Los vecinos de la Villa Joaquín Olivares, en el sector de Rinconada de Maipú, amanecieron agitados la mañana del 18 de enero. Ese lugar, que nació de un campamento hace más de 30 años, nunca había visto algo así: patrullas de Carabineros rodeaban una de las casas que ellos consideraban de las más tranquilas. Horas más tarde, por lo que se decía en los noticieros, sabrían lo equivocados que estaban. Esa vivienda, de materiales ligeros, había sido usada por el Tren de Aragua para torturar gente.
Cuando los funcionarios del OS-9 de Carabineros y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (fiscalía ECOH) entraron al lugar, encontraron a tres personas que vivían allí y las detuvieron. Los tres eran venezolanos. Todos tenían una situación migratoria irregular. Sólo que eso no fue lo único que les llamó la atención.
Lo primero es que el piso de cerámica del lugar tenía rastros de haber sido limpiado con productos químicos. Alguien pasó un trapo para esconder algo. Las pericias arrojaron que allí había sangre. Lo mismo encontraron en algunas prendas repartidas por el domicilio.
Cuando revisaron el patio, dieron con más evidencias. Una pila de carbón, que había sido apagada horas atrás, ocultaba algo macabro: pequeños pedazos de huesos. El análisis aún no es concluyente, comentan fuentes ligadas a la investigación, aunque a primera vista podrían ser restos humanos. Eran trozos pequeños, que podrían corresponder a dedos o dientes. Estaban muy quemados y eso dificultaba su identificación.
Vecinos del barrio comentan que el descubrimiento los remeció. No fue lo único: varios siguen sin entender cómo Brian Piña, una de las personas que vivían ahí, pudo estar involucrado en algo así. Era un muchacho que aparentaba tener una vida normal.
Piña, dicen los vecinos, iba a trabajar en las mañanas en micro y volvía de la misma forma a eso de las seis de la tarde. Compraba en los almacenes del lugar e, incluso, tenía amistades en el sector. No hacía grandes fiestas, a pesar de tener un patio espacioso para hacerlo, algo común en el barrio, dicen. Tampoco veían movimientos de autos inusuales fuera de su casa que hicieran sospechar algo.
Piña compartía la vivienda con su hermano y su cuñada. Su sobrina, una niña de aproximadamente ocho años de edad, vivía con ellos.
Aun después del 18 de enero, muchos vecinos siguen murmurando sobre lo que pasó en esa casa de Camino de Rinconada. Lo hacen porque, a pesar de los días, todavía no comprenden cómo ese lugar se convirtió en una casa del terror.
Una casa normal
La casa de torturas de Rinconada de Maipú es parte de un gran terreno que ha tenido distintos dueños. Primero, perteneció al empresario Aníbal Donoso. La propiedad colinda con un campo de hortalizas hacia el este. Ahí se plantan sandías, lechugas, cebollines, entre otros.
La casa, dice una vecina que la conoció durante mucho tiempo, tenía tres dormitorios, baño y cocina. El patio es amplio. Por eso, ahí vivían empleados de la familia, que ayudaban a trabajar la tierra. Todo esto, mientras la Población Joaquín Olivares iba creciendo y desarrollándose.
Durante un tiempo la casa dejó de ser usada como domicilio y se puso una cocinería. El negocio creció gracias al taller de buses de micros amarillas que se instaló allí. Hoy, es un taller de buses de RED. Por eso mismo, al frente de la casa también hay talleres que reparan vehículos de alto tonelaje, como casas rodantes, además de trabajar con neumáticos. Por eso, una casa rodante que estaba siendo reparada hoy aparece estacionada al lado de esta casa.
El terreno fue vendido en 2013 a otro empresario, Germán Pérez Trigo. En este tiempo sirvió como bodega, ya que Trigo tenía negocios en Estación Central.
A ese local llegó hace dos años un venezolano llamado Brian Piña Mendoza. Pedía trabajo, aunque aclaró que estaba en situación irregular. Venía con su esposa y su hija en edad escolar. Trigo dice que Piña fue un buen trabajador. Por eso, le permitieron vivir en esa casa.
Según vecinos que compartieron con Piña, él les contaba que su esposa estaba enferma. Al tiempo ella tuvo que volver a Venezuela junto a su hija y, según esa versión, su pareja falleció allá.
La noticia dejó cabizbajo a Piña. Quedó viviendo solo durante un tiempo. Pero a los meses llegaron a acompañarlo su hermano, Anderson, y su pareja, Mariángel Adjunta Yepes. También venía con ellos la hija en común de esa unión.
Para sus vecinos, la vida de ellos era natural, salvo problemas como que la hija no estaba escolarizada, por su situación migratoria.
Una cámara de vigilancia del lugar mostró cómo sucedió: un sujeto de nacionalidad colombiana se acercó a hablar sobre un negocio -no se descarta que sea ilícito- al copiloto de un auto. En eso, un grupo lo metió a la fuerza al vehículo. Luego, un familiar que trató de ayudar a la víctima fue herido de bala en una pierna. Otro auto los siguió de cerca.
Las cámaras de las autopistas permitieron seguir a los vehículos. El destino fue la casa donde vivía Brian Piña.
Después de que los videos salieron en las noticias, los secuestradores, dice un fiscal en reserva, cayeron en pánico. Decidieron soltar a su víctima, malherida por la golpiza que recibió, en un sector concurrido de Estación Central. Solo habían pasado horas de su retención. Esa persona luego declaró que fue torturada en ese domicilio.
Tras las primeras indagatorias, decidieron allanarla. Ahí fue cuando las policías encontraron la sangre y los huesos. No hallaron cadáveres, aclaran.
Los detenidos por la causa fueron seis personas: cinco venezolanos y un colombiano. Tres de estas personas eran Brian Piña, su hermano y su cuñada, a quienes arrestaron en la madrugada del 17 de enero. El hermano de Piña tenía antecedentes en Venezuela. En 2011 lo detuvieron por “robo agravado de vehículo”.
Los otros detenidos también tenían prontuario. Tras su aprehensión, el 22 de diciembre pasado, por tráfico en pequeñas cantidades y receptación, Heiker Arteaga Douglas tenía la cautelar de arresto domiciliario en su departamento en La Cisterna. El 11 de enero, Carabineros informó que Arteaga se había escapado y ya no habitaba el lugar. Edward González Arango, un colombiano de 31 años, fue detenido por lesiones leves contra el dueño de un local comercial en 2017. Se le concedió la suspensión condicional del procedimiento y, posteriormente, fue sobreseído. Luego encontró trabajo como subcontratista en una empresa minera en Iquique. Ahí fue cuando ayudó en el secuestro. Después fue arrestado en Antofagasta.
Wenyerli Salazar Bravo había sido expulsada en 2021 de Perú por su ingreso ilegal al país. Ella se defendió indicando que solo iba de paso y que su destino final era Bolivia.
Los seis detenidos fueron formalizados por secuestro y tráfico ilícito de drogas. Todos están en prisión preventiva. Tras la detención, la menor de edad que habitaba la casa quedó a cargo de un familiar.
La Defensoría Penal Pública Metropolitana Norte está a cargo de la defensa de Brian Piña. No obstante, declinaron participar en este reportaje.
Uno de los fiscales de la causa cree que, a pesar de que muchas bandas dicen ser del Tren de Aragua para inspirar más miedo, esta banda sí tiene vínculos con esa organización.
Según la tesis del fiscal coordinador ECOH, Héctor Barros, estas casas tenían vínculos también con el tráfico de ketamina.
Lo otro que señalan desde ECOH es que este secuestro habla de una forma de resolver cosas entre bandas: secuestrando, torturando y extorsionando. A la esposa de la víctima le pidieron un millón de pesos para ser liberado. El dinero nunca llegó, por la premura que tuvieron en liberarlo.
El lugar, dice un fiscal ECOH, fue elegido por varias características: una es que es de fácil acceso. Tiene, además, una entrada directa a través del Camino de Rinconada. Está a cinco minutos en auto de la Ruta 78. Esto permitió, por ejemplo, que al secuestrado en Vicuña Mackenna lo pudieran ingresar rápidamente desde la carretera.
La otra ventaja es que si bien el inmueble está a algunos metros de otras casas, no colinda con ninguna: solo con el taller de Metbus. Por eso, aunque hay versiones que hablan de que escuchaban gritos en las noches, la mayoría de los vecinos dicen que nunca oyeron nada raro.
El movimiento de autos afuera de la casa, eso sí, se había intensificado el último mes.
Las casas de tortura no son algo nuevo en el país: en Arica, en el cerro Chuño, una casa fue desbaratada por las policías. Un brazo del Tren de Aragua, llamado Los Gallegos, torturaba víctimas y las enterraba ahí mismo.
En Venezuela, dice un fiscal en reserva, hay zonas que son dominadas por bandas, donde los secuestros, las torturas y el cobro de “vacunas” es intenso. Eso explica que este tipo de delitos haya llegado con tanta fuerza al país y que las víctimas que son retenidas en este tipo de domicilios prefieran no denunciar, por miedo.
Los fiscales ECOH dieron también este jueves con otra posible casa de torturas en Rinconada, a solo metros de la primera. Eso lo ven como algo positivo: creen que los crímenes que sucedían en el barrio tienen directa relación con lo que pasaba en estas casas.
Por ejemplo, el 29 de diciembre pasado en Rinconada se encontraron dos hombres atados de manos con varios balazos en el cuerpo. Una credencial de uno de los muertos se halló en la residencia de Piña. El 15 de enero, dos días antes de que cayera la casa, a cuadras del lugar, a un hombre lo bajaron de un auto y le dispararon. Al día siguiente, en Maipú, encontraron a una persona en un canal de regadío.
Luego de que allanaron la casa, dice el fiscal ECOH, no ha habido más homicidios en el sector.
Patio de ejecuciones
Que una casa en una zona rural en Maipú se convierta en una casa de torturas no es azaroso. Según cifras de la 52 Comisaría de Rinconada, los homicidios han aumentado en un 60% respecto del mismo periodo de 2023. En 2024 van ocho. El año pasado, a esta altura sólo contaban cinco.
Tania Gajardo, subdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, dice que en las zonas rurales de la Región Metropolitana, tanto al sur como al poniente, ha ido en aumento el hallazgo de cadáveres con intervención de terceros, con signos de violencia previa. Casi siempre hay armas de fuego involucradas.
-Aparecen maniatados, amordazados, incluso a veces con los pantalones abajo. Estas son señales que quieren enviar a otras bandas. Incluso, hemos visto que hay agresiones y homicidios a miembros de las mismas bandas: los que no siguen instrucciones, los que no pagan lo acordado a los líderes- dice.
Lo otro que explica Gajardo es que esta zona de Santiago favorece esta comisión de delitos: arrojan cuerpos donde no hay testigos ni cámaras.
Gajardo expone algunas cifras que reunió ECOH: desde el 13 de noviembre al 17 de enero, los homicidios en comunas rurales como San Bernardo (7), Lampa (6), Maipú (5) y Colina (5) equiparan a los contados en comunas urbanas como Independencia (6), Santiago (6) o Recoleta (5). En líneas generales, dice Gajardo, una mitad pertenece a la Fiscalía Centro Norte, y la otra mitad, a la Occidente.
Esto se evidencia en un mapeo de algunos homicidios en la zona: en diciembre pasado, en Talagante apareció un cuerpo al costado de una autopista. Estaba amarrado con cables y envuelto en una frazada. En enero de este año, en Pudahuel apareció un apuñalado que tenía un disparo en una mano. En San Bernardo, el mismo mes, encontraron dos cadáveres con extremidades atadas.
Miguel Araya, alcalde de Buin y presidente de la comisión de seguridad de la Asociación de Municipios Rurales, también cree que su zona es el lugar que está prefiriendo el crimen organizado para deshacerse de sus cuerpos. El mismo Araya lo ve en su comuna: en junio del año pasado, en la ruta que conecta a Viluco con Paine, dieron con un cuerpo decapitado, con manos y pies atados.
Lo mismo ha pasado en Melipilla y Curacaví, donde el 80% de los detenidos por Carabineros no eran de ahí. El alcalde de esta última comuna, Juan Pablo Barros (ind.-pro UDI), dice que durante tres años tuvieron una tendencia a la baja en los delitos. Pero desde que se implementó el plan Calles sin Violencia, que no los consideró en su trazado, “los delitos en nuestra comuna, de distinto tipo, aumentaron en un 150%”.
Esto no es extraño. Cuando se endurecen las medidas en un área de la capital, asegura Gajardo, los delitos se trasladan a un lugar donde hay menos control.
Un fiscal ECOH cree que hay que frenar ahora los secuestros. El riesgo es que este delito escale, porque, en una primera etapa, surgen como una manera de controlar una zona de interés para el narcotráfico, capturando a miembros de bandas rivales. Luego, si siguen impunes, siguen extorsionando locales como panaderías y botillerías.
El siguiente paso, dice el persecutor, son los secuestros a gente común: como empresarios con empleados extranjeros de confianza. Estos empleados son un eslabón débil de la cadena, explica, y ante una extorsión, por miedo, deciden entregar datos delicados. Esto se suma a que deciden no denunciar al estar en una situación migratoria irregular.
De todo esto, hay algo que extrañó a los vecinos y a los dueños del terreno que no les llamó la atención a los fiscales: que Brian Piña haya tenido una doble vida. Trabajaba durante el día, pero, según su tesis, colaboraba con secuestros fuera de su horario laboral.
Es algo natural, dicen, en ese mundo: tener un empleo estable, pero cuando reciben una oferta para participar en algo lucrativo, a pesar de tener una vida lícita, se “activan”, dice el fiscal.
Eso es lo que aún siguen sin entender: que personas como Piña vean los secuestros como un trabajo más.
