Un mes en la cárcel: Monsalve inicia “nueva etapa” tras salida de abogados

“Cuando uno no confía en su médico, cambia de médico. Bueno, pasa lo mismo con los abogados”.

Esa es la analogía que hace un cercano al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve para intentar explicar por qué este viernes se produjo la salida de su equipo de defensa.

Y es que tras completar un mes en prisión preventiva por delitos de violación y abuso sexual, y a 24 horas de que se aplazara su primera declaración ante los fiscales que lo indagan, se confirmó que los abogados Lino Disi y Cristián Arias ya no tendrían su representación.

La versión de los profesionales es que fueron ellos quienes presentaron su renuncia al exjefe civil de las policías. “Los detalles de las razones no los vamos a revelar por secreto profesional”, dijo Disi a La Tercera.

En el entorno de Monsalve, sin embargo, sostienen que la salida de los profesionales es el resultado de una evidente distancia con Monsalve, que se evidencia desde hace semanas.

Las mismas fuentes sostienen que la exautoridad venía meditando el asunto, pues había varios puntos de la estrategia que delinearon sus representantes que le generaban duda.

Por lo mismo, en medio de un encuentro que sostuvieron la mañana de este viernes en dependencias del anexo penitenciario Capitán Yáber, Monsalve y ambos penalistas llegaron a la conclusión de que la relación profesional llegaría hasta ahí y que la exautoridad se abocaría a la búsqueda de nuevos representantes.

Quien fuera considerado el “sheriff” a cargo de la seguridad no contaba, eso sí, con que la determinación iba a trascender en cuestión de horas. De hecho, ni siquiera lo alcanzó a comentar con su familia y su esposa, María Eugenia Garrido, quien se enteró de la decisión en medio de la visita que le hizo este viernes y se vio sorprendida.

Ante la vacancia de representantes de la exautoridad, desde la Defensoría Penal Pública asignaron de inmediato un abogado. Por el momento, quedó a cargo el defensor local jefe de Santiago, Víctor Providel, quien visitó a Monsalve en el anexo penitenciario en horas de la tarde para concretar un primer acercamiento.

“La Defensoría Penal Pública es un servicio que brinda defensa penal a todas las personas, sin importar su condición social, género, nacionalidad o su etnia (...). El derecho a defensa no hace distinciones”, sostuvo al respecto la defensora nacional (S), Inés Rojas Varas.

Lino Disi fue el primero en llegar al equipo de defensa de Monsalve en octubre, días después de la denuncia que interpuso en su contra una de sus asesoras por los hechos ocurridos en el Hotel Panamericano la noche del 22 de septiembre, tras la cena que sostuvieron en el restorán Ají Seco Místico.

Luego se sumaron el abogado Cristián Arias y María Inés Horvitz.

En las primeras semanas del proceso, mientras estaba en su departamento en Viña del Mar a la espera de su formalización, Monsalve manifestó confianza en la estrategia de su equipo.

Pero con el correr de los días y luego de ser detenido se comenzaron a evidenciar fisuras entre el equipo de abogados y quienes asesoran al exsubsecretario.

El primer quiebre quedó expuesto con la renuncia de Horvitz, quien planteó explícitamente que tenía diferencias con Disi y Arias y que creía en una estrategia de defensa más punzante.

Los abogados, en cambio, defendieron hasta el último minuto que el camino era demostrar en el juicio que no hay elemento probatorios para la violación de la que se le acusa.

La exautoridad, sin embargo, también se fue convenciendo de que las batallas legales se dan no sólo en tribunales.

Cercanos a Monsalve sostienen que en sus primeras semanas detenido el otrora subsecretario resintió que tenía menos contacto con sus representantes.

Quienes han estado apoyando a Monsalve también abogaron porque los defensores hicieran frente a los ataques que recibía, como las afirmaciones que hizo el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Sutil.

“Manuel Monsalve era un diputado que lo tenían que ir a buscar sus colegas al hotel para votar a las 12.00, 13.00 del día, donde él venía evidentemente trasnochado, con evidencia del consumo de alcohol y, además, jugaba en el casino”, sostuvo el empresario.

En esa oportunidad el equipo de Monsalve se dividió entre quienes eran partidarios de emprender acciones legales contra el empresario y los abogados que insistieron en que la prioridad es desestimar la denuncia por abuso que tiene a Monsalve en prisión preventiva. Cercanos al exdiputado socialista también señalan que se dejó espacio para instalar dudas sobre el uso de gastos reservados de la Subsecretaría del Interior -la otra investigación que se abrió tras el caso- y que ese tema se pudo cerrar tempranamente, porque hay elementos para demostrar que el uso de esos fondos está en regla.

Muestra clara de que ahora la estrategia del exsubsecretario incluirá mayor presencia en medios de comunicación es que, confirmada la salida de sus abogados, se divulgó un comunicado que se firmó a nombre de la familia Monsalve Garrido.

“Como familia, queremos informar que en el día de hoy concluye una etapa significativa en el marco de la defensa legal. Tras dos meses de colaboración con el equipo de abogados, se formaliza el cese de sus funciones en la representación del caso. A partir de ahora, se continuará el proceso judicial con plena confianza en el sistema de justicia, manteniendo el firme compromiso de esclarecer toda la verdad. La familia agradece a los abogados por su gestión y dedicación durante este período crítico”, transmitieron.

Hasta ahora, la familia no ha confirmado si el exsubsecretario será representado por la Defensoría Penal Pública de forma permanente o si nuevamente optarán por una defensa privada. Eso sí, el círculo cercano del otrora parlamentario asegura que está mirando opciones para tomar en los próximos días una determinación.

En el intertanto, Monsalve seguirá estudiando, como hasta ahora, cada uno de los detalles de la carpeta investigativa. Y aunque durante el mes que se ha mantenido privado de libertad no ha tenido el mejor de los ánimos, al menos ha podido mantener una buena relación con sus compañeros de encierro.

De hecho, antes de salir del encierro, Rodrigo Topelberg -imputado en el marco del caso Factop- le demostró sus dotes en peluquería y le cortó el pelo, como habitualmente también lo hacía con el resto de los habitantes de la “comunidad de techo” que se ha conformado en el recinto ubicado en Avenida Pedro Montt, a un costado del Centro de Justicia.

Quienes han tomado contacto con Monsalve, además, transmiten que con el paso de los días se ha ido aferrando aún más a la religión, resintiendo, aún, que tantos de sus cercanos decidieran darle la espalda en el momento que atraviesa y optaran por no visitarlo.

Mientras el exsubsecretario reformula su defensa, la mujer de 32 años que el pasado 14 de octubre que lo acusó de haberla atacado sexualmente, sigue junto a su abogada, María Elena Santibáñez, el difícil camino de denunciar hechos tan graves como una violación.

Ella se mantiene con licencia, aunque recientemente pudo confirmar, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, que a partir del 1 de enero de 2025 el contrato a honorarios que mantiene con la Subsecretaría del Interior será renovado bajo las mismas condiciones y remuneración que mantenía hasta antes de realizar la denuncia. No será desvinculada ni ha renunciado, por lo que una vez que cese su permiso médico podría retornar al mismo puesto que ocupaba antes de que ocurrieran los hechos denunciados.

Por ahora, la mujer sigue con acompañamiento psicológico y psiquiátrico permanente, lo que en su entorno aseguran ha significado un alto costo económico para ella y su familia. A ello se suman los recursos que ha debido destinar para su representación legal como víctima y querellante en el caso. Por ello, junto con Santibáñez ya han comenzado a explorar fórmulas legales para poder obtener una compensación económica por el daño causado. Entre ellas, eventualmente, podrían estar la interposición de una demanda civil en contra del Estado, ya que en el momento de los hechos el imputado era funcionario público.

La primera quincena de enero, además, la denunciante está citada junto a su familia directa al Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas) de la Policía de Investigaciones, donde personal especializado de la institución la entrevistará en varias ocasiones en el marco de lo que se denomina “evaluación pericial de daño”. El procedimiento busca establecer las condiciones en que se encuentra la víctima y determinar las consecuencias psicológicas y sociales que han tenido los hechos denunciados para ella y su familia.

Ese tipo de pericias son claves, comentan desde el Ministerio Público, especialmente en casos donde la evidencia física puede no ser concluyente. Lo que harán los peritos de Cavas será evaluar sus características y el relato que ella y sus cercanos entreguen, con miras a establecer si lo denunciado es coherente con la información que se tiene. Como resultado de la pericia se emitirá un extenso informe que será utilizado en un eventual juicio oral, donde también deberán declarar los peritos de la PDI que lo elaboraron.