Seguridad: La difícil convivencia entre la fuerza pública y los privados para retomar el control

Mayo de 2011 y el robo de cajeros automáticos aumentaba en un 125% en comparación con los primeros cinco meses de 2010. La situación era crítica, consideraban las autoridades del entonces primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), pues estos atracos implicaban una gran puesta en escena que pegaba de lleno en la opinión pública: en autos robados los delincuentes amarraban cadenas a la estructura del dispensador de dinero, aceleraban a fondo y lo sacaban.

Enseguida, la alarma del banco llegaba a Carabineros, quienes iniciaban peligrosas persecuciones por la vía pública para dar con los asaltantes, aunque muchas veces eran estériles. Los ladrones lanzaban “miguelitos” (clavos de tres puntas) en la ruta para evitar ser atrapados, consolidando un negocio redondo: en promedio, cada cajero tenía $ 90 millones y, según las estimaciones de las autoridades de Interior en 2011, eran sustraídos tres diariamente ¿Resultado? $ 210 millones, cada 24 horas, facturaba un grupo que se dedicaba a esto.

La banca se mostraba reticente a mejorar las condiciones de seguridad y, bajo su prisma, argumentaban: el contar con cajeros con tecnología CEN IV (los dispositivos más seguros y con más tecnología) les implicaba una inversión de US$ 300 millones. Además, ante los robos activaban un seguro que les cubría la pérdida, pero la situación era insostenible y cedieron.

“Era algo que había que hacer, porque eran los mismos aparatos que estos mismos bancos tenían en Europa y acá tenían los de origen chino más básicos. Logramos llegar a cierto punto de acuerdo, pero fue con el Decreto 222 con el que tuvieron que ceder”, explica el exsubsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira (2010-2014). La norma obligó a los bancos a comprar los cajeros más seguros, hacer la inversión y comprometerse a que en cinco años, los casi nueve mil dispositivos que tenían, debían tener seguridad CEN IV. “Los privados tienen que invertir y el Estado tiene que asumir su rol con convicción y medidas concretas”, agrega Lira.

Casi 10 años después el robo de cajeros no es tema, pero sí esta difícil convivencia entre el mundo privado y quienes administran la seguridad desde el Estado. Así quedó demostrado durante las últimas dos semanas, cuando el Estadio Nacional se vio desbordado de gente que ingresó en “avalanchas” al recinto ñuñoíno para ver a Daddy Yankee, el 27 de septiembre. El socio principal de la productora Bizarro -organizadora del evento-, Alfredo Alonso, se defendió señalando que ellos le avisaron al gobierno de los riesgos.

“Por ley no podemos tocar ni con un dedo a una persona que esté parada afuera del recinto, porque eso es labor de la fuerza pública y del Estado. Hay personas que no tienen claro eso y es súper importante que lo sepan”, dijo Alonso.

Las palabras del empresario respondían a una molestia de la industria a lo declarado ese mismo 27 de septiembre por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. “Hay una incapacidad de quien está organizando este evento para garantizar que las personas puedan acudir en paz y tranquilidad”, señaló la autoridad.

Las responsabilidades cruzadas entre quienes organizan un evento privado -por el cual cobran- y quienes administran la seguridad pública -quienes deben proteger a sus ciudadanos- es algo que ha estado marcado durante este año.

Es más, un día después de los desmanes en las afueras del Estadio Nacional, el 28 de septiembre, en Valparaíso, desde la barra del equipo de fútbol Universidad Católica, una bomba de ruido fue lanzada al arquero de Universidad de Chile. El partido se suspendió y -otra vez- las responsabilidades contrapuestas se tomaron la agenda.

¿Dónde empieza y dónde termina la seguridad pública? “Es una buena pregunta”, advierte el subsecretario Vergara, quien es consciente de que hay que avanzar en un trabajo mancomunado entre los privados y los administradores del Estado. “La regulación actual queda corta. Estamos articulando una Fuerza de Tarea para maximizar el rol de cada institución, mejorar las capacidades de los guardias privados y que la inversión en tecnología siempre sea acordada con la autoridad encargada de brindar la seguridad pública”, agrega.

La legislación es clara en señalar que solo la policía es la encargada de ejercer la fuerza pública. Es la PDI y Carabineros quienes pueden detener a una persona por estar cometiendo un delito y ponerla a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, para eventos masivos, como recitales o partidos de fútbol, quienes operan como “guardias de seguridad” no son los policías, sino que personas que ofician de guardias, pero sin poder ni aplicar fuerza ni detener a nadie.

El teniente coronel del OS-10 de Carabineros -departamento encargado de la seguridad privada-, Miguel Calderón, explica que “todos los guardias deben cumplir los mismos requisitos, sin hacer distinción sobre la función específica que desempeñarán. El proceso se inicia con la capacitación (que imparte una empresa capacitadora acreditada por el OS-10) mediante un curso presencial de 90 horas académicas”.

Allí se les enseña de la legislación vigente, primeros auxilios, defensa personal, sistemas de alarmas e instrucción física.

En 2021 se examinó a 49.273 guardias de seguridad y en lo que va de este año van poco más de 37.680. “El proceso de acreditación busca establecer que el candidato cumpla con no tener antecedentes penales, deudas en el sistema financiero y que cuente con la capacitación para el desempeño de la función. Cumplidas estas tres idoneidades, el candidato puede ser acreditado por tres años, debiendo realizar un curso de perfeccionamiento para obtener nuevamente su acreditación”, agrega Calderón.

Quien organiza el evento trabaja en coordinación con la Delegación Presidencial y el OS-10 de Carabineros, y es ante este comité a quien le hacen una petición para la realización del recital o partido de fútbol.

Pero para los privados la existencia de los guardias no es suficiente. Por ejemplo, el presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, dijo tras los incidentes en Valparaíso que “necesitamos el regreso de Carabineros al estadio”.

La solicitud no es nueva y, dicen en Carabineros, no asegura el éxito de un evento, pues los clubes “deben” invertir en tecnología para lograr que, por ejemplo, quienes tengan prohibición de entrar a un recinto, no lo hagan.

Además, en la policía uniformada aseguran que es un “mito” el que los carabineros no estén dentro de los estadios. El jefe del departamento de “Eventos Masivos y Fútbol”, coronel Rodrigo Álvarez, detalla que “Carabineros nunca se ha ido del estadio, lo que pasa es que se ha ampliado su perímetro fuera del estadio, ahora hay que hacer todo un despliegue en las afueras, en el Metro, en los paraderos, ver lo de las micros que se toman. Vale decir, resguardar, además, la seguridad de los vecinos”.

Para un partido de fútbol “Tipo A” se dispone de 300 carabineros, algo similar a lo desplegado en el primer concierto de Daddy Yankee. ¿Por qué no más? Un general de la policía uniformada lo explica así: “Tampoco podemos volcarnos por completo a un evento privado. Tenemos que también estar en las poblaciones, en las calles, donde hay bandas que trafican, que disparan, que hacen portonazos, encerronas”.

El subsecretario Vergara agrega que “los carabineros deben estar donde más se les necesita. Hoy tenemos entre tres y cuatro guardias privados por un policía. Entonces, los efectivos tienen que estar en los territorios y quienes generen una actividad que demande servicios públicos, abocarse en hacer un mejor trabajo”.

Pero desde la otra vereda también tienen algo que decir. Aldo Vidal, vocero de la Asociación de Seguridad Privada y Transporte de Valores (Aseva), señala que “es fundamental una coordinación entre lo privado y lo público. Hoy no es posible pensar en mitigar los problemas de seguridad sin estas necesarias alianzas. En esta dinámica el Estado es el gran responsable de generar las acciones y coordinaciones del privado”.

Sin embargo, también advierte: “Hoy es impresentable que muchos privados que cobran y lucran en la generación de un servicio, no tengan asociado la generación de seguridad y que no consideren en sus definiciones el riesgo como una variable activa a mitigar y reducir”.

Si a la banca le costó US$ 300 millones tener cajeros de alta seguridad, a quienes organizan eventos también. Al menos así lo creen en el Ejecutivo, pues la tecnología es fundamental, más allá de contar con más o menos carabineros.

Pero en el gobierno creen que más que la disponibilidad de recursos, lo clave es que ese dinero se invierta donde la autoridad diga que debe inyectarse. El subsecretario Vergara se los explicó así, en una reunión del 10 de agosto, a los gerentes de Walmart: “Para ver cómo avanzamos, tenemos que definir qué podemos hacer en conjunto, por ejemplo, las autopistas dijeron vamos a gastar $ 2 mil millones, y nosotros dijimos momento, sentemos a los expertos de la subsecretaría, a Carabineros, y ahí veamos qué se necesita”, les aseguró, según consigna la minuta que resume la cita.

Cuando las encerronas aumentaron su frecuencia en las autopistas, la dicotomía entre lo privado y lo público también fue un tema que se debatió. Por un lado, las autoridades les pedían a las concesionarias contar con más cámaras, lectores de patentes y otras medidas, y por el otro, pedían un patrullaje más constante de Carabineros para disuadir a quienes buscaban perpetrar estos asaltos.

Finalmente en ese caso se llegó a puerto. Según explica Vergara, las autopistas aseguraron una inversión de casi mil millones para construir espacios en los costados de las pistas y que así la policía pueda ubicarse a realizar controles, además de mejor tecnología, luminarias, cierres perimetrales nuevos, entre otras medidas.

El decreto de ley que autoriza la seguridad privada data de 1981 y en el gobierno señalan que tiene que someterse a modificaciones. Por lo mismo, en el Ejecutivo no están claros si hacerlo a través de indicaciones a un proyecto que ya fue presentado en el gobierno anterior o bien ingresar un libelo nuevo. Sin embargo, cualquiera de estas opciones se concretará a fines de este año.