Más allá de las aprehensiones que producen, respecto a la privacidad de los legisladores y autoridades, muchos son los países donde los políticos han optado por realizarse test de drogas: en algunos casos, en miras a descartar sus relaciones con el narcotráfico -aunque no es necesario drogarse para involucrarse en él-, otras veces para demostrar “integridad moral”, y otras como respuesta al desafío de otro candidato en un debate.
La semana pasada en Valparaíso, el Congreso aprobó una ley que le exige a los legisladores de la Cámara Baja un test de pelo para detectar si han usado o no drogas. Su aplicación será semestral, y comprenderá a todos los diputados, sin excepción, de manera aleatoria. Como es por sorteo, no todos los legisladores se van a testear cada seis meses, pero sí tendrán que al menos pasar por el control dos veces en cuatro años.
Desde ya, estos sorteos y sus resultantes test serán privados, se harán de forma reservada y estarán bajo la normativa de protección de datos de carácter personal.
Por “integridad moral”
“En el Parlamento corre la cocaína, no decirlo sería negar la realidad”, señaló en 2008 el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Carlo Giovanardi. Ahí, una iniciativa similar a la chilena tuvo lugar el año siguiente, pero le antecedió un curioso incidente. En 2006, el programa La Iene (La hiena), el “Caiga quien caiga” de la península, anunció haber hecho una investigación sobre el consumo de drogas entre los parlamentarios. Esta pesquisa, por lo demás, no había contado con el consentimiento de los legisladores, y había utilizado un engaño para aplicarse: a las puertas del Parlamento, un supuesto periodista tomaba a los políticos, y con la excusa de grabarlos, una maquilladora les pasaba un paño en la cara.
Los productores del programa habían utilizado un drug wipe, afirmaron, que absorbe el sudor de la frente, y que según Davide Parenti, el jefe del show, tenía un índice de fiabilidad del 100%. El resultado: de los 50 parlamentarios que cayeron en la trampa, 16 habían consumido algún estupefaciente en las últimas 36 horas: 12 dieron positivo en marihuana, y 4 en cocaína. En ese tiempo, los políticos presionaron a la Autoridad Garante de la Intimidad para que el programa no se emitiera: al final, nunca se supo quien dio positivo.
Tres años después, fueron los diputados y senadores del Parlamento italiano los que, en busca de demostrar su “integridad moral”, acordaron someterse a un test antidroga. Todo esto, luego de que el presidente de la región del Lazio, Piero Marrazzo, dimitiera al publicarse un video privado, con una prostituta, en el cual se notaba la “aparente presencia de sustancias estupefacientes”. Como reacción a esto, el subsecretario Carlo Giovanardi les propuso a los legisladores las oficinas del departamento para la política antidroga.
En las elecciones presidenciales de mayo pasado en Filipinas, un fenómeno particular tuvo lugar: voluntariamente, y con apurado entusiasmo, los candidatos a presidentes y vicepresidente publicaron uno tras otro distintos test negativos por drogas. Incluso, algunos políticos llegaron a posar frente a la cámara con las pequeñas botellas transparentes que contenían sus muestras de orina.
El pistoletazo inicial de la inusual carrera lo dio el 18 de noviembre el Presidente Rodrigo Duterte, en el momento que acusó -sin dar nombres- a uno de los candidatos de usar drogas: “Tenemos a un candidato presidencial que está en la cocaína... hijo de padres ricos”. Al día siguiente, un portavoz de Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. respondió diplomáticamente, señalando que el candidato “no se sentía aludido”, y que solo tenía “el mayor de los respetos hacia el presidente”.
El mensaje no fue suficiente, y el 23 de noviembre, Marcos Jr. anunció en un comunicado que se había hecho voluntariamente un test por cocaína, mandando sus resultados a la agencia nacional antidrogas. El hijo de una de las parejas dictatoriales más ricas del siglo XX declaró: “Realmente no creo ser aquel a quien se aludía. Más allá de eso, creo que es mi deber inherente como aspirante a un cargo público, el de asegurar a los filipinos que estoy en contra de las drogas ilegales”.
Esa misma semana, Pánfilo Lacson y su candidato a vice, Vicente Sotto III, aparecieron con la mencionada foto con sus muestras de orina, y de ahí les siguieron Francisco Moreno y Willie Ong, con similares registros. El candidato oficialista, Bong Go, declaró su voluntad de hacerse el test. Finalmente, el excampeón mundial de boxeo Manny Pacquiao subió a las redes sociales su test más reciente, con el correspondiente resultado negativo.
En España, un test mucho más amplio se propuso en 2018. En ese entonces, el representante del partido valenciano Compromís, Carles Mulet, planteó realizar un test de drogas, alcoholemia y explosivos a las personas que entraran alSenado. Sin embargo, la misma cámara había rechazado la propuesta, argumentando que podía ofender la “dignidad” de los senadores.
En otro extraño incidente, la iniciativa resucitó dos años después, cuando el mismo Mulet le discutía a Santiago Abascal, el diputado de Vox, por sí acaso iba armado al Congreso. Esto, porque el líder del partido de ultraderecha sí había confirmado portar armas, aunque no en el edificio legislativo. Por su parte, Abascal le respondió señalando que estaba dispuesto a control de maletas y maletines, y que “es más, viendo a los socios del gobierno de (Pedro) Sánchez y (Pablo) Iglesias, creo que convendría que todos pasen un control de armas y explosivos. Sería bueno también un control antidroga a los diputados antes de acceder al pleno”. Pero más allá de las acusaciones y tuits, no hubo tests ni de orina ni de pelo.
Otra figura conocida de la ultraderecha europea, el húngaro Viktor Orbán, impulsó en 2014 la iniciativa de un test de drogas, no solo para los políticos sino también para los periodistas. “Políticos, periodistas y aquellos en posiciones de confianza pública deberían ser incluidos, porque es claro que aquellos que no se puede confiar en quien consume drogas para que las combata”, señaló el primer ministro del país europeo. Un compañero de su partido, Fidesz, llegó a sugerir controles anuales para los adolescentes entre 12 y 18 años, sin que la idea llegara a puerto.
Una iniciativa similar a la chilena, y que sí tuvo éxito, se aprobó en Bermudas en 2000. En ese entonces, los parlamentarios de la isla aceptaron realizarse tests al azar dos veces al año. Los controles ya formaban parte de una costumbre en la isla de 63 mil habitantes, ya que se requerían controles al azar a trabajadores del sector público de la isla, como los oficiales de policía, los trabajadores de aduanas y los choferes de bus.
