De tanto en tanto, la discusión por la condición “pública” entre las universidades estatales y aquellas que no lo son reflota. Generalmente, los nuevos rounds vienen asociados a momentos de cambios a nivel país. Ocurrió en 2014 con la reforma educacional de la Presidenta Michelle Bachelet al debatirse qué instituciones entrarían a la gratuidad y está pasando ahora a propósito del trabajo de la Convención y la instalación del gobierno de Gabriel Boric.

El problema radica en la preocupación y molestia de la Red G9, que agrupa a las universidades que se autodenominan públicas no estatales y que reúne a todas las Católicas, la de Concepción, Federico Santa María y Austral, por las señales de “trato preferente” que -según ellos- ha evidenciado parte del gobierno hacia las instituciones de educación superior que son del Estado, así como el debate que se da en la Convención y que, dicen, no las involucra.

La sensación se ha acrecentado por las variadas reuniones que las autoridades de gobierno han sostenido con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech).

El martes pasado, en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el pleno del Cuech se dio cita con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, su par de Ciencia y Tecnología, Flavio Salazar, y la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa. Fue una señal potente, según entienden desde el Cuech. “Fue muy significativo que este consejo coordinador, que está mandatado por ley, se hiciera ahí. Es simbólico, precisamente para responder a ese compromiso de fortalecimiento de lo estatal”, señala el rector Corrales.

Pero no ha sido la única cita del gobierno con instituciones de educación superior. Con distintos representantes, entre los que se incluye el propio Presidente Boric, antes ya fueron a otra reunión con el Cuech en Pucón, además de participar en una sesión plenaria, así como una visita al Mineduc de Ennio Vivaldi, su presidente. También dos reuniones con el Cruch, dos con las universidades regionales del Cruch, dos con Vertebral, el consejo que reúne a los institutos y centros de formación técnica, la Corporación de Universidades Privadas, los Centros de Formación Técnica Estatales y visitas ya hechas o programadas a las universidades de Chile, Católica, Aysén, Umce y Adolfo Ibáñez. También el G9.

Verónica Figueroa, subsecretaria de Educación Superior, dice al respecto que “desde el primer día” han abierto los espacios de diálogos “con todos los actores” y que reconocen “la contribución” del G9 al desarrollo del país. Eso sí, también señala que “como somos Estado, es importante fortalecer y reconstruir la educación pública” y que “es deber del Estado posicionar a sus instituciones como un eje sustantivo”.

Las preocupaciones del G9 -en todo caso- continúan. “Es evidente que el Estado tiene que hacerse cargo de sus universidades, lo que indicamos es que no sea en detrimento de nosotros”, señala Carlos Saavedra, rector de la UdeC, una de las del G9. Y añade: “No nos parece que por definición se tienda a limitar la perspectiva de lo público. Estamos convencidos del aporte a la sociedad y ese trato igualitario es absolutamente necesario”.

Pero desde la vereda de las estatales hay otra mirada. Una totalmente opuesta: “Resulta increíble la discusión sobre si universidades privadas deben ser consideradas públicas. Y es increíble porque si por algo han luchado las privadas es por su independencia del ámbito público”, asevera tajante Ennio Vivaldi, máxima autoridad de la U. de Chile. “Es ridículo pensar que una universidad va a ser pública si pertenece a la iglesia”, remata.

Desde hace algunas semanas ha sido posible observar una campaña comunicacional en ambas trincheras. Y mientras las estatales defienden lo suyo con comunicados que apuntan a que lo público “es lo único que nos pertenece a todos y todas por igual”, las otras, las del G9, claman con cifras en mano por revertir esta situación, como que tienen el 44% de los alumnos de las instituciones del Consejo de Rectores.

Ignacio Sánchez, rector de la PUC, que depende de la Santa Sede, establece sus puntos: “Uno de los temas más importantes en esta discusión es si se va a entender lo público desde la propiedad o desde el aporte que se hace a la comunidad”, dice antes de argumentar que “si se va a entender que lo público es lo que pertenece al Estado, es una definición extremadamente restrictiva”.

Para Osvaldo Corrales, rector de la estatal U. de Valparaíso, esto es “una cuestión no opinable”. ¿Por qué? “Es como la salud. Una clínica privada provee un servicio a la sociedad, pero de ninguna manera es pública dado su régimen jurídico y de propiedad”. Y si bien dice que esto no implica desconocer el aporte que otras instituciones realizan, sí cree que hay un error analítico en el debate: “Es como decir que el Estado le está dando un trato preferente a sí mismo, porque en definitiva somos entes estatales y el Estado tiene que preocuparse de cumplir su deber, como cuando financia un hospital público”.

La molestia del G9 ha sido transparentada públicamente. De hecho, luego de reunirse con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, expusieron su “preocupación por la hoja de ruta” del gobierno, en la que, aseguran, aparecen con “mucha preminencia” las universidades estatales y “la explicitación de un trato preferente”.

En esa cita estuvo Aliro Bórquez, timonel de la UC de Temuco y presidente del G9, quien asegura que su preocupación es legítima porque aun cuando el sistema reconoce su aporte, “tal vez los colegas de las estatales no lo entienden así”. Y agrega: “Es una discusión de qué es lo público y qué es lo estatal y nosotros decimos que lo público supera por amplio margen a lo estatal”.

Elisa Araya, rectora de la Umce, una de las 18 instituciones estatales, cree que el G9 representa “un gran aporte a la sociedad”, pero lo que se está discutiendo erróneamente es el fondo del asunto: “Las universidades estatales son organismos parte del Estado, los rectores son jefes de servicio público, estamos inhabilitados para otras funciones y no sé si a los rectores del G9 les pasa lo mismo”. Además, dice que ser estatal es ser parte de las políticas estatales y que en ese sentido hay algunas que el G9 puede no adherir. “Tenemos como mandato la política pública, no es el Vaticano el que mandata, no es otro grupo de intereses corporativos que puede tener un interés de desarrollo social, pero origen privado”, suma.

En ese sentido, dice que todo lo considera “un eufemismo”, porque si se señala que todas las universidades son públicas “te confundes, porque, ¿dirías que todos van a acatar la política pública como el aborto por tres causales? ¿Qué universidades pueden aducir objeción de conciencia? Es un falso debate y el uso de la palabra ‘público’ para todo no está bien… el transporte público es subirse al metro o la micro, no es lo mismo que andar en Uber y los dos son un servicio a la comunidad”.

Pero, ¿concretamente dónde radica la preocupación del G9?

“Hemos mirado la propuesta del gobierno de fortalecer las universidades estatales y lo encontramos legítimo, pero eso no significa despotenciar el aporte de las no estatales y que han contribuido al país”, dice el rector Bórquez, a lo que le suma “la discusión en la Convención, donde nuevamente aparece un sistema universitario donde hay supremacía de las universidades estatales, no valorando el aporte que hacen las otras instituciones”.

Y cierra este punto: “Sabemos que el Estado no tiene grandes sumas de dinero y si le aportas más a unos, a otros les vas a quitar, si hay una estrategia de fortalecer a las estatales, sin duda va a ser en desmedro de algo. La pregunta es a quién se va a dejar de apoyar”.

Saavedra, de la UdeC, complementa: “Cuando los recursos son limitados, cualquier decisión de enfatizar va a provocar detrimento a nuestras instituciones. No tenemos conflicto con las estatales, pero que se mantenga el debido cuidado con las nuestras”. Este detrimento, dice, “está en el aire, eso nos ha alertado”.

“Hemos recibido esas frases de predilección o preferencia, con inquietud específica por lo estatal, que nos dejan preocupados”, revela por su parte el rector Sánchez, quien en todo caso asegura que sí han encontrado disposición a escuchar sus inquietudes desde el Mineduc. Así, agrega que su principal preocupación es que se desdibuje el rol del Cruch, el que incluye universidades estatales y no estatales y que, por ley, tiene como misión promover que las universidades que lo integran contribuyan articulada y colaborativamente al desarrollo de la sociedad. “A través de la disminución de la valoración podría ser que se vayan segregando y separando aguas”. Y agrega: “El mismo rector Vivaldi ha dicho que los recursos son para proyectos de beneficio para el país. Esas mismas palabras se pueden aplicar a todas las instituciones del G9″.

“Que ellos hacen un aporte enorme quien podría dudarlo”, dice de entrada sobre este punto Vivaldi. Pero aterriza: “Uno dice que tiene que haber una razón para este reclamo y consciente o no, porque no juzgo malas intenciones, esa razón no es económica: tienen miedo de que el Estado diga ‘me tengo que preocupar más de mis propias universidades que de las otras’, pero es ridículo pensar que van a dejar de darles financiamiento público”.

Además, señala que lo que está ocurriendo con la visión del nuevo Ejecutivo no es algo especial, sino que algo que era normal. “Lo que está haciendo este gobierno es sencillamente que las cosas sean como son en todo el mundo”, acota.

Pero el mandamás de la Casa de Bello no es el único rector en poner un contrapunto al reclamo del G9. Desde Valparaíso, Corrales dice poder “entender que haya alguna preocupación”, pero que una cosa es pensar lo público como estatal y otra que el Estado pueda facilitar mediante financiamiento servicios educativos privados que puedan desarrollar sus proyectos. “Nunca hemos dicho que deba negárseles financiamientos a proyectos que han hecho un aporte muy significativo al país, pero desde el estallido social el país viene replanteándose el valor de lo público y que el Estado tenga servicios de salud y educación más fuertes”, señala.

“Esa es la madre del cordero”, expone la rectora Araya cuando se aborda el futuro del financiamiento como una de las preocupaciones del G9. “Ellas no sobran, nadie va a decir que no son un aporte a la sociedad, nadie va a decir que hay que quitarles recursos, pero quiero decir que cuando hay pocos recursos y un programa que desarrollar, uno trabaja con aquellas universidades que van en pro de los programas, que tienen competencias y capacidades y que somos parte del órgano estatal”.

Así, dice creer que hay “una sobrerreacción a un gobierno que recién se ha instalado y que ha dicho que las universidades estatales estaban abandonadas y eso es cierto. Es obvio que el Estado debe decir ‘tenemos estas instituciones que tienen un saber hacer, trabajemos con ellas’ y eso no significa, porque no se lo he escuchado al ministro, decir ‘vamos a trabajar con unas y no con otras’”.