Tras los pasos de la CAM: en qué está el movimiento de Llaitul que radicalizó los ataques en la zona roja

Cuando C.E.C.F. (28) fue encañonado se encomendó a todos sus “santos”. Eran las 20:30 del 4 de septiembre de 2017 y mientras transitaba por el camino principal, en el sector Pumalal, tras las faenas de Forestal Mininco, en el fundo “La Envidia”, fue abordado por cinco sujetos encapuchados y con armas largas. “¡Bájate ahora!”, le gritaron.

Acto seguido, según quedó registro en la declaración judicial, se seguiría con un ritual, casi una coreografía de los ataques que son reivindicados por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en la zona: a C.E.C.F. le quitaron el celular, le dijeron que esto no era contra él, que no los mirara a la cara y que se fuera sin retroceder ni mirar atrás. “Hermanito, camina para adelante , esto a ti no te incumbe, ¡ándate!”. Minutos después, el camión que conducía y otros siete vehículos ardían en medio de llamas provocadas por los encapuchados que, según la descripción de las víctimas, eran altos, jóvenes y uno de ellos de ojos claros.

El ataque fue reivindicado por el grupo que históricamente ha sido liderado por Héctor Llaitul, la CAM, y que en estos días ha capturado la atención luego de que el viernes 9, en medio de un “acto de sabotaje”, uno de sus integrantes, Pablo Marchant, cayera abatido luego de que Carabineros repeliera el ataque a trabajadores de una faena forestal en Carahue en que uno de ellos resultó herido de gravedad.

En las horas posteriores a este hecho, en el que en un inicio se pensó que el fallecido era Ernesto Llaitul -hijo del líder de la CAM-, la organización mostró su poder de fuego, difundiendo imágenes de una guardia armada en el velatorio de Marchant y luego lanzando disparos al aire en su funeral. La acción causó preocupación y molestia en el gobierno, que se querelló y pidió a la fiscalía y policías intervenir. Lo cierto es que de las dos solicitudes de allanamiento que solicitó el Ministerio Público al tribunal de Traiguén, ambas fueron rechazadas por jueces que aseguraron que las imágenes difundidas por redes sociales no eran suficientes para decretar la medida intrusiva.

No pocos advirtieron el poder que aún mantiene Llaitul. Las policías, en tanto, alertaron del recrudecimiento de ataques en la denominada zona roja. Hasta hace algunos meses se planteaba desde las altas esferas investigativas que la CAM estaba siendo desplazada por grupos radicales más jóvenes, pero los organismos advierten de su vigencia y su autoría en la mayoría de los ataques en la Macrozona Sur.

Los investigadores a cargo de perseguir delitos de violencia rural identifican al menos cuatro organizaciones radicales. Ahí la más antigua es la CAM, a la que describen como una organización autonomista y que está en permanente confrontación con los procesos de inversión en el territorio. Esto, según detallan, lo hacen a través de sabotajes. Entre sus principales razones de lucha está la reivindicación de la tierra, exigiendo su devolución y la autonomía del pueblo mapuche. Además, dicen, la CAM opera a través de células que llaman “Órganos de Resistencia Territorial”, más conocidos como ORT, los que funcionan como grupos operativos integrados por un número reducido de personas que coordinan atentados a objetivos específicos.

Es liderada por Héctor Llaitul Carrillanca, quien pese a no tener ninguna orden de detención vigente, es para las policías quien ordena los ataques incendiarios con los integrantes operativos. Entre los actores más importantes sindicados por los investigadores están su hijo Ernesto Llaitul Pezoa (26), conocido como “el Nano”, y que mantiene varias causas judiciales por porte ilegal de armas; su sobrino Bastián Llaitul Vergara, detenido en marzo de 2013 en medio de un operativo de la PDI donde se capturó al comunero prófugo condenado por el ataque al fiscal Mario Elgueta, Ramón Llanquileo; Pablo Marchant Gutiérrez (29), quien falleció el 9 de julio pasado, y Patricio Antiago Millanao, condenado en 2017 a una pena de 541 días por tenencia ilegal de municiones.

Las mismas fuentes señalan que estas coordinaciones se realizarían a través de comunicaciones que se dan en forma presencial generalmente, ya que son más difíciles de rastrear. Asimismo, indican que los integrantes que participan en la operación -que en general son entre cuatro a seis personas- quedan al mando de un líder que es el que tiene la mayor experiencia operativa e instruye cómo y en qué momento atacar y cuándo retirarse.

Junto con esto, según información policial, tienen un proceso de entrenamiento que consiste en que los integrantes con mayor experiencia traspasan sus conocimientos a los demás. Así, les van enseñando cuáles son los mejores blancos de atentados, cómo deben realizar el traslado y concretar el ataque, y el manejo en el uso de armas e intimidación de las víctimas.

¿Cuáles serían sus objetivos? La CAM ha manifestado públicamente estar en contra de cualquier inversión capitalista instalada en su territorio que tenga un interés netamente extractivo de la tierra. Esto incluye a agricultores, centrales hidroeléctricas y forestales. En general, atacan a estas últimas y lo hacen mediante la quema de sus máquinas, camiones y faenas.

En su último comunicado del jueves pasado, reivindicaron la muerte de Marchant, detallaron cuáles fueron los 20 ataques que han realizado en la zona este año e hicieron un llamado a seguir luchando. En relación hasta dónde llega su influencia como organización, la CAM opera desde el Biobío hasta Los Ríos.

Otra de las organizaciones radicales que identifican los investigadores de estos hechos es la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML). Este grupo funciona en la zona costera y cerca de la cordillera de Nahuelbuta, en Arauco, Biobío. Su primera aparición pública fue el 13 de abril de año pasado, cuando se adjudicó un ataque armado en contra de civiles y Carabineros que se trasladaban por la Ruta P-72S, en Lleulleu, Tirúa. También lo hizo con la detonación de bombas en un auto con el fin de destruir el Puente Lleulleu.

Según antecedentes policiales, se compone de grupos violentos que operarían como crimen organizado, ligados a la comisión de ilícitos comunes, especialmente al robo de madera e infracción a la ley de armas. Respecto a cómo se organizan, no habría un mando vertical marcado como en la CAM y cuando atacan lo hacen de a cinco a 15 integrantes, encapuchados, armados y vestidos de militares. Entre sus motivaciones están las mismas que las de la CAM: recuperar la tierra y ser una nación independiente. Sin embargo, los investigadores estiman que buscan mantener el conflicto en la zona para cometer delitos comunes. Sus blancos son generalmente forestales, antenas de comunicaciones, casas de veraneo, además de autos civiles y policiales.

Entre los actores relevantes de este grupo que identifican las policías está Ramón Llanquileo Pilquimán, condenado por el ataque al fiscal Mario Elgueta en el sector Puerto Choque, en octubre de 2008. Fue detenido por este hecho en abril de 2009, junto a otras cinco personas, condena que fue ratificada por la Corte Suprema. Otro integrante, según la policía, es Ociel Santi Paine, quien fue detenido en febrero de 2013 por agredir a cuatro funcionarios de la PDI en Cañete, luego de un allanamiento a la casa de su familia. También figura entre los nombres el de Domingo Mariñán Millahual, quien en julio de 2019 fue aprehendido por Carabineros tras los disparos que el dueño de una parcela realizó en defensa propia en la localidad de Tranaquepe, en Arauco, dejando a un encapuchado fallecido. Mariñán terminó lesionado por un disparo en el tórax.

Una tercera agrupación que se conoce por parte de las policías es la llamada Resistencia Mapuche Malleco (RMM). La primera vez que se escuchó de ella fue el 30 de diciembre de 2011, mediante un lienzo en que se adjudicó el ataque a un helicóptero de la forestal Masisa, en Victoria. Se detectó que la mayoría de sus integrantes pertenecen a la Autónoma Temucuicui, de Ercilla. Uno de sus miembros, según los investigadores, es el werkén Jorge Huenchullán Cayul, a quien el 7 de enero de 2021 la PDI le incautó en su domicilio 500 plantas de marihuana, un revólver, cartuchos de diversos calibres, 12.705 gramos de cannabis sativa a granel y $ 4.110.000 en efectivo.

La RMM, según la policía, justificaría la comisión de delitos comunes con reivindicaciones históricas. Entre ellos, se detectan casos de robos de autos, domicilios y madera, además de abigeato, infracción a la ley de armas y tráfico drogas.

Los ataques de la RMM son realizados por entre seis a 10 personas durante la madrugada y actúan amenazando con disparar a sus víctimas. Incluso, estas señalan que los atacantes les han robado celulares, dinero, armas de fuego y vehículos, y luego les han quemado la propiedad. Los blancos más comunes de la agrupación son los fundos de los alrededores, capillas católicas y evangélicas, camiones, maquinaria forestal, puentes, sedes comunitarias, antenas y torres de alta tensión.

Una cuarta agrupación detectada es la Weichan Auka Mapu, más conocida como la WAM. Esta se dio a conocer en 2016 a través de dos comunicados públicos, en que señalaron que la resistencia defensiva es la forma para lograr el control territorial y la autonomía. Cometen ataques a blancos similares a los de la RMM (especialmente templos religiosos), habitualmente durante la noche y la madrugada, en grupos de a cinco a siete personas. Entre los nombres que suenan a las policías como presuntos integrantes de la WAM están Luis Tralcal Quidel y Marcio Millanao Mariñán, absueltos por el atentado a Tur Bus en 2009.