Sebastián Soto: “El Consejo va a tener lápiz, tijeras y goma de borrar; no vamos a entregar una página llena”

Hasta 2019, no era partidario de un cambio constitucional. Pero la dimensión de la crisis que estalló en octubre lo convenció de que se necesitaba una respuesta institucional a la altura. Para el abogado Sebastián Soto (1977) la carta constitucional es una invitación al diálogo y es la forma más habitual en que el país ha resuelto sus crisis. Por ello, “nos conecta con nuestra propia historia”, como escribió en su libro La hora de la Re Constitución.

Profesor de derecho en la UC, hoy Sebastián Soto es el vicepresidente de la Comisión Experta, patrocinado por Evópoli. Desde ese cargo, ha vivido intensamente este nuevo proceso y resalta la intención de evitar los errores de la Convención Constiuyente.

-Y por eso el tono, el modo de discrepar, la vocación genuina de llegar a acuerdos, la capacidad de escuchar ha estado muy presente -dice en su oficina en el edificio del ex Congreso Nacional.

A diferencia del proceso de la Convención, marcado por controversias y tensiones, en poco más de un mes los expertos lograron un borrador de consenso. Tras ese primer momento, aparecieron las diferencias a través de la presentación de 900 enmiendas.

En cualquier caso, no es algo que le parezca preocupante.

-Es natural. Los 24 comisionados somos en alguna medida un reflejo del pluralismo que hay en la sociedad. Pero lo importante es administrar las discrepancias y saber resolverlas, no esconderlas. Y por eso con la presidenta Verónica Undurraga, con los presidentes de comisión y con todos los comisionados y comisionadas, hemos intentado permanentemente ir resolviendo esas discrepancias que existen y van a seguir existiendo.

Más allá de ellas, dice, los anima la convicción de escribir una mejor constitución. “Y eso implica una democracia más profunda, derechos fundamentales reconocidos y un régimen y un sistema de gobernabilidad”.

El sistema político se mantiene, ¿en qué sentido mejora?

El sistema político es una discusión clave porque el diagnóstico es que desde hace algún tiempo tenemos dificultades en la gobernabilidad. Entonces fortalecemos el sistema de partidos políticos para evitar la fragmentación; generamos un cierto presidencialismo de coalición, es decir, un presidente que ejerce el poder pero junto a una coalición que lo acompaña en el Congreso. Y para eso creamos mecanismos de cierta alianza, y también intentamos corregir algunas malas prácticas del trabajo legislativo que han implicado obstrucción y bloqueo en materias como urgencias, vetos, acusaciones constitucionales, iniciativa exclusiva, etc. Todo eso, creemos, constituye cambios importantes siempre dentro del presidencialismo para atender especialmente el desafío de la gobernabilidad.

Las elecciones parlamentarias se harían no la primera vuelta presidencial sino en la segunda.

Esa es una de las herramientas que utilizamos para promover el presidencialismo de coalición, es decir, un Presidente que llega a La Moneda acompañado de una coalición que estuvo con él en la segunda vuelta, y eso promueve cámaras bajas de mayoría con algo más de lealtad con el candidato que apoyaron. Y como esto requiere contrapesos, con un Senado que se mantiene con sus atribuciones y que no se renueva totalmente sino que parcialmente. Es decir, gobernabilidad, pero no es control mayoritario absoluto.

¿Será una Constitución que asegure la paridad?

Estamos discutiendo la paridad y yo no quisiera adelantar ningún resultado. Lo que sí es cierto es que no hay una fórmula de paridad. La paridad nos ofrece, creo yo, sobre todo a nivel constitucional, un camino más amplio que una única regla con un resultado específico. Y es en ese camino amplio donde estamos discutiendo.

¿No sería paridad matemática?

Yo diría que la paridad puede ser también un principio que implique un mandato a promover en diversos espacios públicos una representación equitativa. A veces podrá ser una regla aritmética y otras veces podrá ser un llamado a promover una integración equitativa.

En la Convención la discusión parecía más abierta. Hoy el debate se da mucho más privado. ¿Por qué?

Quiero recordar que en todo órgano deliberativo, también en la Convención, hay discusión pública y mucha discusión privada. Y lo que ha pasado es que naturalmente ha habido menos atención a lo que estamos haciendo porque la ciudadanía tiene otras preocupaciones que son más relevantes. Y eso no es un problema para el proceso. Creo que el proceso tiene que ir agregando conexión con la ciudadanía y estoy seguro que los consejeros electos este domingo van a contribuir enormemente a ello. El rol de la comisión ha sido preparar un anteproyecto base para contribuir a la deliberación de los consejeros.

¿No le preocupa el desinterés de la ciudadanía?

Yo espero que la ciudadanía vaya comprendiendo paulatinamente que lo que estamos haciendo y lo que luego harán los consejeros es importante para el futuro del país.

Si hay poca participación el domingo, ¿el proceso perdería legitimidad?

La legitimidad del proceso está dada por múltiples factores. Está dada porque sea un proceso con consejeros electos; por la participación de órganos como el Congreso, que también fue electo, en la decisión de quienes integran la comisión experta, y está dado por el plebiscito de salida. También por el contenido del texto que se proponga en cuanto a que genere adhesión, que todos lo vean como un texto de consenso

¿No sería una base de apoyo muy frágil una baja participación?

Obviamente yo preferiría una muy alta participación, pero también veo que la legitimidad de un proceso no se juega en una sola cifra, sino que en un continuo más amplio.

El proceso anterior partió con la idea de la página en blanco. ¿Ahora parte con la página llena, como dijo Mario Fernández?

El proceso está planificado para que sea el Consejo el que tome todas las decisiones. El Consejo va a tener lápiz, tijeras y goma de borrar: puede modificar, reescribir y eliminar disposiciones que nosotros hayamos planteado. Pero es sensato que aprendamos del proceso anterior. Y por eso es importante partir tanto en la participación ciudadana como en el proceso del Consejo con una propuesta. Esa es la filosofía que yo veo del proceso actual. No es correcto afirmar que vamos a entregar una página llena, porque los libros tienen muchas páginas y el Consejo puede cambiar y puede agregar nuevas páginas.

Los consejeros pueden modificar el texto, pero este vuelve nuevamente a los expertos.

Lo que hace la comisión experta hacia el final del proceso es un proceso de armonización.

¿Solo eso?

Es un proceso de armonización en donde también puede hacer algunas propuestas que también van al Consejo. La decisión final siempre está en el Consejo. La Comisión Experta puede persuadir, incidir, pero quienes deciden son los consejeros electos este domingo.

El Partido Republicano no quiere una nueva constitución. ¿Qué pasa si el domingo arrasa: podría entorpecer el proceso?

Yo no tengo ningún antecedente para sostener algo como aquello. Lo único que yo sé es que el Partido Republicano designó en esta comisión a Carlos Frontaura, quien ha sido un aporte en la discusión. Creo que tenemos que hacer todo lo posible por escribir el mejor texto, pero eso no implica que vaya a haber críticas.

¿No le preocupa el resultado del domingo?

Independiente del resultado, la Comisión Experta tiene que seguir trabajando para cumplir con su deber, tiene que seguir buscando acuerdos.

Es probable que haya fuerzas, en la izquierda y en la derecha, que llamen a rechazar. ¿Cómo enfrentar el rechazo?

Frente a esas críticas y eventuales llamados a rechazar, creo que las fuerzas políticas con vocación de gobernabilidad tienen que hacer todo lo posible por actuar unidas para promover que de una vez resolvamos nuestro problema constitucional. Y la forma de resolver el problema constitucional es, a mi juicio, con un plebiscito masivo y unificador que genere adhesión a un nuevo texto constitucional.

¿Ya resolvieron los mecanismos de reemplazo del texto?

No.

¿Por qué?

Es una discusión muy interesante, muy debatida a nivel comparado. Y la pregunta es ¿cuál es el mejor mecanismo para reemplazar íntegramente una constitución que no implique incentivar una constante revisión total de la constitución? Porque si bien es cierto que las constituciones modernas tienen mecanismos de reemplazo y los momentos de crisis deben encontrar salidas institucionales, tenemos que evitar que los mecanismos de reemplazo sean tentaciones revolucionarias permanentes..