Quién es quién en la negociación constitucional

Un discurso en público y otro en privado. Así lo han hecho, en una especie de juego de máscaras, los principales dirigentes que están sentados en la mesa negociadora para llegar a un nuevo acuerdo constitucional, tras el fracaso del trabajo de la extinta Convención que terminó sepultado con un contundente triunfo del Rechazo.

En casi tres meses de tratativas, los partidos políticos han alcanzado consensos en dos materias: los denominados bordes constitucionales y el árbitro que resguarde su cumplimiento. Sin embargo, las colectividades llevan días entrampadas en lo que han calificado como lo más relevante: la composición del órgano redactor y su sistema de elección.

Así, este martes se insistió en cuatro propuestas sobre la mesa. La de la oposición, que planteó un órgano elegido de 50 personas, con el mismo sistema electoral que el de los senadores; la de los Demócratas (partido en formación), que proponen un organismo integrado por 60 personas; la del oficialismo, que establece que sea un órgano 100% elegido, con 99 representantes, nueve de ellos para escaños reservados, y la de Amarillos x Chile, que planteó un organismo 100% designado. Esta última colectividad ayer reculó y se mostró favorable a un órgano mixto. “Es una buena solución integrar los expertos y los integrantes elegidos en elecciones”, dijo Zarko Luksic.

Sin embargo, la primera jugada de Amarillos sinceró lo que varios, de manera transversal, vienen conversando hace semanas: la posibilidad de que el acuerdo termine en un órgano redactor 100% desginado o, en su defecto, mixto.

El tema removió las aguas y provocó que varios en Chile Vamos salieran a sincerar sus posturas, mientras que complicó a los partidos de gobierno, los cuales comenzaron a desordenarse y no han logrado mantener entre todos sus dirigentes su propuesta para que el organismo sea en su totalidad electo.

El Presidente Gabriel Boric, incluso -quien ha estado monitoreando el tema y conversando con algunos de los que llevan adelante las negociaciones-, reafirmó su postura en favor de que la nueva Convención sea elegida.

En medio del desorden, los partidos de gobierno se reunieron ayer -de forma telemática- para seguir discutiendo el acuerdo constitucional, el que todavía aspiran se selle en noviembre.

Según testigos del encuentro, no consensuaron nada nuevo. En una parte de la cita, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, comentó a sus pares sobre una entrevista que concedió a La Segunda, en la que señaló su voluntad de mover el calendario electoral en caso de que sea un órgano electo. Fue ahí cuando planteó que los comicios no sean en marzo y se muevan para octubre o septiembre.

Hasta ahora esa idea no cuenta con piso en el resto de las colectividades del oficialismo debido a que nadie quiere correr el riesgo de que esas elecciones coincidan con otros hitos electorales, como las municipales.

En este contexto -y cuando está sobre la mesa la idea de hacer la próxima semana un cónclave hasta “total despacho”-, cada dirigente que forma parte de las tratativas tiene su propia agenda.

Para la UDI, participar de la mesa negociadora es puro costo. El timonel gremialista, Javier Macaya, lo sabe. Pese a eso, es uno de los más comprometidos con que el acuerdo termine bien y se habilite un proceso constituyente 2.0.

El senador -que es apoyado por el diputado Guillermo Ramírez- suele dirigir sus intervenciones en dos líneas. Por un lado, entrega señales a las bases duras de la UDI y, por otro, trata de tender puentes con el oficialismo. Macaya sabe que su éxito pasa por lograr un órgano totalmente distinto a lo que fue la Convención.

Eso sería celebrado en su partido, algo distinto podría repercutir en su liderazgo al interior de la tienda. Por eso, es uno de los senadores que han participado de las gestiones privadas para que el órgano redactor sea 100% designado por el Congreso. Macaya no quiere elecciones, y junto con ganar tiempo, está tratando de empujar el acuerdo hacia allá, topándose con fuertes resistencias.

El secretario general de RN, Diego Schalper, es quien lidera a su partido en la negociación constitucional en dupla con el timonel de la tienda, Francisco Chahuán. La batalla de Schalper más relevante fue la que tuvo con la redacción de los denominados bordes.

El parlamentario tenía claro que había que cerrarle la puerta a un nuevo intento refundacional. Por eso, fue de las voces más duras de la derecha en plantear que lo primero que había que resolver eran los bordes del proceso. Así fue como Schalper redactó una propuesta.

Luego, el viernes 7 de octubre el listado de 12 bases institucionales salió de su puño y letra, como resultado de una ardua negociación con el oficialismo. A Schalper los partidos de gobierno lo reconocen como “un cuadro político”, por lo que sus posturas son ideológicamente sólidas y, por lo tanto, con él, dicen, es fácil negociar.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, ha enfrentado esta negociación dando señales contradictorias. En público, su postura ha sido una sola. Cuando se le pregunta por el tipo de órgano, ella dice que el comité central del PS defiende un órgano 100% electo y que esa es la postura de la alianza de gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo, va moviendo la aguja en otra dirección.

A mediados de octubre fue la primera dirigenta oficialista que se abrió a un órgano mixto. Desde ahí hasta ahora, la timonel socialista también ha sido parte de las gestiones de algunos senadores oficialistas para que el órgano sea 100% designado, pero siempre en segundo plano. Además, Vodanovic ha reconocido que si el acuerdo termina sin elecciones, se tendría que analizar “de qué forma participa la ciudadanía”. En medio de todos estos vaivenes, ayer llamó a sus filas a “obedecer” y cuadrarse con la postura oficial.

En una encrucijada. Ese es el escenario que enfrenta el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, en esta negociación. Pese a que el senador necesita contener las bases más de izquierda de su partido, ha sido el dirigente de Apruebo Dignidad (AD) que más señales de apertura ha dado.

Partió diciéndolo en Tolerancia Cero el día del cónclave oficialista (el 7 de noviembre) y luego lo profundizó con La Tercera. El senador sabe que el órgano 100% pierde viabilidad política, por lo tanto, ha dicho que hay que flexibilizarse y explorar mecanismos mixtos.

Latorre aún guarda la esperanza de que se puede crear un órgano que mezcle convencionales y expertos electos en urnas si se exploran fórmulas electorales novedosas. Pese a que ha conversado con los senadores que quieren un órgano 100% designado, Latorre, dicen, no está convencido de dar ese salto. El costo para él en su sector podría ser muy alto.

El diputado Diego Ibáñez es el presidente de Convergencia Social, el partido del Mandatario Gabriel Boric. Por eso, cuando habla, el resto asume que sus palabras fueron coordinadas con Boric. El parlamentario es el principal dirigente de Apruebo Dignidad que sigue insistiendo en defender la idea de un órgano 100% electo.

El resto de los partidos de la alianza de gobierno, incluido RD, ya han reconocido en público que están dispuestos a avanzar hacia un órgano mixto. Ibáñez no y no lo hará. Ha pedido a su sector mantenerse “estoicos” en esa postura.

Semanas atrás -cuando el PPD propuso tener un órgano de 78 escaños y bajarse de los 100 propuestos por el oficialismo-, Ibáñez se enojó. Junto con que sea 100% electo, quiere que sea lo más grande posible y los escaños bordeen los 100. Ayer, en un Zoom con el oficialismo, se mostró abierto a aplazar las elecciones y moverlas desde marzo para octubre.

En Socialismo Democrático (SD) la mayoría de sus dirigentes, sobre todo en el PS, dicen que la timonel del PPD, Natalia Piergentili, es la que más defiende las elecciones para elegir a los futuros convencionales. Esa ha sido la única postura que ella ha defendido. Por eso, su partido propuso un órgano electo de 78 personas. Piergentili es reconocida como una de las negociadoras más flexibles.

Pese a que defiende los comicios para elegir a los redactores de la nueva propuesta constitucional, repite una y otra vez que el oficialismo no debe enamorarse de sus ideas. En el último tiempo su puesto ha sido utilizado por el exministro Jorge Insunza, pero ella no ha soltado el tema.

Es de la idea de que es insólito que los partidos de su coalición les tengan miedo a las elecciones y, a diferencia de Apruebo Dignidad, está dispuesta a ceder los escaños que sean necesarios para lograr acuerdo con Chile Vamos.

El PC es el partido más duro en sus posturas. El encargado de negociar es su timonel, Guillermo Teillier, pero ha tomado protagonismo la senadora Claudia Pascual. Ambos han abordado las tratativas de forma pragmática. Participaron de la redacción de los bordes, cedieron en varios puntos, pero Teillier dice que valió la pena, porque ganaron el Estado social y democrático de derecho.

Pese a que Pascual es quien se sienta en la mesa negociadora, es Teillier el encargado de mandar las señales. Acusó que el proceso está “estancado por una derecha que quiere ganarlas todas”. También criticó la opción de que el órgano sea designado por el Congreso, ya que eso transformaría el proceso en una reforma constitucional y que se parecería a lo realizado por la dictadura.

Últimamente el PC tomó distancia del acuerdo y al oficialismo no le sorprendería que opte por no firmar, como lo hicieron en 2019. Eso, en todo caso, abriría una crisis impensada, creen algunos, para el gobierno.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), ha tomado el liderazgo para coordinar a los negociadores convocando a las reuniones e incluso gestiona los espacios de la Cámara Alta. Varios dirigentes oficialistas y de oposición destacan que en un inicio Elizalde asumió un rol de articulador.

Sin embargo, en el último tiempo son varias las fuentes oficialistas que lo indican como el principal artífice de las tratativas privadas de los senadores para que el acuerdo termine con un órgano de expertos designados por el Congreso.

Pese a que Elizalde lo niega, desde su mismo partido se han encargado de enfrentarlo. El secretario general del PS, Camilo Escalona, lo hizo en la comisión política del PS y en la mesa negociadora. Escalona le advirtió que no había piso para un órgano que no fuera democráticamente electo y que si insistía en su jugada quebraría al PS.