“Razones de confianza”: gobierno de Gabriel Boric es el que ha despedido a más jefes de servicio nombrados por Alta Dirección Pública desde 2010

“Yo fui ratificada el 28 de febrero y me pidieron telemáticamente la renuncia el 6 de abril”, recuerda hoy Claudia Hurtado Espinoza (50) sobre los 38 días que alcanzó a trabajar como Directora Regional del Biobío del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez e Infancia (Mejor Niñez), organismo que reemplazó al Sename.

Previamente, en junio de 2021, la abogada que hace más de 10 años milita en la UDI y fue Gobernadora del Biobío, había sido designada como coordinadora para la instalación en la región de este nuevo servicio, que partiría su funcionamiento en octubre bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social.

En medio de ese proceso se abrió a nivel nacional el concurso para elegir a los directores regionales mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), proceso que contempla una evaluación anónima o “ciega” de antecedentes, competencias en gestión y liderazgo; además de entrevistas a los postulantes.

“Postulé a este cargo y el primer concurso fue declarado desierto. Llegó el 1 de octubre y tuve que asumir como directora regional subrogante. Después de eso se levanta un segundo proceso y vuelvo a postular”, asegura Hurtado al teléfono desde Concepción.

Finalmente, su nombre fue el seleccionado entre la terna de candidatos, a sólo 11 días de que Gabriel Boric llegara a La Moneda. “Era un hecho de la causa. Yo sabía que iba a producirse un cambio de gobierno. Sin embargo este era un servicio nuevo que iba a mantener la continuidad”, afirma la abogada.

Pero ese 6 de abril, a menos de dos meses de asumir el cargo, Hurtado fue notificada por videollamada desde Santiago que estaba despedida “por razones de confianza”, causal que está contemplada en la normativa. Así se convirtió en la funcionaria nombrada por ADP que menos duró en su cargo entre las 369 personas que han dejado sus puestos en los primeros ocho meses de este gobierno.

De todos ellos, 229 han sido despidos o “renuncias no voluntarias” como se les denomina internamente, y otros 70 son directivos que cumplieron tres años en el cargo y que la actual administración decidió no renovarles por un nuevo periodo similar.

Comparando los primeros ocho meses de los últimos cuatro gobiernos, la administración de Gabriel Boric es la que más desvinculaciones ha realizado entre el grupo de los “jefes de servicio”, 127 autoridades que son nombradas o despedidas directamente por el Presidente de la República. En total, un 52,7% de los directivos han sido despedidos, mientras que a la misma fecha el gobierno anterior había sacado de sus cargos a un 40,9%.

En el grupo de los “directivos de segunda jerarquía”, 1175 cargos que son nombrados por los jefes de servicio, el gobierno de Boric ha desvinculado a un 13,7% versus el 15,5% en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Pese a que estas comparaciones son elaboradas por el mismo Servicio Civil, para su actual director y también presidente del Consejo Superior ADP, Felipe Melo, nombrado por el Presidente Boric en marzo, los datos deben ser vistos en su conjunto. “Observamos que los egresos de directivos ADP de primer y segundo nivel jerárquico han bajado de 34,4% en 2014 y 18,2% en 2018, a 17,6% en 2022″, señala.

Eduardo Abarzúa, ex miembro del Consejo Superior ADP entre 2014 y 2021, organismo que administra el sistema y preselecciona a algunos de los candidatos, cree que los despidos masivos con cada nuevo gobierno demuestran que “es un hecho el fracaso del espíritu de la ADP, como es evidente que el sistema necesita un cambio mayor”.

Durante nueve años, el tono pausado de Ricardo Toro Tassara, ex director de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), se había convertido en la voz oficial para sismos importantes, incendios forestales o inundaciones por grandes lluvias. Pero el pasado lunes, Toro tuvo que dejar su cargo, al que llegó en noviembre de 2013 tras ser nombrado por Alta Dirección Pública en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

El 2016, el también ex general del Ejército fue renovado en su cargo por tres años por la ex presidenta Bachelet, situación que se repitió en 2019 en el segundo gobierno de Piñera. De esa forma, sobrevivió a tres gobiernos y llegó al máximo tiempo que un directivo nombrado por ADP puede estar en su cargo.

Pero el caso de Toro es una excepción en el universo de los 1.302 cargos que hoy son seleccionados mediante ADP en todo Chile. Pese a que el sistema comenzó a operar en 2003, recién en 2021 se logró que en promedio, las personas seleccionadas duraran al menos tres años en el cargo.

“El sistema de ADP nace por una crisis institucional profunda, en que se cuestionó incluso la continuidad del presidente Lagos: los sobresueldos. La preocupación en ese momento era cómo avanzar en la profesionalización de las altas gerencias públicas”, asegura el ex director del Servicio Civil y ex presidente del Consejo ADP en el gobierno anterior, Alejandro Weber.

Para cumplir ese objetivo, se estableció que un número determinado de puestos que son ocupados por “funcionarios de exclusiva confianza de la autoridad competente” y “que desempeñen cargos de jefaturas en la dirección de órganos o servicios públicos”, serían concursados mediante un proceso en igualdad de condiciones y transparente.

Los cargos se dividen en dos áreas. Por una parte, están los 127 “jefes de servicio” que son nombrados directamente por el Presidente de la República en base a 3 o 4 seleccionados en el concurso público. Entre ellos, están el director de la Onemi, el director del Servicio de Impuestos Internos, los Superintendentes sectoriales, entre otros.

Por otra parte, están los 1.175 “altos directivos de segundo nivel” que son nombrados por los “jefes de servicio”, también en base a los postulantes elegidos. Ese grupo está conformado por los directores regionales de organismos públicos y los directores de hospitales, entre muchos otros.

Pero todo el sistema dejó una puerta abierta. “El filtro de mérito se produce para seleccionar a las personas, pero para despedir basta invocar la pérdida de confianza, dado que el actual modelo de ADP los considera como funcionarios de exclusiva confianza en cuanto a su remoción, lo que les permite desvincularlos sin expresión de causa”, relata el ex consejero cercano a la centroizquierda, Eduardo Abarzúa.

Según el actual presidente del Consejo ADP, Felipe Melo, el sistema está pensado para compatibilizar el mérito y la idoneidad de las personas, “con el necesario principio de gobernabilidad democrática en el país”. “No resulta razonable pensar que el presidente Boric va a gobernar mayoritariamente con las autoridades del presidente Piñera, así como este no gobernó con las autoridades de la presidenta Bachelet”, agrega.

Fue justamente eso lo que sucedió con Claudia Hurtado, la ex directora regional del Biobío de Mejor Niñez, quien duró menos de dos meses en el cargo. Hoy, afirma que su despido “es una situación que en mi opinión es más bien arbitraria y que no conozco hasta el día de hoy los motivos”.

Por lo ocurrido presentó una demanda laboral en contra de Mejor Niñez, donde acusa que al ser despedida se habrían vulnerado sus garantías fundamentales. Mejor Niñez, por su parte, respondió al tribunal que la desvinculación cumplió con todas las formalidades y se basó en las “razones de confianza” que permite la ley.

Sobre estos casos, el ex miembro del Consejo ADP, Eduardo Abarzúa, asegura que si bien la ley permite las desvinculaciones, el fondo del tema es un problema cultural. “El mundo político en la realidad desconfía de aquellos que no han sido nombrados por su propia coalición, por lo que se usa al máximo la discrecionalidad para el despido de aquellos en cuyo nombramiento no se participó. En los hechos, el sistema de ADP se usa como un instrumento para seleccionar profesionales idóneos, pero políticamente ‘cercanos’ al gobierno de turno”.

Cada concurso público para elegir un funcionario ADP le cuesta al Estado $10 millones para los cargos de primer nivel jerárquico y $7,5 millones para los cargos de segundo nivel.

El 1 de enero de 2022, el matrón Juan Cavieres More asumió como nuevo director del Servicio de Salud O’Higgins, electo mediante Alta Dirección Pública. En las reseñas de su perfil se consignó que poseía un magíster en gestión estratégica en salud y una experiencia de más diez años como director de la División de Salud de la Municipalidad de Rancagua.

Pero lo que esas historias no contaban, es que Cavieres también había sido electo concejal por la UDI en la comuna de El Olivar, en la misma región de O’Higgins, entre los años 1996 y 2008. En su caso, fue el presidente Gabriel Boric quien le pidió su cargo, en el que sólo alcanzó a estar 90 días. El matrón es parte de los 67 jefes de servicio desvinculados en la actual administración.

El caso de Juan Cavieres da cuenta de otro fenómeno, el de “los nombramientos de último minuto”, según relata el actual director del Servicio Civil, Felipe Melo. “En 2017 se solicitó al Consejo abrir 24 concursos al final de la gestión y se autorizaron 6, mientras que en 2021 se solicitó abrir 45 concursos y se autorizaron 31. Así, a menos de 8 meses de terminar con el mandato del gobierno anterior, se nombraron 116 altas y altos directivos públicos”, explica Melo.

Fue en medio de la tormenta política provocada por los casos de financiamiento irregular de la política en 2015 y gracias a la “Comisión Engel” que se realizaron una serie de reformas al sistema ADP, para evitar prácticas como los “amarres” de cargos antes de los cambios de gobierno.

Al año siguiente, se implementaron medidas como eliminar los cargos “Transitorios y Provisionales”, que eran utilizados para elegir a dedo a los altos directivos públicos. Junto con ello, se le dio al Presidente de la República la potestad de nombrar directamente a 12 cargos en los primeros seis meses de su mandato y se limitó la posibilidad de hacer concursos en los últimos ocho meses del gobierno saliente. De ahí en adelante, estos procesos debían ser excepcionales y contar con el acuerdo del Consejo Superior ADP. Así ocurrió con los directores regionales de Mejor Niñez.

“Nosotros como consejo entendíamos que había una prioridad país de hacerse cargo de un tema de una nueva institucionalidad que se estaba implementando. Por eso se habilitó la realización de esos concursos”, afirma la actual consejera Bettina Horst, quien también es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo.

Sobre los vínculos políticos con el gobierno anterior que poseían algunos los directivos desvinculados, todos los expertos coinciden en que la ley no establece ningún tipo de requisito o prohibición en esa materia. “En general, es gente que dentro de su carrera profesional también tiene mucho mérito para el cargo y a veces ese paso por la política más contingente es más la excepción que la regla”, aclara la consejera Horst.

Pero para otros miembros de su sector, como el ex director del Servicio Civil, Alejandro Weber, hoy “es cierto que hay un tránsito que no ha sido resuelto entre lo que uno podría definir como carrera política, versus carrera de gestión”. Al mismo tiempo, Weber plantea que “hay una pregunta que es muy necesaria y que como país no la hemos respondido: ¿cuál es el objetivo del sistema de Alta Dirección Pública?”.

Una posible respuesta la tiene el mismo ex consejero, Eduardo Abarzúa: “Los altos directivos públicos lideran servicios públicos responsables de ejecutar las políticas públicas definidas por la autoridad gubernamental y para hacerlo no necesitan ser militantes ni adherentes al gobierno en ejercicio, sino que deben ser técnicamente competentes y ejercer su rol con neutralidad y prescindencia política”.

Las desvinculaciones realizadas por el gobierno de Gabriel Boric, han sido monitoreadas semanalmente en el seno del Consejo ADP. Sin ir más lejos, el 13 de octubre pasado su nuevo presidente, Felipe Melo, expuso que “a diferencia de lo ocurrido en los años 2014 y 2018, la curva de las renuncias no voluntarias, voluntarias y no renovaciones de cargos de segundo nivel jerárquico, no aumentó significativamente después del mes de agosto”, según el acta de la sesión.

De acuerdo al mismo documento, la consejera Bettina Horst reclamó que las estadísticas presentadas por Melo no eran adecuadas. “En el primer nivel jerárquico, las administraciones que asumieron recibieron del gobierno anterior 100 cargos nombrados (de un universo total de 127)”, refutó Horst, y agregó que que ahora “3 de cada 4 altos directivos que se encontraban nombrados fueron removidos”.

“De esos 100 se han desvinculado 80. Entonces la tasa de desvinculación es del 80% porque no puedes incluir aquellos cargos que no estaban nombrados”, explica hoy la también directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Pero en su cálculo, Horst incluye las renuncias voluntarias (10 casos) y las no renovaciones (4 casos).

Sobre las modificaciones que se deberían introducir al sistema para evitar la alta rotación con los cambios de gobierno, la consejera señala que “una de las propuestas del sistema de ADP era darle mayor estabilidad y hacer independiente del ciclo político los cargos de los directivos de los servicios públicos. Eso hoy día no se ha dado en la práctica”.

Una propuesta es planteada por el ex consejero Eduardo Abarzúa. A su juicio, para despedir a directivos se debe “dar mayor preponderancia a los convenios de desempeño como instrumento de evaluación, retención y/o egreso de directivos públicos”.

Pero esa fórmula no se puede aplicar para todos los cargos, afirman otros expertos, los que aseguran que se deben fijar distintos requisitos para los despidos entre los “jefes de servicio” nombrados por el Presidente y los “directivos de segundo nivel” nombrados por los jefes de servicio. A juicio de Alejandro Weber, en los primeros debe existir una mayor flexibilidad en su desvinculación porque “requieren un compromiso programático muy alto. Que haya un componente de confianza asegurando un piso de capacidades”.

Parte de esas ideas quedaron plasmadas en un proyecto de ley que el gobierno de Sebastián Piñera presentó al Congreso en septiembre de 2021, que entre otras medidas, propone que se elimine la “confianza política” como fundamento para despedir a cualquiera de los 1.175 directivos de segundo nivel.

En cambio, se propone que las remociones sólo se puedan basar “en el incumplimiento del respectivo convenio de desempeño, en una deficiente evaluación sobre hechos o aspectos relevantes no comprendidos en el mismo, o en las modificaciones del perfil del directivo y de las prioridades o desafíos del cargo”. Cuestiones que para el ex consejero Abarzúa, siguen “alejadas del mérito sin generar ningún contrapeso a la decisión de la autoridad”.

El proyecto permanece en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Desde el Ministerio de Hacienda, confirmaron a La Tercera que el actual gobierno no tiene contemplado impulsar la iniciativa legal.