El Consejo para la Transparencia iniciará investigaciones sumarias contra 17 organismos públicos, tras detectar eventuales vulneraciones a la Ley de Transparencia, en materia de entrega de información que había sido solicitada por la ciudadanía.
Del total de reparticiones, esta semana ya fueron notificadas las primeras tres, que corresponden a las subsecretarías de Interior, Salud Pública y Redes Asistenciales.
De acuerdo a la información que consta en las notificaciones, las presuntas faltas se originaron entre marzo de 2020 y abril del presente año y, en su mayoría, corresponden a solicitudes de datos que no fueron respondidas o amparos elevados al Consejo de Transparencia que no tuvieron cumplimiento.
En el caso de la Subsecretaría del Interior, se registraron 61 solicitudes de acceso a la información no contestadas dentro del plazo correspondiente, es decir, 20 días hábiles, que, además, consideran una prórroga de extensión por 10 más. A ello se suma que en 25 amparos presentados por las personas que requerían información, la entidad no presentó descargos.
En el caso de la Subsecretaría de Salud Pública, no se respondieron a tiempo 167 solicitudes y 149 amparos. Y en el caso de Redes Asistenciales, fueron 64 las solicitudes fuera de plazo y 74 amparos no atendidos correctamente.
A partir de lo establecido en Ley de Transparencia, el consejo puede sancionar a los jefes de los servicios, y en el caso de los ministerios, solo a los subsecretarios. Y, dependiendo de los hallazgos de la investigación sumaria, los encargados de las reparticiones pueden recibir multas que fluctúan entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, establece que con esta acción “estamos recordándoles a todas las instituciones publicas que aquí ningún derecho puede quedar postergado, menos el acceso a la información pública. Pese a que estamos en un estado de excepción constitucional, hay derechos que deben responderse”.
Respecto de la temática de las solicitudes, De la Fuente aclara que “son muy sensibles a las coyunturas que enfrenta nuestro país. Por ejemplo, este año los organismos más requeridos de información son los que tienen relación con el control de la pandemia. Lo habíamos visto antes, en el estallido social, con solicitudes a las Fuerzas Armadas, Carabineros y Subsecretaría del Interior”.
La presidenta del Consejo para la Transparencia explica que “el año pasado ya habíamos iniciado una investigación sumaria, también por incumplimiento de la Ley de Transparencia, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y otra a la Subsecretaría de Salud Pública durante 2019. Como nos dimos cuenta de que había solicitudes que se respondieron fuera de plazo, decidimos ampliar esas investigaciones a partir de marzo de este año. Con la investigación sumaria buscamos establecer los hechos y dónde están ocurriendo los incumplimientos e irregularidades”.
Reacciones
En los próximos días serán notificadas las restantes instituciones que también estarían incumpliendo la normativa, que permite a las personas requerir, directamente y sin intermediarios, la información que estimen conveniente de los servicios, para conocer detalles de su quehacer, el funcionamiento de sus programas, avances y cumplimientos de sus presupuestos, o las decisiones que se adoptan en el aparato público, entre otras materias. Y si esta se enmarca dentro de los parámetros que la norma estipula -salvo que exista un motivo de secreto o reserva- debe ser entregada.
Tras ser notificados de la indagatoria, desde la Subsecretaría de Interior declararon que “ha causado sorpresa y extrañeza”, ya que “se corroboró que todas las solicitudes de acceso a la información comprendidas en el oficio recibido fueron contestadas por la subsecretaría y no hay ningún procedimiento pendiente ante el Consejo para la Transparencia”.
Mientras, desde las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales manifiestan que “es importante destacar que en el marco de la pandemia por Covid-19, el Ministerio de Salud y sus funcionarios han concentrado sus labores en atender los requerimientos extraordinarios generados por esta situación de emergencia que enfrenta el país, y que se extiende por más de un año. Esto ha implicado una reestructuración de las funciones para dar respuesta a las necesidades que se han generado en materia sanitaria, lo que se ha visto acompañado de un importante incremento en las solicitudes de acceso a la información”.
