A 18 días de la instalación del Consejo Constitucional y la redacción de la nueva propuesta, y siete meses del plebiscito, no pocos ya transparentan que será la opción “en contra” la que marcarán el 17 de diciembre en la papeleta del nuevo referéndum.
Esta alternativa ya suma adeptos, aun cuando recién se finalizó la redacción del anteproyecto de la Comisión Experta.
Para algunos en la izquierda extraoficialista -algunos partícipes de la fallida Convención Constitucional- ahí radica el principal argumento para sostener su prematura postura: la participación de estamentos designados en el proceso constituyente. O los elementos que sindican como de “tutelaje”, como los 12 bordes institucionales acordados en los partidos que firmaron el acuerdo constitucional de 2022.
La exconvencional Isabel Godoy -quien representó al pueblo colla en el ya disuelto órgano- reclama que los 12 bordes que establecieron son “un límite a la democracia, una manera de asegurar (...) que, si hay un cambio constitucional, sea lo mínimo que se le haga a la Constitución actual de la dictadura”. También lamentó que estos “a los pueblos originarios nos dan la opción de ser reconocidos como culturas y no como pueblos, por todo el racismo que existe en este país, sobre todo de la derecha”.
Pero la gota que rebasó el vaso para Godoy fue el aplastante triunfo del Partido Republicano, que se quedó con 23 de los 51 escaños del Consejo. “Lo que salga de ese proceso, no tenemos ninguna expectativa. Va a salir algo más radical o se va a mantener lo que está, y es lo que no queremos. Jamás podríamos votar a favor de algo así, nosotros vamos a votar en contra o nulo”, asegura.
Por su parte, la diputada Viviana Delgado -quien anteriormente militó en el Partido Ecologista Verde- advierte que si llegara a existir un retroceso en materias sociales fundamentales, “nuestra postura política y pública será llamar a rechazar y recomenzar”.
“Lote de Sharp” se pronuncia
Por otro lado, desde el colectivo Transformar Chile -encabezado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y los exconvencionales Tania Madriaga y Eric Chinga, entre otros- enfatizan que “nos hemos manifestado en contra de este proceso y sus vicios antidemocráticos”. Según argumentan, “el poder constituyente no puede ser delegado a un grupo designado que redacta sobre límites impuestos”, pues este “se trata de una facultad soberana del pueblo”. Además, desde el colectivo -anteriormente conocido como Apruebo Transformar- plantean que “en la discusión de normas se rechazan todas aquellas que buscan garantizar derechos sociales, por lo que no tenemos expectativas que de este proceso salga más que una nueva reforma constitucional que deje intacto el modelo impuesto por Pinochet”. Sin embargo, por el momento, dicen no tener definido su voto en el plebiscito de salida.
¿Y en el oficialismo?
Pese al pobre resultado electoral del oficialismo, en las definiciones públicas de los dirigentes de las colectividades de gobierno -como las del secretario general del PC, Lautaro Carmona- tras la elección, la “línea” a seguir no da espacio para matices: no abandonar el proceso, y -en cambio- disputarlo, pese a la amplia mayoría republicana y de Chile Vamos. Esta jornada, de hecho, tanto dirigentes de los partidos, consejeros electos y comisionados expertos sostendrán una reunión de coordinación.
Sin embargo, ya hay parlamentarios independientes afines al oficialismo que se inclinan por rechazar el nuevo texto. Aunque piensan plantear esta postura tras la instalación del Consejo, el 7 de junio, desde la bancada PPD e independientes el diputado Jaime Araya ya expresa su opinión desalineada del oficialismo.
“Nada que venga de José Antonio Kast y republicanos será bueno para Chile. Lo responsable es organizar desde ya plataformas para asegurar el fracaso de la arremetida del neoconservadurismo. Y eso significa organizarse para hacer conciencia de la importancia de votar ‘en contra’ en diciembre”, dice a La Tercera.
Araya argumenta que “faltó asumir en nuestro sector la profundidad de la derrota del 4-S y entender que en ese minuto se cerró la posibilidad de una buena Constitución hecha en democracia. Fue una irresponsabilidad iniciar un nuevo proceso”.
En el PC, pese a que el exconvencional Hugo Gutiérrez está suspendido como miembro del comité central -tras una sanción del tribunal supremo- manifiesta su postura: su voto irá para el ‘en contra’ o nulo. El exdiputado plantea a La Tercera que el nuevo proceso es uno de reforma a la Constitución vigente y que el partido fue “poco digno” al haberse hecho parte del acuerdo que habilitó este nuevo proceso. Gutiérrez advierte, eso sí, que -dada su suspensión- no ha medido su postura en la interna PC.
Otro grupo crítico del proceso, pero fuera del polo de izquierda es el Partido de la Gente. Sus parlamentarios, de hecho, votaron en contra de la reforma constitucional que lo permitía. Hoy, sin consejeros electos -pese a que participaron en todas las regiones del país menos en Valparaíso-, deslizan que, como es usual en ellos, su postura de cara al plebiscito se definirá a través de la “democracia digital”.
