Hoy se cumplen tres años de las intoxicaciones masivas que vivieron cientos de habitantes de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso. Y Manuel Pizarro, residente de la zona y director de la ONG Red Infancia Chile, lo recuerda bien.

Era el 21 de agosto de 2018 y, de un minuto a otro, su hijo Máximo, de un año y medio, dejó de respirar. “Tenía los labios morados. Lo llevamos al hospital de acá (Quintero), pero nadie sabía qué hacer. En ambulancia lo trasladaron a Viña del Mar y allá estuvo cinco días hospitalizado, pero nunca se aclaró la razón”, cuenta Pizarro.

Dos días después lo llamaron desde el colegio de Vicente (5), su hijo mayor, para que fuera a retirarlo. “Los niños estaban desmayándose. Mi hijo no sentía las piernas y tenía el corazón acelerado”, agrega.

La escena se repitió, simultáneamente, en liceos, escuelas y viviendas del área. En cosa de minutos, la urgencia de Quintero y otros hospitales cercanos colapsaban por decenas de personas que acusaban dolores de cabeza, mareos, vómitos y otras molestias.

En total se registraron 1.771 consultas por síntomas de intoxicación entre el 21 de agosto y el 28 de noviembre de 2018. Estas comenzaron a descender, dicen desde el gobierno, tras dictarse una alerta sanitaria que obligó a las 15 empresas del cordón industrial a cesar sus operaciones. El entonces seremi de Salud, Francisco Álvarez, dice que “cuando ocurrió el evento, el sistema de prevención no era el más adecuado”.

Por lo ocurrido, la fiscalía ha formalizado a seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y a un contratista. Las diligencias continúan, en una indagatoria que tiene plazo hasta el 27 de octubre. Pero ¿qué fue, exactamente, lo que ocurrió en ambas comunas? Eso sigue siendo una incógnita.

Desde el gobierno se anunciaron ocho compromisos para evitar nuevos episodios de intoxicaciones masivas. De ellos, dos se concretaron, cinco están incompletos y uno no ha tenido avances.

Lo primero fue un plan de descontaminación, que fue presentado en los tres meses siguientes y que entró a regir en marzo de 2019. Esta normativa, que limita las emisiones de material particulado (MP), y busca disminuir su cantidad en cinco años, también pone un techo a las emisiones a Codelco, AES Gener y la Enap, entre otras, para óxidos de nitrógeno (NOx) y SO2.

Según el Ministerio del Medio Ambiente, su implementación redujo más de 85% los eventos de contaminación por concentraciones horarias de dióxido de azufre (SO2) en el territorio. “Queda mucho trabajo por hacer, pero los resultados ratifican que vamos en la dirección correcta”, dice la seremi de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri.

Un segundo anuncio concretado fue la norma horaria de SO2, que entró en vigencia en mayo de 2019 para “proteger la salud de las personas” de los efectos agudos y crónicos generados por la exposición a SO2. Eso sí, durante los tres primeros años de implementación, permite superar la norma 133 veces a lo largo de 12 meses.

La herramienta establece eventos de alerta, preemergencia y emergencia cuando la concentración de este gas sobrepasa los límites. Y desde su implementación los eventos por SO2 han bajado: en 2019 hubo 21 alertas, cinco preemergencias y dos emergencias y este año, a la fecha, van solo tres alertas.

Un tercer compromiso materializado con matices fue la ampliación de la red de agua potable, para evitar el uso de “pozos contaminados con arsénico”, como advirtió el gobierno. Al respecto, el Ministerio de Obras Públicas informó que, en estos tres años, en Quintero y Puchuncaví se mejoraron sistemas de agua potable rural, “construyendo fuentes a mayor profundidad, ampliando redes e interconectando las fuentes de la sanitaria Esval”, y aclaró que “ninguna de las fuentes de los Sistemas Sanitarios Rurales han tenido presencia de arsénico”.

Pese a ello, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales (ind-RN) dice que “gran parte de la comuna no tiene alcantarillado y un alto porcentaje de los sectores rurales no tiene acceso a agua potable”.

También se anunció un plan piloto para medir los efectos de la contaminación en los habitantes, a través de exámenes clínicos y toxicológicos, los que están pendientes. Otro compromiso fue una dotación de médicos especialistas y una red de oxígeno para el Hospital de Quintero, “que todavía no llega”, acusa María Araya, presidenta del consejo consultivo de salud del hospital.

Eso sí, poscrisis, el hospital sumó dos pediatras, un ginecólogo, una neuróloga infantil, dos endodoncistas y un especialista en periodoncia. El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota también construyó nueve boxes para el consultorio del hospital, amplió su farmacia, cambió la techumbre y formó un equipo de vigilancia epidemiológica.

Otro pendiente es el sistema “independiente de medición de la calidad del agua, del aire y del suelo, para no depender de las mediciones que hacen las propias empresas”, que comprometió el Presidente Sebastián Piñera, en la oportunidad. Y si bien la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo que toda la red de estaciones pasaría a supervisión directa del Estado, la jefa de la división jurídica del MMA, Paulina Sandoval, informó vía Ley de Transparencia que “las empresas dueñas de cada estación seguirán a cargo de la mantención y financiamiento de las estaciones”, en un oficio enviado a Andrés León, presidente de la ONG Dunas de Ritoque, en junio pasado.

“Eso significa que las mediciones son hechas por los operadores de las estaciones, contratados por las empresas, que luego informan de sus resultados al Estado. Eso es una autorregulación”, explica León.

El perfeccionamiento de esa red -otro compromiso- tampoco se ha realizado, aunque el rediseño ya fue elaborado y está en proceso de licitación. Y para la medición de calidad del agua, el MMA dijo que está elaborando una norma secundaria que aplicará a la bahía de Quintero. Sin embargo, en lo referido a la medición de calidad de suelo, no hubo respuesta.

Un octavo compromiso fue “congelar” las 754 hectáreas del parque industrial para que no se instalen nuevas empresas. Pero no sucedió. Aunque el Ministerio de Vivienda inició estudios para modificar el Plan Regulador y cambiar el uso de suelo de actividades peligrosas a inofensivas, no ha congelado los permisos. Desde el 2018, el Servicio de Evaluación Ambiental ha aprobado siete proyectos nuevos en Quintero y Puchuncaví. Y otros seis están en trámite.