Queja oficialista por reforma política escala a la Presidencia

Un proyecto propio o una indicación sustitutiva que modifique la propuesta de un grupo transversal de senadores son las dos alternativas que baraja La Moneda para subirse a la reforma política que busca mejorar la gobernabilidad y revertir la fragmentación del Congreso.

Ambas ideas son parte del diseño del gobierno para tratar de encauzar la tensión que provoca este cambio al sistema político y electoral en sectores de la alianza gubernamental.

Este tema fue conversado, en la habitual reunión de los viernes, entre el jefe de asesores de la Presidencia de la República, el sociólogo Miguel Crispi (Frente Amplio), y los representantes de partidos del oficialismo, algunos de los cuales estaban molestos por la presentación de esta reforma, impulsada por el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS), quien supuestamente estaba actuando en sintonía con La Moneda.

De hecho, al inicio del encuentro, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, le preguntó directamente a Crispi si este proyecto “¿fue o no una coordinación entre el ministro Álvaro Elizalde, el PS y el PPD?”.

“No”, fue la respuesta del jefe de los asesores del Presidente Gabriel Boric, tratando de apaciguar las quejas. Además, Crispi les ratificó a los presentes que el Ejecutivo, por medio del secretario de Estado socialista, seguirá buscando un diseño conjunto, entre todos los partidos, para enfrentar la crisis del sistema político.

El desafío de cambiar el sistema político había sido asumido por el propio Presidente Boric meses atrás, en un discurso ante Enade, el 25 de abril, que luego fue refrendado en su cuenta pública el 1 de junio ante el Congreso pleno. Fue en esta última ocasión en la que el Mandatario le encomendó al ministro secretario general de la Presidencia “construir un acuerdo” en torno a esta iniciativa, que buscaría evitar “la fragmentación” y fortalecer “la democracia”, pero “sin sacrificar representatividad”.

El problema es que, a seis meses de aquel anuncio, los senadores se adelantaron y presentaron una reforma “acotada”, en línea con los objetivos que se propuso La Moneda. De hecho, hasta esta semana se suponía que los autores de esta iniciativa también estaban coordinados con Elizalde.

Prueba de ello es que el propio De Urresti accedió a congelar la presentación del proyecto hasta después de los comicios regionales y municipales, a partir de una petición que le hizo Boric para no alterar el clima político en medio del proceso eleccionario.

No obstante, una vez ingresada la reforma y en vista de la crispación que generó el tema, Elizalde se desmarcó de esa acción y el mismo Crispi tuvo que dar explicaciones a los partidos de que el gobierno no estaba detrás de esa iniciativa parlamentaria.

Esta reforma constitucional de los senadores De Urresti (PS), Rodrigo Galilea (presidente de RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Gastón Saavedra (PS) propone básicamente dos temas nuevos: la disolución de partidos que logren menos del 5% de los votos o tengan menos de ocho parlamentarios y la pérdida del escaño del legislador que renuncie a su partido o se cambie de comité legislativo. Además, se consagran otros puntos ya establecidos en la ley: el mandato al Servicio Electoral para actualizar el número de diputados en cada distrito cada 10 años y la prohibición de hacer pactos entre independientes (fórmula que solo se ha aplicado en el primer proceso constituyente).

Aunque el texto recogía los objetivos planteados por Boric, la falta de comunicación y el cruce de intereses electorales y políticos provocaron una rebelión en algunas tiendas oficialistas.

“Llama la atención que habiendo un trabajo de diálogo desde el gobierno nazca una iniciativa en paralelo. Hubiese preferido que se hiciera en el trabajo conjunto que se estaba haciendo desde el gobierno”, dijo, por ejemplo, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, tras la reunión con Crispi.

Esta rebelión, además, se amplificó en la Cámara de Diputados, donde a diferencia del Senado, hay profundos reparos a cualquier intento de robustecer las órdenes de partido. Los diputados socialistas fueron los más críticos en este punto.

Además, legisladores de Acción Humanista (AH) y la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) acusaron un ánimo antidemocrático, debido a que la reforma pondría en riesgo la supervivencia de colectividades nuevas y, en general, de cualquier partido “chico”, incluyendo a tiendas tradicionales que ya no tienen el mismo peso electoral, como los radicales y la DC.

Incluso, si se aplicara hoy el umbral de 5% de los votos en elección de diputados o el mínimo de ocho legisladores, solo cuatro de las ocho tiendas de la alianza gubernamental pasarían la prueba: el Frente Amplio, el PS, el PC y el PPD. Por su parte, los radicales, los liberales, además del FREVS y AH serían disueltos, salvo que accedan a fusionarse con otras colectividades.

Al margen del ruido que provocó la presentación de esta reforma, en general, en los partidos hay conciencia de que la ventana para tramitar posibles ajustes al sistema partidario, parlamentario y electoral es breve.

De hecho, la decisión de este grupo de senadores de presentar esta iniciativa esta semana obedecía a esa premura para tratar de lograr un acuerdo a más tardar en marzo del próximo año, antes de que se desencadene una nueva carrera eleccionaria.

Si bien estas propuestas molestaron especialmente a los diputados, lejos de inhibirse el ánimo reformista, legisladores y partidos abrieron una lista de deseos de lo que debiera contener un cambio al sistema político.

El problema es que estas exigencias solo añaden más dudas de si será posible congeniar los intereses en juego en poco tiempo.

Por ejemplo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, dijo que la reforma política debería incluir “la iniciativa popular de ley y realización más regular de plebiscitos”. Uno de los objetivos que se propusieron los comunistas, que apoyan la pérdida del escaño, es aprovechar esta ventana para aumentar la participación.

En tanto, el jefe de diputados del PS, Daniel Melo, a nombre de su comité, ha exigido que se restrinja el sufragio de extranjeros.

Por otra parte, a contrapelo de lo que propugnan sus diputados, los senadores socialistas tienen otro objetivo detrás. Si bien el proyecto no lo explicita, la idea de los representantes del PS en la Cámara Alta es avanzar hacia un modelo de órdenes de partido.

La idea de consagrar las órdenes de partido también agrada a las directivas de RN y la UDI, que en el pasado han sufrido por el discolaje de sus parlamentarios.

Dado el impacto que tendría esta reforma en partidos chicos, una fórmula que corre con fuerza es legislar en torno a las federaciones de partidos.

Esta figura ha sido defendida especialmente por el diputado Jaime Mulet (FREVS), quien presentó un proyecto que permite a ciertas colectividades con afinidad ideológica y de intereses fusionarse a través de federaciones para poder seguir subsistiendo.

La idea de terminar con la fragmentación también es compartida en la DC y el Frente Amplio. Sin embargo, en estos dos partidos creen que la fórmula no pasa por fijar un umbral de un 5% de los votos.

En cambio, proponen eliminar los pactos electorales, con el fin de que cada partido corra solo en las elecciones.

En la derecha, en tanto, quedó dando vueltas la idea de reducir el número de diputados.

Actualmente son 155 los miembros de la Cámara Baja, lo que también ha acentuado la fragmentación. Hay bancadas como los republicanos que han puesto ese tema como condición para apoyar esta reforma.

Por su parte, los senadores y diputados de Demócratas pusieron como condición para apoyar una reforma constitucional acelerar en forma paralela la tramitación del proyecto que refuerza el voto obligatorio.