Sistema de Admisión Escolar: mesa técnica propone selección de hasta 80% para liceos de alta exigencia

Treinta y cinco páginas tiene el Informe de Recomendaciones de la Mesa Técnica acordada en la última discusión de la Ley de Presupuesto que tenía como misión revisar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la herramienta que a través de un algoritmo asigna las vacantes de los colegios que reciben financiamiento del Estado, ya sean públicos o particulares subvencionados.

Después de meses de análisis, reuniones y escuchar a decenas de actores que son parte del proceso, los 11 miembros de la instancia, convocados desde distintas esferas políticas, se aprestan para entregar este lunes el documento en un hito especial que prepara el Mineduc.

En los últimos días el texto de la instancia estuvo enfocado en acordar cada punto y coma de su redacción. Eso fue, quizás, uno de los aspectos más difíciles, lo que antes ya había llevado a determinar que se explicitaría si las recomendaciones eran unánimes, de mayoría o de minoría.

Y ahí, quizás lo más relevante de las recomendaciones -no vinculantes, pero que servirán de insumo para la Cámara, el Senado y el Mineduc con miras a modificar el SAE- es la reposición de una cuota de selección con reglas.

“Desde su implementación el SAE ha generado cambios significativos en la dinámica de admisión escolar en Chile”, se lee en el informe al que tuvo acceso La Tercera. “No obstante -continúa el texto- este sistema también ha demostrado tener debilidades”. Ahí se apunta a la falta de personalización en el proceso de asignación o no reconocimiento del buen desempeño académico, entre otros factores.

Y así, tras dedicar un capítulo de diagnóstico donde se describe el origen y funcionamiento del SAE, sus fortalezas y logros, y sus debilidades, a partir de la página 18 entra de lleno en las recomendaciones. Ahí se contextualiza que “si bien se reconoce que el SAE requiere perfeccionamientos, la evidencia acumulada no justifica su reemplazo estructural”, con la observación de que una proporción minoritaria de la mesa considera legítimo que los establecimientos puedan seleccionar a sus estudiantes a través del SAE o por fuera.

“Atendiendo a las dificultades descritas en el diagnóstico, la Mesa Técnica recomienda medidas en 10 dimensiones”, se describe a continuación. Dado que los cambios que se proponen requieren trabajo, la gran mayoría de los miembros propone dejar sin efecto -por tanto derogar- la suspensión del componente aleatorio de la Admisión 2026 que también había quedado amarrado en la Ley de Presupuesto, acuerdo que ya venían advirtiendo los mismos expertos desde hace tiempo.

La primera de las dimenciones se denomina ‘Liceos de Alta Exigencia Académica’ y tiene relación con la reposición de la selección, aunque con matices. “Se propone fortalecer estos proyectos educativos en todo el territorio nacional, introduciendo modificaciones a la norma vigente que regula la banda de selección, y el instrumento de selección, requisitos para ser elegible como Liceos de Alta Exigencia y número o proporción de estos establecimientos en el país”.

En otras palabras, la mesa propone modificar los requerimientos para que los colegios -públicos o particulares subvencionados- puedan optar a ser considerados de Alta Exigencia académica y con ello tener una cuota de selección, lo que hoy la Ley de Inclusión permite cumpliendo ciertos aspectos, pero que en la práctica, al ser demasiado rigurosos, deja a pocos establecimientos en esa categoría. Hoy sólo son tres en Chile: Liceo Abate Molina de Talca, Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced de San Carlos, y Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás.

Para ser considerado de Alta Exigencia, los establecimientos deberán cumplir con algunos criterios objetivos establecidos en un reglamento, donde se debe considerar sobredemanda, desempeño académico destacado a nivel nacional o regional, gratuidad, y planes y programas propios. Eso sí, también se recomiendan excepciones en la exigencia de requisitos para nuevos proyectos educativos y para liceos históricos de excelencia, algunos de los llamados emblemáticos, de acuerdo con una definición que deberá considerar principalmente el carácter de histórico del establecimiento.

En tal sentido, la mesa también propone mayoritariamente que aquellos recintos que formen parte de esta categoría puedan seleccionar, a partir de séptimo básico, hasta el 80% de sus estudiantes. De igual modo, la mesa propone resguardar un umbral de 40% de estudiantes prioritarios para garantizar equidad.

A su vez, se propone un mecanismo de selección basado en el rendimiento previo de los postulantes, como ranking, con la mayoría de la mesa descartando una prueba de selección.

Con todo, los expertos consideran que los Liceos de Alta Exigencia Académica deben ser acotados a nivel nacional y procurar garantizar equidad territorial. “La fórmula para seleccionar a estos liceos debe permitir que al menos exista un establecimiento de alta exigencia en cada región del país”, se lee, así como que se sugiere estudiar la prohibición de agrupar a estudiantes en función de su nivel de desempeño académico que establece la Ley de Inclusión.

La segunda de las dimensiones apunta a otro de los temas relevantes que se ha criticado al SAE, que es la priorización que permite sumar posibilidades en la postulación a un establecimiento.

Y si bien el informe señala que los integrantes de la mesa están de acuerdo con los cuatro criterios de priorización que existen actualmente, así como su prelación, también advierte que hay espacios de mejora en algunos de ellos.

Así, respecto del criterio por hermanos, y para que las familias se vinculen con una comunidad educativa, se propone ampliarlo a otros miembros de la familia, ejemplificando con hermanastros, primos, sobrinos o nietos mientras vivan con la familia del estudiante matriculado.

Acerca del porcentaje de estudiantes prioritarios se reseña que en la práctica este criterio no opera según lo esperado y que dada la alta prevalencia de estudiantes prioritarios en los establecimientos con financiamiento público y la alta segregación del sistema escolar, se recomienda aumentar el umbral de alumnos prioritarios del 15% al 50%.

También se recomienda incorporar nuevos criterios, como revinculación o necesidades educativas especiales (pasaría al segundo nivel de prelación), con prioridad para estudiantes ciegos, sordos y discapacidad motora. Pero también se recomiendan criterios de priorización voluntarios, pero con una lista cerrada: paridad de género, estudiantes prioritarios, de un mismo sostenedor o rendimiento académico. Con esto último nuevamente se abre paso para incorporar en alguna medida la selección, toda vez que la mesa recomienda que a partir de séptimo básico, los estudiantes pertenecientes al 5% de mejor desempeño de su establecimiento de origen (considerando las últimas dos generaciones) podrán tener prioridad a la hora de ser asignados en aquellos establecimientos con sobredemanda, sin necesidad de ser de Alta Exigencia, que incorporen este criterio voluntario.

“Se propone que el Mineduc estudie en profundidad durante el año 2025 las consecuencias, tanto positivas como negativas, de incorporar un criterio de priorización de cercanía del hogar o trabajo a la escuela”, cierra la segunda dimensión.

Uno de los elementos que ha estado sobre la mesa es que el SAE no garantiza coincidencia entre lo que quieren las familias y lo que buscan los colegios.

En tal sentido y ante la inquietud por la ausencia de mecanismos que permitan asegurar la adhesión de los postulantes a sus proyectos educativos, la mayoría de los miembros recomiendan fortalecer el conocimiento de los proyectos educativos y los reglamentos de convivencia por parte de las familias postulantes a través de instancias públicas y otras actividades similares. “Una mayoría de los miembros consideran que estas instancias de difusión debieran ser obligatorias para los establecimientos y que la asistencia a ellas debiera ser voluntaria para las familias”.

Una cuarta dimensión apunta a darle mayores atribuciones y autonomía a los sostenedores para atender casos excepcionales. Actualmente esta intervención es del Mineduc, por lo que la mesa recomienda descentralizar la toma de decisiones de este tipo de situaciones, sugiriendo que los directores de establecimientos tengan atribuciones para crear cupos excepcionales para resolver casos de ajustes críticos del proceso de asignación. Estos deben ser justificados y la medida, acotada, con tipos de situaciones identificadas en un reglamento del SAE.

Pero no lo es todo. La quinta dimensión aborda la usabilidad y legitimidad del sistema, cuya plataforma se recomienda evaluar y mejorar. “Asimismo, se sugiere establecer un chat, call center o aplicación especializada que opere durante el proceso de postulación a las escuelas”. Para ello, incluso, se sugiere el uso de Inteligencia Artificial (IA).

La mejora de las fases posteriores a la postulación central, como el ‘Anótate en la lista’, también es parte de las recomendaciones. Para esto se sugiere modificar ciertos criterios, como el radio de asignación a un establecimiento al cual no se postuló inicialmente para la etapa complementaria, o considerar como criterio de prioridad obligatorio a estudiantes en proceso de revinculación para el ‘Anótate en la lista’.

Más adelante, la mesa técnica recomienda en su séptima dimensión dar continuidad a las trayectorias educacionales y, en la octava parte, mejorar el proceso asociado al Reconocimiento Oficial e infraestructura. “Esto exige revisar los actuales requisitos que permiten ampliar los cupos existentes y evaluar si es pertinente flexibilizarlos por un tiempo acotado en lugares con escasez de oferta, que permita a los sostenedores hacer las inversiones necesarias para cumplir con las exigencias”.

Finalmente, la novena dimensión apunta a fortalecer la atención a la diversidad en el sistema escolar, y finalmente, en la décima, apunta al fortalecimiento de la institucionalidad del SAE. “La mayoría de la mesa recomienda someter al SAE a una evaluación externa, con una periodicidad de al menos 5 años, y que se ponga en marcha al tercer año tras la implementación de sus primeros ajustes y modificaciones”. A su vez se propuso crear un Consejo que vele por su buen funcionamiento y transparencia.