Turner vs. ANFP: la demanda que puede quebrar al fútbol chileno

La guerra entre la ANFP y Turner está al rojo vivo. Después de numerosas reuniones y negociaciones infructuosas por los partidos pendientes de 2019 y los meses sin fútbol de 2020, la empresa de televisión llevó a la sede de Quilín a un arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), proceso que se encuentra en pleno desarrollo. De hecho, ambas partes ya presentaron sus respectivas demandas, con argumentos muy contrapuestos y peticiones exorbitantes. Hay decenas de millones de dólares en juego, además de un histórico contrato que podría terminar abruptamente para dar paso a una nueva licitación.

El Deportivo investigó y logró recabar los principales detalles de este conflicto judicial, que tiene al ente rector del fútbol chileno enemistado con su mayor socio comercial. Se trata de una de las disputas más importantes que la asociación haya tenido que enfrentar a lo largo de su historia. Una batalla legal que marcará un antes y un después en su ya delicada relación con la cadena estadounidense.

Turner International Latin America (TILA), propietaria del CDF, actual TNT Sports, dio el primer paso en junio, cuando presentó una extensa demanda contra la ANFP en el despacho del juez árbitro Enrique Barros Bourie. En el escrito, la gigante norteamericana acusa a su contraparte de actuar de forma errática y de negarse a llegar a un acuerdo. Asimismo, enumera una serie de faltas e incumplimientos en las que habría incurrido durante los últimos años, y que le habrían ocasionado graves perjuicios económicos. En consecuencia, exige una indemnización de $ 44.750 millones, es decir, 51,7 millones de dólares, aproximadamente. Una cantidad que, de resultar condenada la sede de Quilín, podría llevar a la quiebra del fútbol chileno.

El reclamo central se sustenta en que la empresa no recibió el producto licitado, en relación a la cantidad de encuentros que se deben disputar por temporada. En el fondo, se acusa a la entidad presidida por Pablo Milad de no cumplir con los compromisos mínimos de programación estipulados en el contrato de licencia -firmado el 20 de diciembre de 2018- y que establecen un torneo con 16 equipos como mínimo y 30 semanas de partidos, durante al menos 10 meses.

Lo anterior se debe a que las últimas fechas de los campeonatos nacionales de 2019 fueron canceladas y no se jugaron, debido al estallido social; y a los cinco meses de inactividad de 2020, producto de la pandemia de Covid-19, período en que no se disputó fútbol profesional.

Pues bien, el gran argumento de Felipe Bulnes (exministro de Educación y de Justicia), Enrique Urrutia y Tomás Wolff, los abogados que representan a Turner, es que, según la interpretación que hacen de la cláusula 4.5 del acuerdo entre las partes, la ANFP se obligó por contrato a indemnizar a su socio, si uno o más partidos no se jugaban al término de un torneo relevante, cualquiera sea la razón. Es más, añaden que en la cláusula 5.2.1 del contrato, la sede de Quilín le garantiza al CDF que se jugarán todos los partidos de cada torneo comprendido dentro de los derechos de transmisión.

De esta forma, a juicio de la cadena estadounidense, la asociación habría renunciado a toda posibilidad de alegar causa fortuita o fuerza mayor, por lo que la pandemia ni la revuelta social del 18 de octubre de 2019 la eximirían de pagar los perjuicios ocasionados por la falta de partidos.

Justamente, el Canal del Fútbol alega que sufrió graves perjuicios económicos, principalmente, a raíz del no pago de los cableoperadores, consecuencia de la fuga masiva de suscriptores por la escasez de contenido. Según la estación, tuvo que llegar a acuerdos de urgencia con dichas empresas para poder recibir una parte de los ingresos pactados, ya que se encontraba en una compleja situación financiera por culpa de la falta de fútbol y la poca colaboración de la ANFP en llegar a un acuerdo.

Turner calcula que las fechas canceladas de los torneos nacionales del 2019 le causaron menoscabos por 10.322 millones de pesos. Mientras que los casi seis meses sin fútbol de 2020, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, le provocaron daños por $ 34.428 millones. De ahí la cantidad total que reclama en su presentación.

La sede de Quilín, representada por los abogados Gabriel Zaliasnik, Ariela Agosin, Carolina Escandón y Marco Moraga, presentó su contestación en agosto. En el documento, refuta las imputaciones de Turner y alega que las pérdidas del CDF se deben a “perdonazos” hacia los cableoperadores, debido a su incompetencia para negociar con ellos, razón por la que ahora pretende que la ANFP actúe como su “compañía de seguros”. Además, pone en duda los perjuicios que reclama la demandante, ya que argumenta que el consumo de fútbol aumentó durante los meses de encierro y cuarentena, por lo que la cadena se vio beneficiada, en vez de perjudicada.

Al mismo tiempo, expone una lista de nueve supuestos incumplimientos por parte de TNT Sports. Por ejemplo, la no transmisión de un partido por televisión abierta en cada fecha; la no transmisión de todos los partidos de la Primera B; falta de promoción y publicidad para los clubes y retraso en el pago de las cuotas mensuales. Por ello, exige una indemnización de $ 28.100 millones ( alrededor de US$ 32 millones). De ese monto, mil millones de pesos obedecen a daños morales, ya que la ANFP acusa a su contraparte de afectar significativamente la imagen corporativa de la asociación, al dejarla como “incumplidora”.

El ente rector del fútbol chileno sostiene que Turner parece vivir en una “realidad paralela”, en la que no hubo revuelta social, desórdenes ni invasión de barristas a los estadios, así como tampoco pandemia, cuarentenas y restricciones como el toque de queda. Por lo mismo, según expone la defensa de la asociación, resultaría imposible pretender culparla de todas estas eventualidades y los perjuicios que aquello le ocasionara al CDF, pues se trata de hechos de fuerza mayor en las que no tuvo nada que ver.

La ANFP argumenta que, pese a todos sus esfuerzos, el 29 de noviembre de 2019 se vio obligada a finalizar anticipadamente la temporada, debido a la situación de inseguridad que reinaba en Chile. Y enfatiza en la fecha de la decisión, ya que ocurrió solo nueve días antes de la fecha original de término del campeonato, por lo que la fuga de suscriptores que pudo sufrir la señal recién pudo producirse en ese momento y no cuando el estallido comenzaba. Respecto al abrupto final del Torneo Nacional 2019, Turner asegura que fue la propia negligencia de la ANFP, a nivel organizativo, la que impidió que el campeonato completara su desarrollo, más allá del clima social.

Por otro lado, la sede de Quilín esgrime que la pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2 suspendió eventos de nivel mundial e internacionales como los Juegos Olímpicos, la Copa Libertadores, la Copa América o la Eurocopa, ya que podían ser focos de contagio. En ese contexto, señala que el fútbol chileno no quedó ajeno a la situación, ya que las autoridades del país prohibieron la celebración de eventos deportivos de manera indefinida, mediante la Resolución Exenta N° 200, en marzo de 2020.

El reinicio del fútbol se produjo recién a fines de agosto del año pasado y fue comunicado por el presidente Sebastián Piñera. De esta forma, la defensa se pregunta si acaso el CDF pretendía que la ANFP quebrantara el estado de excepción e incumpliera las leyes gubernamentales, con el único fin de cumplir con el contrato comercial, para así evitar el posible pago de indemnizaciones.

La asociación destaca que, pese a la larga suspensión, se las arregló para dar término al Torneo Nacional 2020 en su formato largo original, más allá de que culminara en febrero de este año. De esta forma, no hubo partidos ni fechas canceladas, por lo que tampoco corresponde pagar por perjuicios.

Otro de los argumentos tiene que ver con cuál es el producto licitado. Zaliasnik y compañía sostienen que ambas partes suscribieron un contrato de licencia y no de producción de partidos. En otras palabras, afirman que lo que se adjudicó el Canal del Fútbol fue el derecho exclusivo de televisación sobre los torneos del fútbol profesional chileno, y no una cantidad determinada de partidos al año.

Por eso, la asociación refuta el reclamo de Turner de que no ha recibido el producto contratado, puesto que, según entiende la entidad presidida por Milad, el CDF no paga por fútbol en sí, sino por el derecho exclusivo a transmitirlo, además del acceso a una biblioteca de archivo que data de 2003; el uso de imagen, entrevistas, colaboraciones y varios otros elementos. Según expone la ANFP, estos derechos licenciados jamás se vieron afectados, ni durante el estallido social ni durante la pandemia.

El CDF rechaza todas las acusaciones. Asegura que nunca se ha atrasado en los pagos; que ha transmitido todos los partidos de la B, en vivo o en diferido; que si no transmitió un partido por TV abierta, durante el primer año de la concesión, fue porque los contratos que había firmado la ANFP, cuando era dueña mayoritaria del canal, seguían vigentes y se lo impedían. Además, denuncia que constantemente tiene que cambiar las programaciones porque los clubes a veces no quieren jugar de noche para ahorrarse la luz; así como también condiciones deplorables en diversos estadios que, incluso, han puesto en riesgo la integridad de los trabajadores de TNT Sports.

El litigio recién comienza y las partes involucradas admiten que será un proceso largo. Si bien el contrato de licencia se firmó por 15 años y dura hasta 2033, la delicada relación hizo que la ANFP le planteara a Turner terminar anticipadamente con el acuerdo, idea que no fue bien recibida por el conglomerado de televisión. Por lo pronto, se trata de otro enorme dolor de cabeza que afecta al convulsionado fútbol chileno, cuya imagen se ha visto muy dañada en el último tiempo.