Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo: “Los extranjeros están cambiando la forma de convivir en las cárceles: son más crueles y decididos”

Es, quizás, el más técnico de las autoridades que componen el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón (PC), además, dice que no carga con lo que pueda pensarse que es un complejo para su sector. “Si hay problemas en seguridad, tenemos que hacernos cargo”, advierte.

Justamente ese tema se transformó en una preocupación para el gobierno, en todos los niveles, y los delitos intrapenitenciarios también aparecieron como un factor relevante. Más, cuando el juez Fernando Guzmán descubriera la existencia de extorsiones y amenazas a los internos -en su mayoría, imputados primerizos- del penal Santiago Uno por parte de un grupo de experimentados reclusos extranjeros.

¿Cómo se enteraron de lo que descubrió el juez?

Nosotros conocimos de esto a través de las comunicaciones que mantenemos con el Poder Judicial. Recibimos permanentemente los informes que hacen tanto los tribunales de garantía como los informes o las visitas de los informes que hacen los fiscales judiciales, ambos tienen las facultades de hacer estos informes, de hacer estas visitas intempestivas y realizar informes que nos permiten conocer situaciones, muchas un poco más límite.

¿Han detectado situaciones similares en otros penales?

Tenemos distintos tipos de delitos que están cometiendo estas bandas organizadas, o estas bandas de crimen organizado. Entre otros, por ejemplo, la extorsión a los propios internos y la comisión de delitos desde los establecimientos penitenciarios hacia el exterior, que puede ser de múltiples tipos. También la internación de drogas a los establecimientos penitenciarios, la internación de otros artefactos ilícitos, por ejemplo, equipos celulares y ciertos artefactos , armas blancas principalmente. Por ahora no hemos tenido antecedentes de otro tipo de armas que no sean armas blancas, pero estamos viéndolo con mucha atención y afinando las coordinaciones con la Inteligencia intersectorial, es decir, con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Se iniciaron sumarios por este caso?

Yo le instruí personalmente al director de Gendarmería, Sebastián Urra, que iniciara todas las investigaciones, porque también tenemos que ver si hay algún tipo de colaboración u otro tipo de anuencia por parte de los propios gendarmes.

¿Colaboración entre los gendarmes y los reos?

Claro, por cierto, y saber qué está ocurriendo, qué está permitiendo que pasen este tipo de situaciones al interior de los establecimientos penitenciarios. Eso es algo que lo vimos con el director de Gendarmería y queremos ser muy estrictos: no queremos que esto ocurra. Lo hemos conversado con los gremios también, porque sabemos que las personas que trabajan en Gendarmería realizan una función muy compleja, en condiciones muy difíciles, y ahí también le hemos planteado que dentro de nuestro plan está trabajar en mejorar sus condiciones laborales.

¿Los reos extranjeros han cambiado los modus operandi en la manera de operar en los penales?

Sí, eso es algo que estamos viendo con mucha dedicación. Están cambiando la forma en que se convive en los penales.

¿Qué diferencias ve?

Tienen más organización, son mucho más desinhibidos, mucho más crueles, más decididos. Son bastante diferentes y eso estamos estudiando. Dicho eso, nosotros tenemos que evitar la estigmatización de las personas extranjeras, siguen siendo menos que los condenados o detenidos chilenos. Eso hay que dejarlo claro.

Una de las cosas que ayudaron a que esto ocurriera es que imputados extranjeros cayeran en módulos con muchos primerizos. ¿Ese protocolo se modificó?

Es que uno de los problemas que hay hoy es la clasificación penitenciaria para que no redunde en la seguridad. Si un extranjero cae detenido, hay que ver si en su país de origen tiene antecedentes previos, y si es así, no sería primerizo. Sin embargo, Gendarmeria no cuenta con esa herramienta, pero estamos generando los convenios con las autoridades nacionales y extranjeras para que nos permitan tener esa información y al momento de que el reo entra al penal sea posible clasificarlo de acuerdo a su tipo de peligrosidad.

¿Y cómo lo harán mientras se materializan esos convenios?

Estamos haciendo un seguimiento particular. Mientras esos convenios no estén andando, lo que estamos haciendo es poner en observación a estas personas para ver qué tipo de comportamiento tienen y, con ello, clasificarlas. Estamos construyendo una metodología, porque esa información no está. Este es un problema que lleva varios años y no entendemos por qué no se había resuelto previamente. Para nosotros es fundamental que los establecimientos penitenciarios no sean escuelas del delito y, para eso, hay que evitar que personas con alto compromiso delictual contaminen al resto.

Durante este año el gobierno inaugurará un nuevo recinto penitenciario. Se trata de un proyecto en la Región del Maule, el cual está siendo construido hace ya más de cinco años, el cual, según Gajardo, tendrá una capacidad para cerca de mil internos.

¿Cómo se soluciona el problema de la sobrepoblación? Hay cárceles con un 180% más de reos a los que tienen que estar ahí.

Tenemos 80 establecimientos penitenciarios a lo largo del país, y de esos, en 32 hay sobrepoblación. La última información que teníamos es que hay un 93,7% de ocupación a nivel nacional, por lo que tenemos un plan de urgencia que busca lograr tener más capacidad en el sistema penitenciario. Para ello estamos prontos a inaugurar la remodelación de dos establecimientos: la cárcel de San Joaquín, que tiene una remodelación que nos va a permitir aumentar 500 plazas más para las mujeres y, por ende, dar una mejor condición a la población femenina. Luego, hay otro establecimiento que vamos a inaugurar prontamente y que también es fundamental para lo que estamos haciendo, que es la remodelación que se hizo a los establecimientos penitenciarios de Alta y Máxima Seguridad que están en el complejo penitenciario continuo a la ex Penitenciaría. A eso se sumará el recinto de La Laguna, en el Maule.

¿Ese recinto es estatal o concesionado?

Es estatal y ahora lo que tenemos que definir es cómo se puede operar.

Ahí hay un punto, porque el borrador de la nueva Constitución dice que sólo el Estado podrá ejecutar el cumplimiento de penas: ¿En qué pie los deja que no se puedan construir más cárceles concesionadas?

Nosotros como órgano de gobierno respetamos mucho el proceso constituyente, el cual ha sido fundamental para resolver de forma democrática las diferencias que tenemos. Ahora, nosotros tenemos que cumplir la Constitución vigente, y si la nueva Constitución nos dice que tenemos que cumplir lo que allí dice sobre las cárceles tendremos que actuar en esa competencia.

Pero por lo que se ha podido ver del tema carcelario, ¿le parece una buena idea?

Más allá de lo que a mí me parezca, el mandato es cumplir la Constitución y las leyes.

¿Las cárceles concesionadas son una ayuda para que el Estado no se tenga que hacer cargo de inversiones tan costosas como la construcción de una cárcel?

Yo creo que hay distintos momento. Las cárceles concesionadas permitieron levantar infraestructura, quizás, cuando el Estado no tenía los recursos suficientes. Dependiendo del tamaño, una cárcel es como hacer un estadio de fútbol, son más de $ 10 mil millones. Es una obra cuantiosa, pero tenemos que hacer la diferenciación: hay cosas que funcionan mejor en una cárcel concesionada que en una estatal, como la salud, pero también tienen deficiencias, como los índices de reincidencia, donde no ha funcionado muy bien. Ahí los privados no lo hacen mejor que el Estado, pero más que un tema de principios, se necesita evidencia concreta y en ese balance estamos trabajando.

¿El cierre de Punta Peuco es una posibilidad?

Nosotros estamos evaluando lo que necesitamos para nuestro sistema penitenciario y que no existan cárceles donde se vea la posibilidad de un privilegio, y ahí lo que tenemos que evaluar es que todos los sistemas penitenciarios en su conjunto nos están permitiendo resolver los problemas que tenemos.

¿Y darle otro uso, es decir, derivando a delincuentes comunes a ese penal?

Estamos evaluando todas las situaciones, readecuando los recintos penitenciarios. Siempre ocurre que todos quieren que readecuemos los penales, se hagan más cárceles, pero nadie quiere una cárcel cerca.