Eran pasadas las 8 de la mañana del jueves 3 de febrero y la jueza Romy Rutherford (52) llegaba a su despacho en calle Compañía 1213, un edificio que está en diagonal al Palacio de Tribunales. A las 9 horas de ese día estaba citado a declarar en calidad de inculpado el ahora excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien finalmente no asistió. Sentada en la parte trasera del vehículo que la transportaba, la magistrada, vestida con un impecable conjunto beige, asentía con sus ojos ante cámaras y flashes que la siguieron durante toda la jornada.

Era una de las pocas imágenes recientes de la magistrada, que no da entrevistas y tampoco tiene apariciones públicas. Rutherford fue asignada hace cinco años para instruir la investigación del denominado caso “fraude en el Ejército’' y sus más de 40 aristas. Por su oficina ha visto desfilar a casi todos los excomandantes en jefe del Ejército designados en democracia y los más altos rangos de la institución castrense, varios de ellos procesados y algunos presos.

Quienes han estado en ese lugar describen su oficina como muy ordenada, con carpetas perfectamente alineadas sobre el escritorio. Es reconocida como meticulosa y aplicada entre quienes la conocen y han trabajado con ella. Personalmente, es descrita como amable, sonriente y católica creyente.

Romy Grace Rutherford Parentti tiene 52 años, nació en Santiago y es la hermana del medio de tres mujeres, hijas del segundo matrimonio de Luis Edmundo Rutherford Dunker y Ester Italia Parentti Opazo. Su infancia la pasó en la comuna de La Reina en una familia típica de clase media y es recordada como una joven tranquila.

Estudió en el Colegio Mariano en Providencia y su último año de escolaridad fue en Alemania, donde perfeccionó el idioma alemán, que ya a esa edad practicaba. También habla italiano, según se reveló en un reportaje de Revista Capital.

Su padre, abogado penalista y quien falleció el 2001, sería uno de los grandes referentes de la ministra. Quienes conocen su carrera de abogada consideran que tiene la visión de que la justicia puede subsanar los errores del sistema.

Con esa convicción entró a estudiar Derecho en 1988 a la Universidad Gabriela Mistral. En esa casa de estudios fue reconocida por su desempeño académico. Una vez terminados sus estudios en Derecho, la ministra en visita cursó un magíster en la Universidad Católica. Años más tarde comenzó un doctorado en la misma casa de estudios, el cual le permitió aprender más sobre técnicas investigativas.

Sus conocimientos la han llevado a dictar cursos en la Academia Judicial, es decir, para los abogados que postulan al Poder Judicial.

Quienes la conocen destacan que duerme poco. De hecho, comienza su jornada de madrugada. A las 7.00 AM su chofer la pasa a buscar a su residencia en la comuna de Las Condes. Cuenta con seguridad. Hay dos funcionarios de la PDI que resguardan sus actividades cotidianas. Desde que se intensificaron las diligencias en contra del Ejército, se volvió una autoridad en riesgo y ha sido blanco de amenazas. Por este motivo se le asignó seguridad.

Algunos funcionarios que en el pasado trabajaron con ella comentan que junto con llegar muy temprano por la mañana, es una de las últimas en abandonar el recinto y muchas veces pide que le carguen expedientes en el auto para llevárselos a su casa y así poder preparar los interrogatorios del día siguiente.

Ingresó al Poder Judicial en 1996 como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 2003 fue nombrada como jueza del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. Años después, en 2007, empezó a relatar en la sala civil de la Corte Suprema.

Durante su paso por el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, el 2004, tramitó un emblemático caso, la indagatoria por una red de pederastas liderada por el empresario Claudio Spiniak. Otro hito judicial en su carrera fue cuando el 2016 votó a favor de la prisión del senador Jaime Orpis, imputado en ese entonces por financiamiento ilegal de la política. Nueve años antes de esto, Rutherford dictó los procesamientos por lavado de dinero en contra del clan Mazza, una organización dedicada al narcotráfico. Esa fue la primera vez que se imputó este delito en Chile.

En marzo de 2017 asumió la causa que la tendría hasta estos días en la esfera pública: el fraude en el Ejército. Una de las aristas que más trabajo le ha llevado, en el último tiempo, es la de los viajes y el uso de gastos reservados. Estas hebras investigativas han desencadenado una crisis en la institución castrense. Esto, teniendo en cuenta que los dardos de la magistrada -en sus imputaciones- han estado concentrados en generales y los exjefes del Ejército, siendo el último afectado el general Martínez, quien debió renunciar a la comandancia a sólo 10 días de hacer el traspaso a su sucesor, ante la citación de la jueza como inculpado.

Pero esta investigación también ha traído críticas, ya que las defensas en más de una ocasión han cuestionado el poder que ella acumula al investigar y juzgar según establece el sistema penal militar. Ha sido blanco de decenas de requerimientos y recursos ante el Tribunal Constitucional y sus propios superiores. De hecho, la última arremetida ante la Corte Marcial es protagonizada por el general (R) Martínez, que pide revertir la decisión de la magistrada que le negó poder declarar en su domicilio.

Pese a todo esto, las últimas veces que se ha pedido la extensión de su periodo como ministra de fuero ha recibido el respaldo de sus pares y de la propia Corte Suprema.