Proporción de migrantes en Chile aumenta siete veces en los últimos 30 años

1992. A dos años de la vuelta a la democracia, un nuevo censo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) daba cuenta que de los 13,3 millones de habitantes en el país un 0,8% correspondía a población migrante. Casi tres décadas después, esta proporción se multiplicaría por siete hasta llegar a un estimado de 7,5% en 2020.

“Si uno ve la evolución entre 1992 y el 2017, los inmigrantes subieron de menos de un 1% de la población total a un 4,4% –se multiplicó por cuatro–, pero seguía siendo una proporción pequeña. El salto importante se produjo entre el 2002 (1,3%) y el 2017 (4,4%), para llegar a su máximo el 2019 (7,6%)”, explica el director de Data Science de Unholster, Cristóbal Huneeus.

Este análisis está basado en información del Censo entre 1992 a 2017 –el más reciente, donde se contabilizaron 17,6 millones de habitantes–, y una suma del Censo y datos administrativos provenientes de Extranjería entre 2018 y 2020. Un ejercicio que se enmarca en el proyecto “Chile en 30 años: desde el regreso a la democracia al estallido en datos”, lanzado por Unholster en alianza con La Tercera.

La académica de la Universidad de Tarapacá e investigadora del COES, Carolina Stefoni, plantea que si bien este incremento en el flujo migratorio no es un hecho históricamente aislado en el país –ejemplifica que se vivió una situación similar después de la Guerra del Pacífico– lo novedoso es que se ha producido un “nuevo patrón migratorio” desde 1992, ya que “hay mayor diversidad en los flujos migratorios, países de procedencia, y también mayor heterogeneidad en los lugares donde llegan a vivir en Chile”.

Las razones para este incremento son diversas, comenta Stefoni, como las limitaciones para llegar a países del norte –como Estados Unidos–, el proceso de globalización y cambios en los mercados laborales, además de factores relacionados a crisis internas de los países. Aunque recalca que no es una realidad que ocurra sólo en Chile, si no que la migración ha crecido a nivel regional.

Por su parte, el exdirector del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval, advierte que los datos deben considerarse como un indicio tendencial más que material.

Los datos censales –explica– hablan de migración regular y la información de Extranjería a estimaciones que no abarcan totalmente a quienes ingresan de forma irregular. “Efectivamente hay un aumento de la migración según esa estimación, pero uno debe asumir que es superior como consecuencia del aumento de las condiciones que favorecen la migración irregular. Es decir, la estimación tiene un aporte en términos tendenciales, pero creo que subrepresenta el crecimiento de la población en términos materiales”, dice.

Otra de las conclusiones que arroja el análisis de los datos, explica Huneeus, es el cambio en la composición de población migrante. “Antes había una proporción de muchos más peruanos y después en la última llegada de extranjeros, tomaron más importancia los países más al norte de América Latina. En 2021, el 30% de los extranjeros en Chile eran venezolanos, y los que los seguían después eran los peruanos”, precisa.

En tanto, Stefoni ejemplifica que “en el norte ha habido flujo histórico de migrantes de Perú y Bolivia en Arica, Iquique y Antofagasta, pero lo nuevo en el norte –y si bien sigue habiendo migración boliviana y ha sido la primera mayoría durante muchísimos años- es que hay nuevos flujos migratorios que vienen de Colombia, de Venezuela o gente del norte de Perú”.

Con la discusión en torno a la crisis migratoria agudizándose en las últimas semanas, los expertos también analizaron las políticas empleadas en la materia.

A juicio de Saldoval, “una buena ley migratoria debería ser una carretera súper amplia, en donde caben tantos tipos de políticas migratorias como particularidades tienen las migraciones. Pero cuando identificas la política migratoria con la ley migratoria y, por lo tanto, haces la ley para resistir la llegada de migrantes en todo evento, no cuentas con herramientas para poder gestionar esos migrantes cuando finalmente ya están dentro”.

“El problema que tenemos hoy es que no contamos con herramientas institucionales y jurídicas que permitan gestionar una realidad que ya pasó”, agrega.

Stefoni concuerda que la implementación de medidas más restrictivas –que no detuvieron los ingresos irregulares– y la “desaparición” de una agenda que se hiciera cargo de la regularización han desembocado en la situación actual. “Es muy preocupante, porque en el fondo los flujos no se van a detener. Tenemos que adecuar las medidas a la realidad concreta de nuestra región, pero lo que hemos hecho, más bien, es pensar desde una lógica securitista la migración”.

En su opinión, es urgente integrar dos puntos: la regularización –tanto de quienes no han iniciado el proceso, como agilizar el trámite para aquellos que ya lo hicieron–, y desarrollar políticas que permitan una real inclusión.