La tarde del 17 de abril de 2023, Ricardina del Carmen Ruz Cataldo llegó en su automóvil a la intersección de calle Los Avellanos con Los Peumos, en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins, abrió la puerta del conductor y lanzó al exterior a una gatita de color negro que aún mantenía su collar al cuello. Dos perros que estaban en la esquina comenzaron a perseguir al animalito, alcanzándolo a pocos metros del lugar mientras la mujer observaba la escena desde el vehículo. La gatita murió en el lugar.
Los hechos fueron denunciados días después ante la justicia tras un video de vecinos que registró los hechos. A más de un año, fue recién el pasado 19 de junio que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a la mujer como autora del delito consumado de maltrato animal con resultado de muerte. El tribunal la sentenció a 541 días de presidio, pero pudo acogerse al beneficio de la remisión condicional bajo la observación de Gendarmería por el mismo lapso. Es decir, cumplirá la pena en libertad. Además, se le sentenció a la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales y al pago de una multa de 10 UTM, unos $ 650 mil.
El caso de Ruz Cataldo forma parte de las 33 sentencias condenatorias por abandono o maltrato animal registradas por el Ministerio Público durante 2024, de un total de 3.032 denuncias de este tipo. Es decir, solo el 1,08% de estos casos terminó con condena. El resto se divide entre sentencias absolutorias (seis casos), sobreseimiento definitivo (65 casos), sobreseimiento temporal (nueve casos), suspensión condicional del procedimiento (79 procedimiento), facultad para no investigar (365 casos) y archivo provisional (2.135 casos), en rigor, casos que han quedado pausados hasta que se sumen nuevos antecedentes.
En 2023, las condenas por este tipo de casos cerró en 70, de un total de 5.885 denuncias, mientras que en 2022 fueron 50 condenas, de 4.645 denuncias a nivel nacional.
Según el subdirector jurídico de la Unidad de Delitos Económicos y Medioambientales de la Fiscalía Nacional, Andrés Salazar, con los años se ha registrado un aumento de denuncias por maltrato animal, en principio, por la visibilidad que ha dado al tema la promulgación en 2017 de la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida como ‘Ley Cholito’’. “Ello ha llevado a que la gente tome conciencia y se sensibilice sobre el tema”, afirmó Salazar.
En esa oportunidad, la legislación amplió el concepto de maltrato no solo a un tema físico, sino también a situaciones de abandono o descuido. Es más, según el subdirector, las principales causas de condenas han sido por casos de maltrato que han generado lesiones y también maltratos por omisión.
Aunque de todos modos esto pareciera no ser suficiente.
Organizaciones ligadas a la protección de animales han cuestionado la baja condena en las denuncias de maltrato animal, “lo que hace pensar que hay dificultades probatorias y de la investigación que se traducen en que los casos no llegan a tribunales (...); falta mejorar la investigación para estos delitos, lo cual implica contar con policías que conozcan el delito de maltrato animal, además de criterios unificados en cada fiscalía del país”, sostuvo el abogado de Fundación Abogados por los Animales (APLA), José Binfa.
Según Salazar -sin embargo-, estos resultados tienen una explicación más profunda.
“Al momento que ingresan denuncias por maltrato nosotros realizamos un proceso de falso-positivo con las denuncias recibidas, donde investigamos y nos damos cuenta de que no todas corresponden a maltrato animal, porque hay veces que la gente en su motivación de buena intención denuncia hechos que no caben dentro de lo que se considera maltrato”, señaló Salazar.
Lo anterior, sumado a que los casos que requieren de una investigación para despejar si es necesaria -o no- una condena “muchas veces son archivados o no continúan porque los denunciantes no se presentan a las audiencias, no presentan pruebas o simplemente desisten de la denuncia porque ven el proceso engorroso; conocen a la persona denunciada y prefieren evitar una discusión”.
Aunque Salazar reconoce deficiencias en los equipos regionales que investigan estos delitos, como la Brigada de Delitos del Medio Ambiente (Bidema), que actualmente no tiene cobertura nacional. “Los recursos del Ministerio Público son escasos y estos están en principio abocados a la lucha contra la violencia organizada. Ahora también debemos ver otros casos ligados a delito ambiental. Entonces, claro, es cómo organizamos”, mencionó.
Registro nacional de maltratadores
Si bien a la fecha existen 33 condenas por maltrato animal, desde el Ministerio Público señalaron que no todas han terminado con la pena máxima establecida por ley, que consta de 541 días a tres años de privación de libertad, además de una multa de 20 a 30 UTM.
¿La razón?: “En general, cualquier condenado que tenga irreprochable conducta anterior, que haya colaborado con la justicia en algún grado, puede tener un reproche bastante mínimo y no cumplir ni un día en la cárcel”, asevera Salazar.
Esta situación también ha sido cuestionada desde las organizaciones. “Existe la pena de inhabilidad para la tenencia de animales, la cual actualmente no se cumple y es necesario buscar formas para que sea efectiva”, recalcó Binfa.
Ante eso, la diputada Carolina Marzán (PPD) ha impulsado un proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Condenados por Maltrato Animal que “permitirá que las personas condenadas por este delito no puedan compartir nunca más con un animal ni tampoco puedan generarle dolor y tortura a otro ser sintiente”, dijo la diputada.
