A pesar de que alberga a menos del 10% de la población etíope -de unos 109 millones de personas- Tigray es una de las regiones más prósperas del país.
Aunque sus miembros no son la etnia mayoritaria del país, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) ha gobernado Etiopía los últimos 27 años, liderando la coalición gubernamental de fuerzas regionales, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF). El importante papel que tuvo en la caída del régimen comunista de Mengistu Haile Mariam en 1991 y el liderazgo que adquirió en la guerra con Eritrea (1998-2018) le sirvió para ubicar continuamente a un tigriño en los cargos políticos y económicos del país africano.
La oleada de protestas iniciada en 2015 y liderada por los oromo y los amharas -las dos principales etnias- forzó en 2018 la renuncia del entonces primer ministro, Hailemariam Desalegn, y el nombramiento de Abiy Ahmed, quien tras su llegada al poder refundó el EPRDF como el Partido de la Prosperidad (PP) y del que se desvinculó el TPLF.
Desde entonces, las acusaciones desde la capital etíope de Adís Abeba a Tigray y viceversa no han parado, con la complejidad de que tanto el gobierno estatal como el regional tienen a su disposición fuerzas armadas leales a su causa. La ONG Crisis Group calcula que hasta 250.000 efectivos sirven al TPLF.
En 2020, Etiopía iba a celebrar sus primeras elecciones generales bajo una democracia plena, un plebiscito al mandato de Abiy, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2019. Sin embargo, la pandemia obligó al gobierno a cancelar los comicios de agosto y no anunció otra fecha.
El TPLF no aceptó esto y tomó la decisión de celebrar sus elecciones regionales en septiembre pese a las recomendaciones sanitarias, y de no reconocer como legítimo el gobierno de la capital después del 5 de octubre, fecha en que teóricamente terminaba el mandato de Abiy.
El 4 de noviembre, el primer ministro de Etiopía ordenó una ofensiva armada contra el TPLF, rápida y centrada en objetivos concretos. A fines de noviembre, Adís Abeba anunció la toma de la capital tigriña, Mekelle, esperando poner fin a las hostilidades. Luego de los enfrentamientos armados, el gobierno federal declaró un estado de emergencia de seis meses. Pese al anuncio del fin oficial de las operaciones militares el 28 de noviembre de 2020, el conflicto está más vivo que nunca.
El TPLF -designado como organización terrorista por el gobierno etíope- anunció hace unos días que sus fuerzas continuarán luchando hasta el final. Al mismo tiempo, siguen publicándose informes sobre masacres, violaciones a mujeres y hambruna en la región de cerca de siete millones de habitantes. En febrero, 800 personas fueron asesinadas durante una masacre en Aksum, cuando centenares de civiles que huían del conflicto decidieron refugiarse en la iglesia cristiana de Santa María de Sión.
Crisis humanitaria
Aunque la comunidad internacional exige entrar en Tigray a constatar las atrocidades que están ocurriendo, Adís Abeba rechaza la “injerencia extranjera” y asegura que no han muerto civiles. La Unión Europea suspendió en enero un apoyo de más de US$ 107 millones para Etiopía hasta que las agencias humanitarias tengan acceso a las personas que necesitan ayuda. Esto ha llevado a que “más de dos millones de personas en la región” sufran de “necesidades alimentarias”, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
Sin embargo, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo esta semana que hasta casi cinco millones de personas necesitan ayuda humanitaria y un 91% requiere asistencia alimentaria. “Muchas personas han empezado a morir realmente por hambre, y la malnutrición grave y aguda está desenfrenada”, aseguró.
Adhanom añadió que la violación de mujeres “está desenfrenada”. “No creo que de hecho hubiera esa escala en cualquier lugar en el mundo”, resaltó. “La situación en Tigray es horrible, muy horrible”, declaró.
Una declaración internacional conjunta emitida el 23 de abril, el “Llamado a la acción sobre la violencia de género”, expresó preocupación por los informes persistentes sobre violencia de género, incluida la violencia sexual, en la región de Tigray. El texto destaca los “desafíos para acceder a un refugio seguro, servicios de salud, apoyo psicosocial, manejo de casos, protección por parte de las fuerzas del orden y el sistema judicial en general”, y pide una priorización de la prevención y respuesta ante la violencia de género por parte de los socios humanitarios.
Según denunció en febrero la Comisión Etíope de Derechos Humanos, una institución semiautónoma que responde ante el Parlamento, más de 100 mujeres habían sido violadas “en los últimos dos meses” en la guerra que estalló en la región de Tigray.
Aunque por temor al estigma y las represalias no se informa como debería, al menos 22.500 sobrevivientes de violencia sexual buscarán gestión clínica en los próximos meses, y sólo el 29% de los establecimientos de salud están parcialmente disponibles para prestar esos servicios en la región.
La falta de apoyo psicosocial y de salud mental integral para las sobrevivientes de violencia de género también es motivo de preocupación, ya que sólo el 7% de los recintos de salud tiene la capacidad total para entregar primeros auxilios psicosociales.
La calculadora de servicio inicial mínimo para entornos humanitarios estima que alrededor de 101.982 mujeres están embarazadas en la zona actualmente, y 5.099 experimentarán complicaciones con un mayor riesgo de mortalidad en los próximos meses.
Médicos Sin Fronteras también ha advertido sobre los “niveles alarmantes de desnutrición en niños, mujeres embarazadas y lactantes” en la zona noroeste de la región. Algunas zonas a las afueras de las ciudades de Shire y Sheraro ya muestran niveles de desnutrición aguda, “por encima del umbral de emergencia”.
Aunque ha habido avances humanitarios, el acceso a las poblaciones afectadas sigue siendo limitado, con 141 de 198 hospitales y centros de salud parcial o totalmente dañados. Los servicios de salud en los sitios de desplazados todavía se entregan a través de los equipos de salud móviles de ONGs internacionales, donde y cuando la seguridad lo permita, con atención de salud reproductiva y tratamientos para enfermedades crónicas.
Los sistemas de derivación, en tanto, son deficientes o inexistentes, especialmente debido a que el 70% de las ambulancias de la región han sido saqueadas. El saqueo y vandalismo de las instalaciones de salud ha provocado una escasez crítica de medicamentos esenciales como antibióticos, pastillas anticonceptivas y terapia antirretroviral para pacientes con VIH.
De acuerdo con Amnistía Internacional, “miles de civiles han muerto, cientos de miles de personas han sido desplazadas internamente dentro de Tigray y 63.000 refugiados han huido a Sudán” desde que estalló el conflicto. La organización humanitaria Save the Children denuncia que unos 5.000 niños han sido separados de sus familias en la región norteña desde noviembre de 2020.
Los más de seis meses de conflicto han provocado el desplazamiento interno de 1,7 millones de personas y daños generalizados en las instalaciones de salud y los servicios básicos, lo que ha dejado a 4,5 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria, según cifras de la Oficina Regional de Trabajo y Asuntos Sociales.
Como si no fuera suficiente, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios identificó en las últimas semanas artefactos explosivos sin detonar en varios lugares de Tigray, y ya está trabajando para removerlos y sensibilizar a la población al respecto. Todo ello, mientras Etiopía enfrenta una pandemia que ha tenido un severo efecto socioeconómico en el país.
