El lunes, mientras el pleno de la Convención Constitucional debatía sobre si establecer o no el derecho a la vivienda digna en la Carta Magna, distintos comités de pobladores sin casa, arquitectos, académicos, diputados, senadores y diversas organizaciones sociales entregaron una carta al órgano, en la que establecían por qué este sí debe ser un derecho que el Estado garantice.

“Nuestro país vive la crisis habitacional más grande de los últimos 30 años. Somos cientos de miles las familias que vivimos en los patios de atrás de las casas de nuestras poblaciones, hacinados en blocks, pagando arriendos usureros o haciendo patria en los campamentos (…) Cientos de miles de familias que hoy les pedimos que consigan aprobar por más de dos tercios el Derecho a la Vivienda Digna”, comenzaba la misiva, que pidió a los convencionales fijar, además, en la Carta Magna, el “fin a la especulación en materia de suelo, como las expropiaciones, aprobando la indicación 55″.

Más allá del debate constitucional, el consenso sobre la profunda crisis que vive el país en materia de vivienda es transversal. Desde el año pasado, distintas autoridades han establecido que el país requiere de, a lo menos, 600 mil viviendas para superar este problema. Sin embargo, un reciente estudio consiguió establecer una cifra cerrada para la crisis: Chile requiere de 641.721 hogares, la cifra más alta de la que se haya tenido registro en los últimos 30 años.

El dato lo entrega Déficit Cero, el centro de estudios que nació bajo el alero de Techo y que agrupó a distintos protagonistas del mundo civil, organizaciones por la vivienda, gremios, privados y la academia. Junto al Centro de Políticas Públicas de la UC, trabajaron en la radiografía más detallada que existe hasta ahora sobre la crisis de la vivienda en el país, titulada Estimación y Caracterización del Déficit Habitacional en Chile.

Y lo que concluye el informe es alarmante: la falta de vivienda no es exclusivamente un problema de quienes viven en campamentos o en situación de calle, sino que el asunto más profundo está escondido entre quienes sí tienen un techo, pero viven de allegados, hacinados o en viviendas en condiciones irreparables.

Según el estudio, del total de las viviendas que faltan en el país, 541.295 (el 84,6% del total de la brecha) viven en esta condición, lo que representa el 8,3% del total de las casas que existen en Chile. Revisando los datos, quien lidera la cifra es la Región Metropolitana, que encierra el 49,2% del total de la emergencia. Le siguen Valparaíso (11%), Antofagasta (7,78%), Biobío (6,3%), Tarapacá (4,62%) y Maule (4.25%).

El estudio calcula que una de cada 10 familias no tiene acceso a la vivienda en el país.

“Este informe permite instalar un estado de la crisis habitacional en Chile. Hay un planteamiento muy claro, porque todas estas realidades no son aisladas, sino que están todas conectadas. Esta es una foto, lo que viene ahora es una proyección. De aquí a un mes más queremos saber cómo estará el problema al futuro. La tercera fase será identificar a toda la población que está en riesgo de caer en déficit”, explica Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero.

Y para realizarlo, Dominique Keim, coordinadora del Centro de Políticas Públicas de la UC, explica que se utilizaron datos del Censo de 2017 y de la encuesta Casen 2020. “Incluimos una metodología que el Minvu no ocupa, pero que sí se utiliza internacionalmente”, aclara. Y sobre las cifras de campamentos, la socióloga explica que se utilizó el informe de campamentos realizado por Techo y Fundación Vivienda en año pasado.

De acuerdo al estudio, es en Santiago donde se concentra más de la mitad de familias allegadas, hacinadas o en viviendas irrecuperables (53,4% del total nacional). Sin embargo, es en el norte del país donde se presenta un mayor requerimiento de nuevas viviendas, a partir de la estimación del déficit por allegamiento, hacinamiento y viviendas irrecuperables, con Tarapacá (17%), Antofagasta (13,3%) y Arica y Parinacota (11,9%) liderando este ranking.

El muestreo también reflejó que, en Aysén, el 30,3% de su déficit habitacional corresponde a viviendas irrecuperables, cifra muy por sobre lo observado en otras regiones del país. Mientras que en La Araucanía se concentra la mayor concentración de núcleos de allegados (hogares con una o más familia sin autonomía económica), con un 37,3% del total de su brecha.

Julia Espinoza (34 años) es una joven madre de dos niños. Vive junto a su mamá en la población Lo Hermida, en Peñalolén, y tras el estallido social formó junto a otras 140 familias uno de los tres comités de la Agrupación Luchadores de Lo Hermida, con quienes se ha organizado para buscar una solución a la falta de vivienda de miles de personas.

Aunque no vive hacinada, sí es allegada, y conoce el drama por el que pasan otros vecinos de su comité. “Tras el estallido social, nos dimos cuenta de que somos muchos con el mismo problema de no tener una casa propia. Esto, con la pandemia se profundizó mucho más, porque familias de varios miembros debieron quedarse en sus pequeños blocks, que no son de más de 30 metros cuadrados”, explica la vocera.

En total, la agrupación cuenta con 400 familias, todas activamente organizadas para exigir una solución al problema. “Lo Hermida tiene una grave crisis de vivienda, que la viven 2.000 familias. Hay también una experiencia de generaciones anteriores sobre cómo resolver esta crisis y esa experiencia nos dice que se puede resolver de forma colectiva. Esto es parte de nuestra cultura de lucha”, explica Santiago Castillo (28), presidente de la agrupación.

Castillo explica que tras la toma de la Viña Cousiño Macul, en noviembre de 2019, lograron ser escuchados y, ahora, el comité de Julia será el primero en conseguir una solución habitacional. “Estará en Departamental 210 y lo compró la administración anterior, junto a una mesa de trabajo en que incluso participó el exministro de Vivienda (Felipe Ward)”.

El arquitecto Iván Poduje, que junto a su estudio Atisba asesora probono a esta y otras tres agrupaciones, explica el verdadero costo de vivir hacinado. “En Peñalolén, Maipú o Lo Barnechea se ha visto el problema de hacinamiento, sobre todo en la pandemia. La gente estuvo todo el día en la vivienda en un entorno peligroso, los niños no podían salir a jugar y eso los exponía a violencia intrafamiliar, que es problema directo del hacinamiento. Lo que conversé con muchas mamás y niños es que esta situación generó un daño tremendo a los niños, porque se les quitaron sus espacios de recreación, como las escuelas”, señala.

Según el informe, son 81.643 las familias que viven en campamentos a nivel nacional. Esa cifra corresponde al catastro que Techo y Fundación Vivienda realizó en 2021, por lo que ahora esta cifra podría ser más grande. “Estamos con la mayor cantidad de campamentos en la historia”, advierte Isidora Lazcano.

Y quien lidera esta cifra no es la RM, sino Valparaíso, que concentra 225 campamentos, lo que equivale al 29,2% del total de este tipo de asentamientos irregulares en el país. En cambio, Santiago cuenta con 138 campamentos (23,9% del total nacional). En tercer lugar, está el Biobío, que concentra 122 campamentos (6.957 familias).

“La pandemia aumentó explosivamente a las familias viviendo en este tipo de asentamientos. En los últimos tres años aumentaron 74%, pero creemos que con el nuevo catastro de campamentos que prepara el Minvu viene una cifra aún más alta, porque al salir a terreno, vimos a muchas familias que recién estaban construyendo sus viviendas”, asegura Isidora Lazcano, directora social de Techo, quien entrega una cifra crítica: el 93% de estas familias accede al agua potable de forma irregular o no tiene acceso. Es decir, los campamentos en el país son apenas la punta del iceberg.

Todas esas familias, dicen los expertos, primero pasaron por allegamiento, vivieron hacinados o sufrieron serios problemas para pagar el arriendo del hogar en el que vivían, por lo que esta cifra podría aumentar aún más si la crisis económica se profundiza. “Las familias en riesgo de pasar a déficit están ahí, y son las que no pueden seguir pagando su arriendo. Mirando los cánones internacionales, que dicen que una vivienda asequible es del 30% de tus ingresos, hoy hay 430.000 viviendas que viven pagando más del 30% de sus ingresos. El 90% de esas familias son del octavo decil hacia abajo”, asegura Bowen.

Una novedad de este levantamiento de datos es que por primera vez incluyó a las personas en situación de calle. Constantemente, expone el informe, esta población ha sufrido la invisibilización, atendiendo su falta de vivienda desde diversas lógicas. Según el Registro Social Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de 2021, hay 19.036 personas en situación de calle. De ellos, el 94,4% son hogares unipersonales, lo que equivale a 17.968 viviendas.

Por otra parte, se estima que el 5% de los hogares en situación de calle son de dos personas (equivalente a 477 viviendas) y el restante de tres personas (equivalente a 38 viviendas), por lo que se puede estimar un requerimiento adicional de hogares en situación de calle de 18.483 viviendas.

La Región Metropolitana concentra el 44,2% del requerimiento total de viviendas por personas en situación de calle, Valparaíso el 12% y el Biobío, 8,7%.

Con las cifras en mano, Bowen llama a hacer un gran pacto social, que reúna a los sectores que algo tienen que ver con la vivienda. Asegura que debe ser una política pensada a largo plazo: “La solución pasa por hacer más viviendas y más rápido. Este gobierno comprometió la creación de 260 mil hogares, lo que es muy bueno, pero también hay que pensar en qué tipo de soluciones serán las que se ofrecerán. Esto ya es emergencia, por lo que se debe enfrentar con carácter de urgencia. Este es otro 10%, pero del que nadie habla: una de cada 10 familias en Chile hoy no tiene acceso a la vivienda”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, elaborará este semestre un plan de emergencia habitacional, que buscará echar a andar la nueva ley de integración social aprobada por el Congreso durante los primeros días de marzo. “Cuando hay un déficit de 600 mil viviendas, y un gobierno que plantea que avanzará con 260 mil viviendas, significa que no se resolverá el problema para todo el mundo, sino que daremos un paso significativo”, remata el secretario de Estado.