Bruce Ackerman sigue siendo optimista sobre el proceso constitucional en Chile y advierte entre bromas, al final del diálogo con este diario, que si la Convención fracasa, “prometo que escribiré un artículo en The New York Times diciendo ‘Chile le ha fallado al mundo’”. Porque para el autor de We the people -texto de referencia entre los constitucionalistas-, el caso chileno puede ser un ejemplo en momentos en que los equilibrios globales están cambiando. “Basta pensar que dentro de 20 años vivirá más gente en India que en todo el mundo occidental”, dice.

Pero pese a su optimismo, el académico de la Universidad de Yale y uno de los constitucionalistas más reputados del planeta, alerta sobre algunos puntos que cree importante dejar bien establecidos en el texto constitucional. Según él, “la estructura básica que está saliendo del sistema político me parece absolutamente plausible, pero lo crucial es cómo diseñan el modelo para que funcione efectivamente”. Y aquí, agrega, “abordar el tema del estado de emergencia es clave”, porque “si no se hace bien, sus consecuencias pueden ser dramáticas”.

“El modelo político propuesto hasta ahora es básicamente el francés: un sistema presidencial, con una Cámara de Diputados y un Senado débil”, dice. Y precisamente en Francia se aprobó una reforma que modificó la forma de aplicar el estado de emergencia. “Un sistema que llamo ‘escalador supramayoritario’ y que traspasa paulatinamente la responsabilidad de renovar el estado de emergencia a la oposición”, dice Ackerman, al exigir al Presidente un quórum cada vez más alto en el Parlamento si quiere seguir restableciendo el estado de emergencia cada dos meses.

“La clave de una buena Constitución”, asegura el académico, “es un buen sistema de check and balance entre las ramas políticas del sistema institucional”. Y eso es lo que se logra en el caso del sistema que limita las facultades presidenciales para decretar estado de emergencia. “Las cortes cumplen un rol importante cuando les corresponde, como en casos de igualdad de género, pero no tienen nada que hacer en temas como el estado de emergencia”, dice. Aquí el asunto es político, y el problema es que, a veces, “confiamos demasiado en un check and balance judicial”.

Para reforzar ese objetivo, Ackerman agrega otras dos recomendaciones: la creación de una poderosa agencia anticorrupción y un adecuado manejo del tema indígena. Según él, “la parte crucial de una Constitución son las instituciones que crea, porque estas una vez que existen, tienen una vida propia”. Por eso, asegura, es clave crear una adecuada agencia independiente anticorrupción, cuya composición permita que no sea cooptada por intereses políticos. Y agrega: “Diferencias ideológicas siempre van a existir, pero son las instituciones las que nos permiten tener un lenguaje común”.

Y sobre el tema indígena asegura que el modelo de “Senado débil” o Cámara de las Regiones propuesto es un buen camino para proteger los derechos de ese grupo. Porque, asegura, ese “senado” -que según él no tiene que ver todos los temas- puede contar con facultades para de dilatar normas regionales propuestas por la Cámara Baja, que los indígenas consideren que ponen en riesgo sus intereses. Una idea, sugiere, es un veto suspensivo por seis meses que les dé la posibilidad de devolver la propuesta a los diputados para que la revisen. “Eso permite establecer una conversación política en el Congreso y eso es lo que se necesita”, dice.

Este profesor de derecho público de la Universidad para la Administración Pública de Sajonia de Meissen, Alemania, estuvo en enero pasado en Santiago, donde llevó a cabo una serie de reuniones con miembros de la Convención, académicos y otros representantes de la sociedad civil. .

“Respecto del Senado, hay un problema fundamental que también se puede encontrar en órganos parlamentarios similares en otros países: parece un Parlamento honorario de principios del siglo XIX, en cuya composición los senadores como personas juegan un papel más fuerte que los programas políticos o los temas regionales. La expresión más clara de ello fueron los cargos de senadores designados, que sólo se suprimieron con la reforma constitucional de 2005. En Chile, hasta la reforma constitucional de 2015, las circunscripciones rurales estaban desproporcionadamente representadas en relación con su población, lo que tenía consecuencias en la composición política del Senado”.

“Sin embargo, lo veo como una oportunidad para que un segundo órgano parlamentario de carácter regional tenga un fuerte efecto integrador; especialmente en un país tan diverso geográfica y paisajísticamente, pero también tan extenso como Chile. El requisito para este efecto integrador es que este órgano no repita las diferencias partidistas de la primera cámara para cada región, sino que agrupe los temas, problemas e intereses de la región respectiva y los introduzca como su postura en el proceso general de toma de decisiones a nivel nacional”.

Lanau también menciona la aprobación de derechos sociales. “Entiendo perfectamente las aspiraciones de los miembros de la Convención de dar al Estado chileno un papel más activo en el establecimiento y la garantía de unos estándares sociales mínimos para todos los ciudadanos. Ciertamente, una Constitución moderna se mide también por el hecho de que no sólo protege la libertad del individuo, sino que también le da la oportunidad de vivir con dignidad. Sin embargo, la adopción de una nueva Constitución no cambia necesariamente la realidad de los ciudadanos. Es tarea de la legislación promulgar las normas sobre derechos a prestaciones sociales concretas, así como adaptarlas constantemente a las circunstancias económicas, sociales, demográficas y de otro tipo”.

El abogado también se refiere a la extensión de la Carta Magna. “Un peligro que veo con los textos legales muy extensos, no sólo con la Constitución chilena, es la estrechez de las normas asociadas a ellos. La ley siempre tiene que hacer frente al problema de permitir que se tomen decisiones sobre hechos que aún no se conocen en el momento de aprobar la ley respectiva. Una Constitución con la que se formula cada tarea social futura de forma vinculante, con la que se debe resolver cada conflicto político con previsión, es rápidamente superada por la realidad y, en consecuencia, pierde legitimidad”, indica.

A pesar de que Ralf Lanau regresó a Alemania hace varios meses, aún sigue monitoreando a distancia los debates de la Convención, entre estos, el aumento de la distancia de un número importante de chilenos respecto del proceso constituyente, incluido el ascenso de la opción Rechazo. “Por mucho que pueda entender la posición de quienes han luchado por el proceso de redacción de una nueva Constitución y ahora quieren anclar en ella objetivos políticos concretos, una Constitución debe, ante todo, establecer un marco institucional y de procedimiento para los futuros procesos de negociación política que goce de la suficiente aceptación como para que los resultados basados en ella puedan ser respetados también por las minorías políticas”, concluye.

El trabajo de este profesor de derecho constitucional se ha centrado en el diseño y la teoría constitucional. Actualmente se encuentra en Chile, invitado por la Universidad Adolfo Ibáñez, para observar el proceso constituyente. “Creo que es un proceso muy interesante, en el sentido de que todo lo que se está haciendo es desde una perspectiva legal y utilizando las opciones que ya existen”, indica.

Landau también ha puesto interés en la eliminación del Senado. “Si miramos el mundo desde una perspectiva comparada, hay otros ejemplos en los que una Cámara Alta tiene menos poder. Ese es el tipo de modelo asimétrico. Lo importante es que se continúe con la separación de poderes y creo que aunque el tema aún no se encuentra definido, tengo la impresión de que eso va a seguir en el modelo de la nueva Constitución. Aunque se cambie el nombre, probablemente va a ser una Cámara Alta con poderes eficientes”, apunta.

El académico también se ha concentrado en observar el debate sobre los derechos fundamentales. “Creo que es un avance tener una lista más completa de derechos sociales, aunque es necesario pensar cómo se pueden hacer efectivos. Y eso requiere un proceso, porque si miramos la doctrina internacional de Derechos Humanos y si miramos la experiencia de otros países en la región, la gente no va a gozar plenamente y totalmente ese tipo de derechos el día o el año después del referendo. Creo que es importante que la gente de la Convención y la sociedad, y el sistema político chileno, piensen en cuáles van a ser las rutas efectivas de esos derechos nuevos, porque no basta solamente en incluirlos en la Constitución”.

Respecto de los sondeos de cara al plebiscito, Landau señala que “si existe un resultado estrecho eso tendría un efecto en la legitimidad. Creo que es mejor pensar en esto como un proceso, en el que después del referendo viene la implementación y en cada fase hay actores diferentes haciendo una intervención en el proceso”, sostiene.

El abogado y académico de la Universidad Autónoma de México Jaime Cárdenas arribó a Chile el pasado 5 de marzo para realizar un estudio de campo en la Convención Constitucional. Cárdenas, que ha estudiado los procesos constituyentes en otros países, participó en 2006 como asesor externo en la nueva Constitución de Bolivia, de carácter plurinacional y promulgada en 2009, durante el mandato de Evo Morales.

Durante las dos primeras semanas de marzo, en las que Cárdenas visitó la Convención, el trabajo estuvo concentrado principalmente en las siete comisiones. Por lo mismo, entre los aspectos que más llamaron la atención de este abogado mexicano fue lo que describe como “la poca negociación entre los convencionales”.

“No vi un sentido de partido o de cuerpo para negociar las reformas, los cambios. Me di cuenta de que los miembros de una comisión sabían solamente de temas que les eran de su competencia, pero no estaban al tanto de los temas de las otras comisiones. No hablaban mucho entre ellos”, cuenta Cárdenas.

Gracias al estudio de otros procesos constituyentes en América Latina, este constitucionalista describe como algo bien particular el trabajo de los convencionales independientes: “Los convencionales que forman parte de algún partido político o de una coalición obedecen a una disciplina partidista que no existe en los independientes. Entonces, esa falta de doctrina complica la negociación y el consenso”.

Tras su paso por Chile, la idea de Cárdenas es escribir un libro, cuyo título tentativo es El proceso constituyente chileno, lecciones para México. “Pienso, eso sí, que habrá una votación muy dividida, porque la sociedad chilena está fracturada. Vemos un sector que está reacio y crítico con la Convención y también el otro muy radical, que quiere transformaciones muy grandes”, proyecta Cárdenas.

Rubén Martínez, abogado constitucionalista español, observó de cerca el trabajo de la Convención entre fines de marzo y la primera parte de abril, “en el período más álgido”, según él. En el marco de una investigación en curso, Martínez acudió con regularidad a la Convención.

El académico de la U. de Valencia da cuenta de dos factores que, a su juicio, retrasaron el proceso: los convencionales que provienen de los movimientos sociales y los dos tercios en las votaciones. “Los constituyentes que provienen de movimientos sociales pasaron por un proceso de adaptación que no ha sido fácil, ya que no tienen experiencia partidista y eso, desde luego, consumió una parte importante del tiempo que al fin y al cabo se restó en la elaboración del texto. Una segunda dificultad está en tomar decisiones con los 2/3, ya que tienes que llegar a generar más acuerdo y eso implica una mayor ambigüedad en la toma de decisiones”, plantea.

Sin embargo, Martínez dice que “los dos tercios tienen la contraparte positiva de que eso genera más consenso y nadie en la Convención Constituyente puede decir que no ha sido escuchado o que no ha podido intervenir de manera decisoria”.

“Si bien el proceso chileno comparte similitudes con otros en América Latina y el mundo, tiene cosas que son muy propias. Por ejemplo, no tuvo a un gobierno presente (como articulador), como lo fue el caso de Ecuador o Bolivia, donde las autoridades de gobierno dieron forma a este proceso”, concluye.

Desde Argentina, el constitucionalista Roberto Gargarella ha observado a distancia, pero de forma permanente, el proceso constituyente. Este abogado dice que “las veces que me presenté ante las comisiones les dije del riesgo de que entren en su propia dinámica y abandonen los puentes con la sociedad civil”.

“Hay gente muy preparada académica y políticamente en la Convención, pero eso no basta. La Constitución tiene que ser una expresión de la ciudadanía, y si no lo consiguen, entonces la gente con toda la razón del mundo la rechazará. Sería bueno que tomen nota de eso”, concluye.