En unos meses más el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, cumplirá 50 años. La mitad de su vida ha estado vinculado al organismo que ahora preside.
Llegó al CDE el año 2000. Era un joven recién titulado que dejó la capital para instalarse en Punta Arenas y partir trabajando como abogado litigante, en el grado más bajo de la institución. Entre medio se fue a doctorar a España y luego volvió al departamento de estudios de la institución. El tiempo lo transformó en asesor del comité contencioso administrativo, su especialidad, y en 2017 la expresidenta Michelle Bachelet lo nombró consejero.
Letelier suele tener un bajo perfil, pero presidir el CDE lo obligó a pasar a la primera línea. Este jueves tuvo su primera cuenta pública como presidente. En esta entrevista responde los cuestionamientos que ha recibido por parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y también aborda los puntos más relevantes de su primer año de gestión.
Hace unas semanas fue protagonista de un enfrentamiento iniciado por Jadue, luego de que el CDE se querellara en su contra. ¿Qué le parecieron esas críticas?
Yo represento al CDE. Lo que comunico, lo comunico en nombre del consejo. No es que sea yo el que está haciéndole una imputación al alcalde Jadue, sino que es el consejo el que ha revisado ese tipo de antecedentes, ha observado la comisión de conductas ilícitas y, por lo tanto, decide interponer una querella en su contra. Yo entiendo que él personaliza en mí esta idea de prejuzgamiento. Y claro, eso es desafortunado. El consejo es un órgano colegiado que toma decisiones colegiadas. La propia idea de colegialidad hace que la decisión sea mucho más técnica.
El alcalde dijo: “Esta es una operación y el caballero es del Frente Amplio (FA)”. ¿Cómo recibe una acusación de ese tipo contra quien preside el CDE?
Yo observo algunas de esas palabras como propias de una persona que está disgustada por una querella. Eso es algo que sucede con cierta frecuencia en el consejo. No es un hecho aislado.
¿Tiene vinculación con el FA?
Yo he sido asesor del FA en el proceso constituyente, por ejemplo. Conozco mucha gente ahí. No puedo negar el hecho de que he sido asesor del FA, pero yo soy el presidente de un órgano colegiado. Es decir, no tomo decisiones exclusivas mías. Las decisiones jurídicas del consejo son decisiones colegiadas. Asignarle la responsabilidad de la decisión solo a una persona que se movería por un interés político, yo creo que son expresiones desafortunadas.
¿Cómo concilia estos ataques considerando la composición del consejo, que mezcla consejeros de carrera y otros cuya naturaleza es más política?
En toda su historia los consejeros han tenido una composición plural que mezcla elementos de carrera funcionaria y también mezcla abogados de relevancia nacional que en algunos casos pueden estar vinculados a ideologías políticas. Es algo con lo cual convivimos y aceptamos.
Esta pluralidad entre consejeros de carrera y otros más políticos, ¿es una riqueza o un problema?
Es completamente positivo. La manera en cómo personas distintas miran nuestros casos jurídicos solo enriquece al CDE. Perfiles de una vida de mayor dedicación política también aportan mucho a nuestras estrategias legales.
¿Cómo ha sido su primer año presidiendo el CDE?
El CDE es un servicio en el cual van cambiando sus presidentes, pero el consejo como tal tiene una estabilidad alta. Eso quiere decir que los criterios jurídicos que tenemos, la manera en cómo enfrentamos nuestros casos, es más o menos la misma desde hace mucho tiempo. Hay defensas que venimos haciendo desde toda la vida. Eso quise mostrar en esta cuenta pública; es decir, la total estabilidad de su doctrina jurídica.
¿Cuáles son las ganancias o las victorias más destacables de este último año?
Hay una importante línea jurídica de trabajo en el ámbito penal que es la idea de la administración desleal. Esta es una cosa que venimos haciendo hace años, y ahora vemos algunos de esos frutos al mostrar que el delito de fraude al Fisco tiene particularidades distintas a otros tipos de defraudaciones. Las defraudaciones, diríamos privadas, se vinculan con el delito de estafa, el cual tiene una fisonomía que sirve en esos delitos privados donde una persona engaña a otra y ese engaño tiene un efecto. Pero en el ámbito público eso no funciona así, ya que lo normal es que las defraudaciones se generen desde dentro. Eso exige que la manera en que nosotros entendemos el fraude al Fisco deba ser distinta de la manera en como se entienden los fraudes privados. Eso que la doctrina llama administración desleal lo hemos traducido a situaciones en las que hay un incumplimiento doloso de obligaciones funcionarias, unido al perjuicio al erario fiscal.
A propósito de ganancias, a inicios de año el CDE lanzó la Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso. ¿De qué se trata esa instancia?
Esta es una unidad que existía antes como la Unidad Especializada en Asuntos Municipales, creada en 2021. Ahora la potenciamos, colocamos nuevos perfiles de personas y la transformamos en una unidad interdisciplinaria, porque no solo hay abogados, sino que también personas que aportan con perspectiva financiera, de auditoría. En enero de este año le dimos el cariz de no solo ver el mundo municipal, sino que también ver corrupción de alta complejidad.
¿Cuál será su objetivo?
Ante delitos de corrupción cada vez más complejos, quisimos armar esta unidad para entender mejor los patrones. Su función es apoyar a los abogados en mirar mejor los casos de corrupción.
¿Cómo ve la proliferación de casos de corrupción municipal?
Eso tiene dos líneas de respuesta. La primera es que es bueno que tengamos mayores conocimientos de esos hechos. Revela un Estado que está funcionando, que logra detectar esos ilícitos. Pero, por otro lado, también es lamentable que tengamos todos estos procesos abiertos, que haya ilícitos vinculados a la corrupción con tanta vinculación a muchas municipalidades. Eso revela que hay problemas de control al interior de la propia municipalidad.
¿Qué está pasando con los controles para evitar estos delitos?
Los controles municipales internos son frágiles. La carrera funcionaria en materia municipal también ha sido frágil y eso ha deteriorado mucho los controles internos. Además la propia autonomía municipal, garantizada en la Constitución, ha blindado esa fragilidad.
Le tocó defender, a nombre del CDE, la legalidad de los indultos otorgados por el Presidente. Le fue bien y el TC descartó vicios de juridicidad. Despejado eso, ¿qué le parece que ese tipo de actos del Ejecutivo se vean envueltos en desprolijidades?
Los indultos son un acto político reglado legal y constitucionalmente. Es habitual que en esas evaluaciones existan puntos de vista contrapuestos, lo que sucedió en este caso. El hecho de que lo hayamos abordado jurídicamente y se haya descartado todo vicio de juridicidad es lo que nos compete como CDE. Otro tipo de valoraciones es bueno se produzcan en el ámbito correcto.
¿Por qué el CDE se querelló contra el exdirector de la PDI y tomó una decisión distinta con el general director de Carabineros?
Que hayamos tomado una decisión distinta en esos casos revela que son casos diversos y diametralmente distintos. En el caso del exdirector de la PDI, la rápida decisión de querellarse se explica por la constatación de un hecho que es la develación de secretos, la cual es extremadamente patente. El envío de un whatsapp con un documento secreto muestra que están todos los hechos que configuran el delito. Desde luego vendrán otras pruebas que podrán acreditar más esto, pero ya tenemos una prueba indudable sobre lo que se hace. Eso permite reaccionar tan rápido. Ese delito está mucho más configurado y además es un delito grave. En el caso de las altas autoridades, quienes están en el último lugar, es incluso mucho más grave porque no hay posibilidades de control. Los controles son mucho más defectuosos cuando los que actúan son los que están muy arriba. Por eso es que es necesario, en altas autoridades, reaccionar rápido y con fuerza.
¿Y en el caso del general Yáñez?
Es distinto. El tipo de delito que se le imputa es un delito omisivo, que en general son delitos muy excepcionales en el sistema jurídico. La mayoría de los delitos son delitos de acción. Entonces los delitos de omisión son vistos con mucha excepcionalidad porque la omisión puede tener muchas causas. Entonces en ese tipo de casos la doctrina que ha tenido el CDE es solo entender que existe un delito omisivo cuando la persona está vinculada a la acción. Por ejemplo, hay una persona que comete un ilícito y hay otra que simplemente mira, observa el hecho y no hace nada. Esa omisión, que está completamente vinculada causalmente a la acción, es la que nosotros consideramos como posible de ser calificada como un delito omisivo en ese tipo de situaciones. Esto, en cambio, es una situación que está algo más atrás de esa vinculación y por eso observamos que no era conveniente presentar una querella en esa ocasión.
¿Se excede la Fiscalía al imputar este delito haciendo una consideración distinta a la de ustedes?
No, no se excede. Solo es una consideración distinta a la del CDE.
¿Conversó con el gobierno cuando se estaba discutiendo la querella del caso Yáñez?
No. Nosotros no conversamos con el gobierno en ningún tipo de decisión.
¿El CDE se va a querellar en Las Condes?
Es un caso que estamos analizando con cierta preferencia. Lo estamos revisando constantemente, pero todavía no tomamos una decisión definitiva.
¿Por qué el CDE quiere acceder al informe de la Fiscalía con las conversaciones de Hermosilla?
Para tomar decisiones de querellarse o no en casos vinculados a nuestras competencias, el CDE necesita antecedentes. Esos antecedentes están en las carpetas de investigación que lleva el Ministerio Público. En todos los procesos que llevamos, en algún momento de esas investigaciones queremos acceder a la carpeta investigativa. Es la única manera de ver esos antecedentes y tomar decisiones. De hecho, nuestra ley orgánica le impone una obligación al Ministerio Público. Entonces entendemos que hay un proceso de reserva en el cual no hacemos nada y estamos a la espera de cuáles son los resultados de esas diligencias. Pero tarde o temprano queremos que esa norma se cumpla y conocer esos antecedentes. Cuando presentamos una querella, como es el caso de Hermosilla, tenemos derecho a tener acceso a todos los antecedentes de esa carpeta. Por ende, es una petición que hacemos en todos los demás casos. Esta no es una excepción.
¿Ha sido tema la posibilidad de que existan conversaciones de los consejeros en ese mismo informe?
No.
¿Usted tenía chats con Hermosilla?
No, no lo conocía.
Algunas de las conversiones de Hermosilla estarían protegidas por el secreto profesional. ¿Hasta dónde opera ese secreto?
El secreto profesional se esgrime, en este caso dentro de una investigación penal, como una forma muy excepcional. Es distinto cuando lo que se discute ya no es una estrategia procesal o una estrategia legal, sino lo que se discute es la comisión de un delito. Hasta ahí no alcanza el secreto profesional como fórmula excepcional. El secreto profesional nunca puede cubrir la comisión de un delito.
Si la Fiscalía detecta eventuales delitos en esas conversaciones, ¿es obligación que lo investigue?
Desde luego. Los abogados también son sujetos que cometen delitos. No puede ser que el ejercicio de la abogacía genere cierta impunidad para la comisión de delitos.
En su cuenta pública manifestó la preocupación del CDE por la excesiva duración de los juicios penales. ¿Cuáles son los riesgos que visualiza?
Hay perjuicios para la presunción de inocencia y hay perjuicios para las garantías de las personas. De eso saben mucho mejor en la Defensoría Penal Pública. Nosotros que estamos al otro lado, que perseguimos, también vemos un deterioro en la persecución, que es también condición de eficacia que las personas que cometen delitos sean sancionadas. Eso quiere decir que la garantía de inmediatez, que decidamos esto con cierta cercanía entre quien expone un caso y quien lo decide, vaya completamente deteriorándose.
