Las duras palabras de Pascual Güisa, alcalde de Tacna, en referencia a lo que ocurre en la frontera entre Chile y Perú, grafican la tensa situación político-migratoria que se vive en el norte del país. El edil trató de “irresponsable” al Presidente Gabriel Boric por “no tomar las medidas adecuadas” para evitar la ola humana que intenta cruzar hacia territorio peruano. Hecho que, según la administración de Dina Boluarte, Presidenta del país vecino, gatilló el estado de emergencia vigente desde el miércoles en las fronteras.
La situación llevó a la mandataria a tomar una de las últimas medidas de las que dispone un gobernante en estos casos. Sin embargo, durante los últimos años, el continente americano ha visto cómo sus mandatarios recurren cada vez más a la militarización de las fronteras como una opción para controlar el flujo migratorio.
Ivan Briscoe, director del Programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group, dijo a La Tercera que “los gobiernos intentan responder a las preocupaciones de la ciudadanía mediante fuertes medidas de seguridad. El cierre de fronteras forma parte del repertorio de la tradición de los gobiernos latinoamericanos de recurrir a las fuerzas de seguridad cuando no ven posibles otras soluciones”.
Chile lo hizo recientemente, cuando Boric decretó por 90 días a partir de fines de febrero el despliegue de las FF.AA. en sectores de las fronteras con Perú y Bolivia. Pero no es el único país de la región en hacerlo.
Perú ha invocado la medida dos veces en los últimos dos años. En enero de 2021 el país vecino desplegó a sus fuerzas en la frontera, pero aquella vez en la norte, en el límite con Ecuador. La razón: la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la detención de casi 500 inmigrantes irregulares, mayoritariamente venezolanos, en numerosos puntos de la región de Tumbes, consignó en la época la prensa local.
Aquello llevó al gobierno de Francisco Sagasti a ubicar más de 50 vehículos del Ejército de Perú -lo que incluyó tanques, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros -, así como a más de 1.200 militares en la ribera izquierda del río Zarumilla, lugar por donde la mayoría del tránsito irregular de personas se daba.
En total, fueron 30 pasos fronterizos no autorizados los que tuvieron que resguardar, pero la situación desnudó lo problemático de la migración entre Ecuador y Perú. Dicho río, de no más de dos metros de ancho en algunos tramos, cuenta con puestos y negocios apostados en su orilla.
Para Ivan Briscoe, “esta tendencia a que los cruces informales sustituyan a los formales en el contexto de controles fronterizos más fuertes es algo que podríamos esperar ver reproducido en muchos otros contextos en América Latina. Así pues, los controles militares fronterizos tienden a ser más un espectáculo que un efecto real”, afirmó a este diario.
En aquel momento, la retórica peruana apuntaba al combate de las mafias de tráfico ilegal de personas. Esta vez, Boluarte le dio otro cariz a su argumentación para justificar la reciente militarización.
“Ustedes mismos son los que transmiten todos los días (...) que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros, por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería”, dijo. “Han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que están lamentablemente cometiendo estos actos”, cerró la mandataria en una conferencia de prensa.
La situación ha llevado a cruces diplomáticos entre Chile y Perú, evidenciando los problemas de coordinación en la región, cree Briscoe. “Cada país siente el derecho soberano de tomar decisiones con respecto a la migración en su propio territorio. Las batallas entre los gobiernos, cada uno tratando de trasladar el problema de la migración de uno a otro, como hemos visto claramente en el caso de Chile y Perú, hace que la coordinación sea aún más difícil y da más espacio a los insultos”.
Otro ejemplo es Ecuador. Para septiembre de 2022, las autoridades del país andino decidieron incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia por un tipo de migración que preocupaba especialmente a la administración de Guillermo Lasso: los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que amenazaban con resguardarse en su país.
Ecuador, nación que ha visto el mayor incremento en su tasa de homicidios por cada 100.000 personas según el último ranking de InSight Crime, mostró su preocupación por los crecientes combates entre el Ejército de Colombia y las FARC cerca de su frontera, por lo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas explicó que se aumentó la vigilancia en el límite de ambos países para evitar que dichos “grupos armados irregulares” ingresaran a Ecuador, detalló Deutsche Welle.
Una situación similar se dio en Honduras, donde la Presidenta Xiomara Castro envió en noviembre del año pasado un contingente de 600 policías militares hacia la frontera con El Salvador a combatir pandilleros que escapaban producto de la “guerra” que el Presidente Nayib Bukele les declaró.
Miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), órgano creado durante la administración anterior de Juan Orlando Hernández, también fueron designados a las fronteras de Honduras con Guatemala y Nicaragua. “En cumplimiento de la orden emanada por la Presidenta de la República y en el marco del Plan Integral de Seguridad, este día más de 600 policías militares del orden público han salido a reforzar los operativos de seguridad en los puntos fronterizos”, dijo a AFP el portavoz de la PMOP, Mario Rivera. “Se van a mantener por tiempo indefinido”, agregó.
Pero, quizás el más icónico de los casos está en el norte del continente, en la frontera que separa a México y Estados Unidos. En diciembre de 2022, ad portas de que se levantara el polémico Título 42, medida sanitaria aplicada por Washington para contener la llegada del Covid-19 -utilizada, también, para reducir el tránsito migratorio afirmaban sus detractores-, se aplicaron importantes fortalecimientos de las policías y el Ejército en la frontera de ambos países ante el temor de una ola masiva de intentos de ingreso. Texas envió más de 400 soldados a El Paso, informó un comunicado del departamento militar de aquel estado, para “reforzar la seguridad fronteriza” ante el aumento de los “cruces ilegales” registrado semanas previas.
“En la medida en que se traten los temores públicos alimentados por los medios de comunicación y partidos políticos, no solo de derechas, sino también de otras inclinadas a la izquierda, se tenderá a responder con medidas coercitivas repentinas que, en algunos casos, pueden empeorar la situación al aumentar el imaginario de exclusión en lugar de intentar encontrar formas de formalizar a los inmigrantes y proporcionarles un estatus que les permita no tener que recurrir al trabajo informal o ilícito para sobrevivir”, aseguró Ivan Briscoe.
