Días antes de cumplir 60 años, Inés Olate vio por última vez la casa que por 34 años fue su hogar. No ha olvidado el día: la mañana del viernes 3 de febrero de 2023, cuando fuertes vientos en la comuna de Santa Juana, Biobío, propagaron los incendios forestales que estaban siendo combatidos en el sector. Junto a su nieta de nueve años -que pasaba con ella las vacaciones de verano-, Inés llenó un par de botellas, empacó un saco de dormir y cargó un furgón rumbo al pie de la cordillera de Nahuelbuta, donde estaba acampando su hermana. El tiempo no alcanzó para más. En el camino hizo distintas paradas en casas de familiares, para recoger al resto de sus nietos y así alejarse lo más posible de una tragedia.
“Parecía que el fuego estaba sembrado en la tierra y en los bosques. Todo era rojo. En una hora se quemaron cerca de 100 casas en el sector de Diñico, donde vivía y mantenía mi taller como productora de ají. Con mis nietos y hermanas nos quedamos en casa de familiares mientras se calmaba el incendio. Al día siguiente volvimos: hasta los vidrios de las ventanas se habían derretido. Perdí mi casa y trabajo”, rememora.
Santa Juana fue una de las zonas más afectadas por los incendios forestales que azotaron al sector centro-sur en el verano 2023. Solo en ese sector, los siniestros que comenzaron el 28 de enero y tuvieron su peak hasta la primera quincena de febrero arrasaron con cerca de 80 mil hectáreas, dejando más del 50% de las viviendas en el suelo y alrededor de 14.500 personas damnificadas. A nivel nacional, los incendios afectaron una superficie mayor a 416.000 hectáreas en ocho regiones, la segunda peor temporada desde que se monitorea este tipo de desastres.
Para enfrentar la catástrofe, el gobierno del Presidente Gabriel Boric inició un proceso de reconstrucción el 1 de febrero, a cargo de la exdelegada Paulina Saball, quien por cerca de cuatro meses y hasta el 1 de junio -cuando dejó sus funciones-, trabajó en la elaboración de un catastro nacional con los municipios afectados, sumado a los ministerios de Vivienda, Interior, Obras Públicas, Desarrollo Social, Economía, Agricultura, Trabajo y Mujer, Fuerzas Armadas -además de la colaboración de privados y entidades públicas- para conseguir cifras oficiales de la comunidad afectada y su respectiva ayuda y reparación. Solo en febrero la cifra de viviendas siniestradas superaba las tres mil.
Si bien ese mismo mes comenzó la construcción de viviendas de emergencia a cargo del Servicio Nacional de Prevención y Repuesta ante Desastres (Senapred) -que entregó 1.822 viviendas antes de la llegada de invierno-, la construcción de soluciones habitacionales definitivas a cargo del Ministerio de Vivienda (Minvu) se inició en mayo y contaba con un plazo, según autoridades, de 180 días para su entrega. Es decir, seis meses.
Pero no ha sido así. Al menos no para Inés.
“Recién en octubre comenzó la construcción de mi vivienda definitiva en la misma zona. Hoy está lista, pero no puedo utilizarla. Me dicen que podría habitarla en marzo”, agrega.
La razón se debe a que la vivienda debe pasar por validaciones de conexión eléctrica y sobre todo agua. La situación se repite entre otras 47 familias, que a la fecha ya cuentan con su vivienda construida, aunque solo cuatro han sido recepcionadas. El resto (53) cuenta con los subsidios para el inicio de obras.
La alcaldesa de la comuna, Ana Albornoz (Ind.), comenta que esta situación ha sido comunicada a las autoridades del gobierno central, en específico a la Dirección General de Aguas (DGA), ya que debido a los incendios los conductos quedaron dañados y ha provocado que el suministro a más de la mitad de la comuna sea a través de camiones aljibes.
“Hacemos un llamado al gobierno porque no podemos seguir así. Necesitamos ayuda de recursos para reparar las cañerías, así como mejorar la conectividad de caminos para llegar con ayuda a las familias. En eso estamos al debe”, asevera.
Las cifras
A un año de los siniestros el plan de reconstrucción ha alcanzado solo la mitad de su avance. Según datos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social a La Tercera, hasta la fecha este presenta un 53,6% de las medidas ya finalizadas o en implementación y 30,5% de estas en diseño.
En la categoría finalizada se destaca la infraestructura habilitante, como conectividad terrestre mediante obras de conservación de puentes dañados, conectividad de sectores rurales a cargo del MOP. En las regiones más dañadas, Biobío, Ñuble y La Araucanía esta se encuentra 100% habilitada.
Asimismo, desde el Minvu señalan que los subsidios para las personas afectadas fueron asignados en un 100% hasta el mes de diciembre de 2023. Anteriormente a la asignación es necesario acreditar la tenencia del terreno, trámite que muchas familias no tienen resuelto y ralentiza el proceso de asignación.
Por eso, desde la cartera explican que desde la fecha de asignación, la construcción de viviendas tarda en promedio 18 meses.
A la fecha, en la región de la Araucanía, de un total de 140 familias atendibles, 71 viviendas se encuentran en ejecución y/o ejecutadas, es decir, un 50% de avance de obras.
En Biobío de 744 familias atendibles, se han asignado 735 subsidios, de los cuales 162 viviendas están ejecutadas o en ejecución, lo que corresponde a un 22 % de avance de obras. En Ñuble, de 149 familias atendibles, existe un 20% de avance de obras, es decir, 31 viviendas ejecutadas o en ejecución.
“Un 94% de las familias que sufrieron daños reparables en sus viviendas cuentan con los recursos disponibles para ejecutar la reparación de las viviendas dañadas”, dicen desde el Minvu.
A 180 kilómetros al sur de Santa Juana, en Ninhue (Ñuble), el escenario se repite. La comuna liderada por el alcalde Luis Molina (DC) sufrió la afectación de 13 mil hectáreas y 30 viviendas durante siete días.
Ana Valderde (52), recolectora de la zona, lo vivió en carne propia cuando la primera semana de febrero perdió la vivienda que compartía con su hija y sobrina en el sector El Rincón de la comuna. Las llamas solo dejaron escombros de lo que fue su vivienda, por lo que durante un mes tuvo que vivir en casa de su padre esperando la casa de emergencia que llegó un mes después.
“Ahí pasé el invierno. En septiembre comenzaron la construcción de mi vivienda definitiva, pero me dicen que la podré tener recién en un mes más porque faltan conexiones básicas”, cuenta.
La municipalidad explica que además de Ana, hay otras 17 familias esperando mudarse a sus nuevas casas. Mientras que otras seis se encuentran en el proceso de saneamiento ante el Serviu regional para acreditar residencia.
Entendidos en el tema afirman que los retrasos no se deben necesariamente a los ministerios, sino a las empresas contratadas para la construcción que, debido a problemas de presupuesto o ejecución, han tenido que retrasar las obras.
En ese sentido, desde las comunidad han valorado el avance en otras obras relacionadas a infraestructura mayor y ayuda económica.
Por ejemplo, el alcalde señala el avance respecto al mejoramiento de las escuelas y liceo bicentenario de la comuna, que en total reciben a 800 niños, niñas y adolescentes del sector.
“El gobierno regional nos ha colaborado con presupuesto para mejorar las salas de clases, con aire acondicionado, nuevas salas y mesas de mejor calidad. Y en salud se ha visto algo parecido: tenemos habilitados nuevos servicios de salud como Cesfam. Ha costado reconstruir, pero se ha avanzado”, dice.
La ministra de Mideso, y encargada de la reconstrucción a partir del 1 de enero de 2024, Javiera Toro, sostiene que pese a lo descrito el plan se sigue implementando. “Fue el primer proceso de reconstrucción que tuvimos, con un nivel de incendios que no habíamos tenido antes y que fue seguido por dos inundaciones que afectaron también esas mismas regiones. Sabemos que ha sido un proceso difícil para las familias y por eso nuestro compromiso como gobierno es seguir avanzando en las medidas y mejorando estos procesos”, señala.
