Después de la salida del abogado chileno, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch (HRW) tras casi 30 años como director de la división de América, Tamara Taraciuk, quien llegó a la organización como becaria en 2005, asumió el cargo de forma interina, mientras avanza el concurso que definiría en los próximos meses al nuevo sucesor en el cargo.
Desde Uruguay, la abogada que nació en Venezuela y se crió en Argentina señala en conversación con La Tercera “que aunque cambien las caras de la institución seguimos trabajando con la mayor responsabilidad de antes. Vivanco nos deja con la tarea de seguir avanzando en temas de Derechos Humanos”.
¿Cuál es la situación actual de los DD.HH. en América Latina? ¿Hay un retroceso en la región?
Sí, en los últimos años estamos viendo un retroceso bastante alarmante en libertades fundamentales. Estamos ante algunos de los desafíos más grandes en temas de DD.HH. en muchísimo tiempo, lo que se evidencia obviamente en los ejemplos más extremos como Nicaragua, Cuba, Venezuela, pero incluso en otros países donde hay gobiernos que llegaron al poder después de elecciones libres y una vez que asumen, hacen caso omiso a las garantías más fundamentales de la democracia. Espacios democráticos que nos costó mucho conseguir en América Latina y estamos dando un paso más atrás, incluyo desde México con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Nayib Bukele en el Salvador y Jair Bolsonaro en Brasil, un abanico de ideologías que siguen el mismo libreto autoritario. También nos preocupa la pandemia y la situación migratoria en la región.
Entre los desafíos que menciona, ¿se encuentra el auge de populismos y de extremos políticos?
Sin duda, el populismo autoritario es una de las grandes amenazas que enfrentamos en la región. Es importante resaltar que aquí no es un tema sobre de ideologías. López Obrador y Bolsonaro vienen de ideologías políticas opuestas y siguen el mismo tono populista autoritario, donde atacan a la independencia de los jueces, al periodismo independiente y a la sociedad civil.
Desde 2019, la región vivió una serie de estallidos sociales y luego se sumó la pandemia. ¿Cómo afectó las libertades civiles?
La pandemia ha sido una causa de múltiples problemas de DD.HH. en la región. Para algunos gobiernos más autoritarios ha sido una gran excusa para adoptar medidas que restringen derechos, restricciones que posiblemente hubieran tomado igual sin el virus. Esto lo vimos en El Salvador o Venezuela, donde se utilizó la salud pública para evitar manifestaciones. Además, quedó en evidencia la ignorancia atrevida de algunos gobernantes que pusieron en riesgo la salud y hasta la vida de los ciudadanos, como ocurrió en México, Brasil y Nicaragua, donde los gobiernos ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La pandemia también deja estragos en los derechos económicos y desigualdad, el ejemplo más claro es el acceso a la educación.
Nicaragua vive una de las más recientes crisis política y social en la región, ¿Hay legitimidad en el gobierno de Daniel Ortega?
En Nicaragua hay una dictadura porque es un gobierno que no se originó en elecciones libres que hayan sido reconocidas por observadores internacionales. Es un gobierno que ejerce el poder con absoluta brutalidad. Antes de los comicios se detuvieron a más de 40 opositores y en este mes están realizando los juicios que violan todas las garantías del debido proceso.
Uno de los focos de tensión regional es la crisis migratoria venezolana con la salida de más de 6 millones de personas, lo que ha puesto a prueba la respuesta a la región generando en Colombia y Chile una tensión a los servicios públicos y un alza de protestas antiinmigración...
Hay que resaltar que estos venezolanos no se están yendo de su país por gusto, por placer o decisión, sino que son expulsados por una crisis económica, política, y de DD.HH., lo que genera un enorme desafío para los países de acogida más aún en pandemia. La migración irregular en cualquier lugar del mundo multiplica los problemas porque estas personas, al no tener un estatus legal, se ven perjudicados en el acceso a la salud, a la educación de los niños, trabajar legalmente y esto genera mayor explotación laboral y casos de trata sexual que hemos documentado en distintos países. La regularización es una solución para todos estos problemas y vemos con enorme preocupación los actos de xenofobia que hemos visto en varios países de la región, por lo que hay que impulsar una respuesta regional.
¿Cómo evalúa la reciente Ley Migratoria de Chile?
La Ley de Migraciones acaba de comenzar a regir después de la publicación del reglamento y la estamos evaluando todavía. Tiene algunos aspectos positivos, como que no trata como un crimen el ingreso por pasos no habilitados. La experiencia del año pasado en Chile fue muy preocupante en materia de expulsiones con deportaciones arbitrarias de venezolanos que se llevaron a cabo sin el debido proceso como sentenciaron los tribunales chilenos. El otro punto muy preocupante, era la postura de las autoridades de, a veces, meter en la misma bolsa a quienes eran deportados por haber cometido un delito y a los que ingresaron irregularmente. Esto lamentablemente contribuye a este clima de xenofobia contra la migración.
¿Cómo recuerda su último paso por Chile en octubre de 2019?
Fui parte de la delegación que investigó y documentó las violaciones de DD.HH. por Carabineros, que conllevó un informe. En ese viaje tuvimos buena colaboración por parte de las autoridades para hacer nuestro trabajo. Recibimos y documentamos muchísimas denuncias de uso excesivo de la fuerza en las calles, abusos contra detenidos, golpizas, incluyendo abusos sexuales que son hechos gravísimos que deben ser investigados. Una de las grandes cuentas pendientes sigue siendo las reformas estructurales a Carabineros que permitan un sistema disciplinario independiente para investigar los casos de abuso y modificaciones a los protocolos en el uso de la fuerza.
Chile decidió tener una nueva Constitución mediante una Convención Constituyente ¿Cómo ve los pasos de la sociedad chilena?
Para tener un contexto, en América Latina hubo estallidos sociales y represión policial en muchos países en los últimos años. En paralelo, enfrentamos en la región varias elecciones presidenciales, por ejemplo, en Perú, donde hubo un enorme desafío a la institucionalidad democrática después de las elecciones presidenciales cuando Keiko Fujimori, se negó a reconocer los resultados. Está por verse qué es lo que ocurre en Brasil este año con las elecciones presidenciales, porque Bolsonaro ya ha hecho denuncias infundadas de fraude electoral y de problemas en la consigna electoral. En este contexto regional, la elección de una Convención Constitucional y las elecciones presidenciales en Chile fueron una manera democrática de resolver las deudas que dieron lugar al estallido social.
