diseño de La Moneda y haciendo hincapié en que el objetivo es alcanzar un pacto.

Pero la actitud del gobierno no les ha gustado a todos. Esta semana el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, emplazó al ministro Álvaro Elizalde asegurando que tiene una “responsabilidad” en el proceso para buscar acuerdos.

El titular de la Segpres le respondió: “Hay que ser muy claro. El proceso está en marcha, por lo tanto la ciudadanía, cualquier persona, se va a formar su opinión una vez que conozca el texto. Dicho lo anterior, lo importante es insistir en el llamado que ha hecho el gobierno, para que el texto sea resultado de un proceso de diálogo”.