Víctor Orellana y el CAE: “Un plan de condonación es una necesidad para avanzar hacia un sistema más responsable y coherente”
El nuevo subsecretario de Educación Superior se fija plazos para cumplir con una de las principales promesas de campaña de Gabriel Boric: el perdón a la deuda educativa. “Tengo el compromiso de entregar y finalizar un proceso de propuesta durante 2023”, asegura.
Son 36 los días que Víctor Orellana lleva en el cargo de subsecretario de Educación Superior, pero muchos más dedicado a trabajar en el área de la subsecretaría que le han pedido liderar. La condonación del CAE y un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior son las principales tareas a las que el sociólogo debe ponerle atención por expresa petición del Presidente Gabriel Boric, con quien comparte un pasado en común: el de dirigentes estudiantiles. “Soy parte de una generación que luchó en las calles por derechos sociales y que criticó una sociedad en que demasiadas cosas han sido mercancía. Esos anhelos de cambio y el consenso en los derechos sociales hoy son transversales, no le pertenecen solo a una generación”, dice.
¿Cuál será su foco?
Quisiéramos llevar adelante un proceso de modernización de la educación superior, de su financiamiento y de otros aspectos para que pueda dar un nuevo salto y proponerse desafíos de más largo alcance que permitan a Chile ser un país desarrollado. Esa es la gran tarea que tenemos. Es una tarea que no se puede hacer desde un puro sector. Requiere un diálogo con distintas actorías institucionales, sociales y políticas, porque tiene que sustentarse en un gran pacto social amplio por la educación superior y en eso estamos trabajando, en la construcción de ese acuerdo.
Se ha topado con gente que en el pasado criticó, como la PUC. ¿Ha tenido que bajar el tono? ¿Ha tenido que tragarse sus palabras?
Por su puesto yo tengo mis opiniones como investigador, como ciudadano y guardo lealtad con la causa profunda de esas luchas. Y ciertamente cuando un individuo asume una tarea como esta tiene que comportarse con una responsabilidad de gobierno y de Estado. Avanzar hacia una educación superior más igualitaria, orientada al desarrollo del país, guarda total continuidad con la lucha que hemos dado e independiente de las formas y los distintos papeles que a uno le toca desempeñar, hoy esos objetivos se constituyen en un consenso del país y que pueden ser ejes de grandes acuerdos, no solo de las fuerzas de quienes hoy estamos en el gobierno.
A propósito del gobierno, ¿por qué se ha instalado la idea de que se ha bajado el tono? ¿Lo ve así?
No se trata de bajar o subir el tono, más bien de entender que las transformaciones que requiere el país hoy no son propiedad de un puro sector, sino que se tienen que sustentar en acuerdos plurales amplios. Más que subir o bajar el tono, como una discusión de volumen, de lo que se trata esto es construir acuerdos para que las transformaciones sean posible y apelan a objetivos de interés nacional.
¿Y siente que el oficialismo ha sabido trabajar como coalición ahora que son gobierno?
Estamos trabajando ante una situación difícil reponiendo la idea del cambio, que el cambio es lo que nos va a ayudar a iniciar un nuevo ciclo de desarrollo. El gobierno, que es heterogéneo, que es plural, ha ido encontrando el camino en esa dirección.
¿Cuál es su análisis de la educación en Chile y en particular de la educación superior?
La educación superior hoy está en un punto de inflexión. Lo que tenemos en la educación superior en Chile son diversos intentos de desarrollo que no tienen una solución de continuidad adecuada, tanto en materias de gestión, como de objetivos y financiamiento. En este punto de inflexión es necesario introducir cambios. Tenemos un sistema que requiere ser revisado, que requiere un proceso que nosotros llamamos de modernización, sobre la base del marco legal que hoy tenemos.
¿La educación superior debe ser gratuita y de acceso para todos?
Con la legislación del 2018 el país se puso como horizonte la gratuidad y en eso estoy de acuerdo. Ese consenso que se logró en ese momento es parte de un consenso mayor que tiene que ver con los derechos sociales. La sociedad chilena en esto de que necesitamos derechos sociales está de acuerdo. Entiendo que la gratuidad en la educación superior se inserta en ese contexto, por tanto, estoy de acuerdo.
Una de las tareas que le ha sido encomendada es la condonación del CAE. ¿Habrá novedades en el corto plazo sobre esto? ¿Es momento de dar alguna señal?
Suele asociarse la idea de condonación a irresponsabilidad. Esa aproximación no es correcta. Al revés. Lo que en mi opinión es irresponsable es no actuar frente a un sistema de financiamiento que tuvo muchos resultados no esperados y que tiene una presión fiscal que en cierto punto se puede tornar inmanejable, por tanto, entendemos un plan de condonación como parte de una transformación mayor del financiamiento, que haga coherente el trato de las personas que ya tienen deuda para salir de la deuda bancaria y para las personas que van a ingresar a la educación superior en el futuro. No podemos condonar las deudas educativas y renglón seguido emitir más deuda educativa. Estamos trabajando en una propuesta y seguimos actuando bajo la idea de que esta propuesta la vamos a presentar durante este año. Lo que me interesa plantear es que entendemos que la condonación de la deuda educativa y el nuevo sistema de financiamiento son parte de un ejercicio de responsabilidad, pero al mismo tiempo tenemos que construir instrumentos mucho más eficientes, simples, racionalmente concebidos en virtud de la situación actual, para relacionarnos con las instituciones. Este trabajo involucra muchas actorías, tiene que hacerse en diálogo con las instituciones. Esperamos tener un diseño de propuesta durante 2023 que genere consenso en las instituciones, en los actores políticos y sociales. Estamos trabajando con esa misión y creemos que esto es posible. Hemos visto recientemente que ante algunas situaciones hemos logrado unirnos. Hay ciertos objetivos que logran unir al país y me parece que este es uno de ellos.
¿Entiende la inquietud? Trece meses después de asumir no hay luz al respecto.
Lo entiendo perfectamente y lo que quiero decirles a las y los deudores es que no hemos olvidado ese compromiso. No lo vamos a olvidar y trabajamos con ahínco para llevarlo adelante y establecer las propuestas que el país requiere. Elaborar esta propuesta requiere de una ingeniería de detalle importante, porque se vincula con las instituciones, es un trabajo interministerial, es altamente complejo y entendemos la premura y lo tomamos como un aliciente para seguir trabajando, así que esperamos durante 2023 dar señales concretas.
¿Hay recursos siquiera para hacerlo?
Precisamente la idea de que la condonación de la deuda educativa es irresponsable está asociada a la idea de que estos recursos podrían usarse en otra cosa. Si uno examina más complejamente el problema del financiamiento de la educación superior se va a dar cuenta que construir un plan de condonación es una necesidad para avanzar hacia un sistema de financiamiento más responsable y coherente. Por lo tanto, en el medio plazo más bien estamos viendo cómo el país gasta mejor sus recursos y la condonación es parte de un proceso de solución a eso. Y en cualquier diseño vamos a trabajar junto a otras instancias del gobierno y el Estado, de tal modo que los recursos involucrados se usen de modo responsable y no se ponga en peligro nunca la responsabilidad fiscal. Si no actuásemos, si no propusiéramos esta reforma al financiamiento de la educación superior, ahí sí podríamos tener en el corto y medio plazo situaciones de presión fiscal y de usos no esperados de los recursos públicos, con una tasa de ejecución de garantías mucho mayor y con distintas presiones a los instrumentos de financiamiento. Más bien nos sentimos protegiendo la responsabilidad fiscal al plantear una reforma al financiamiento que incluya un plan de condonación.
¿Cómo se explica que se haya prometido algo en lo que recién se está trabajando?
Estamos trabajando ininterrumpidamente desde hace un año en establecer este sistema, cuáles son sus mecanismos y no hay inacción de nuestra parte, sino más bien un cuidado de que esto se realice de manera adecuada. Yo tengo el compromiso de entregar y finalizar un proceso de propuesta durante 2023.
¿Puede sentirse engañado el votante que decidió ir por Gabriel Boric porque pensó que se le iba condonar el CAE y en el camino apareció lo de la gradualidad o el hecho de estar al día?
Seguimos trabajando en este compromiso, por lo tanto, esperamos poder entregar esta propuesta durante este año. Quisiéramos entregar certeza a las y los deudores de que vamos a avanzar y no los vamos a dejar solos.
¿Hacia dónde tiene que apuntar este nuevo sistema de financiamiento?
Estamos trabajando bajo principios de justicia, de responsabilidad fiscal y de mantener y no retroceder en los avances que ha habido en gratuidad. Vamos a diseñar un sistema que no genere deuda, que se complemente con esta política (de gratuidad) y que no tiene por qué la relación del Estado con la educación superior y las personas pasar a través de los bancos. Creemos que eso no es necesario para el sistema. En este diseño pensamos pueda haber un buen equilibrio entre los aportes de las personas, del Estado y de las instituciones en la educación superior.
Para esto se requieren grandes acuerdos, ¿cómo se logran?
Estamos colaborando con las distintas instituciones y agrupaciones y esperamos durante este primer semestre tener una agenda intensa de trabajo y luego ir diseñando una agenda de mediano plazo, porque mucho de la ingeniería de detalle, de la transformación del financiamiento requiere de mucho trabajo específico. No pueden ser improvisadas. Pero también vamos a necesitar un desarrollo interministerial y eso va a requerir mucho trabajo conjunto, alineamiento de distintos instrumentos que hoy no están necesariamente relacionados. Se nos viene un gran proceso de diálogo y en eso queremos que las instituciones tengan la total garantía de que vamos a hacerlo sobre la base del acuerdo y el diálogo, porque es imposible de otro modo. No se puede decretar de un día para otro, no se trata que un sector le ponga la pata encima a otro. La única posibilidad que tenemos en el país es entender que las transformaciones que Chile necesita tienen que surgir de un entendimiento amplio. Objetivos como los derechos sociales, una educación superior sin deuda, nos pueden unir. No es casualidad que la Universidad de Chile y la Universidad Católica estén apoyando el proceso constituyente. Hay un valor de muchas instituciones de educación superior que si logramos articularlo hacia el desarrollo podemos darle al país una nueva épica, una nueva esperanza. Un pacto en la educación superior puede ser positivo para el país en general.
Hay también puntos divergentes en la educación superior, como por ejemplo si lo público es lo estatal o no. ¿Qué es lo público?
En todo sistema mixto ciertamente va a haber un debate sobre qué interpretación se da de lo público. Yo creo que hay un efecto que me interesa relevar entre lo público y lo privado del último tiempo, que es que en la medida que pone en el centro a lo público, el debate en sí mismo representa la pérdida de legitimidad que los mecanismos de mercado tienen como posible coordinación de la educación superior. Y con independencia de la posición que adopte cada cual creo que esto es una señal positiva. Soy de las personas que cree que no hay contradicción entre un Estado que fortalezca las instituciones del Estado y que a su vez tenga aportes públicos para un sistema mixto, reconociendo las diferencias y la especificidad histórica de cada una de estas capas de la educación superior, de tal manera de construir instrumentos ajustados a las realidades y aportes que cada sector hace. No hay una contradicción, pero sí rescato del debate una mayor receptividad de las instituciones a orientarse hacia fines públicos y eso me parece positivo.
¿Es partidario de explicitar a las universidades tradicionales no estatales -G9- en un nuevo borrador?
Hay que reconocer y fortalecer las instituciones del Estado y eso no es contradictorio con reconocer los procesos de la sociedad civil que derivaron en la fundación de instituciones que luego fueron aprobadas por ley. Y luego también reconocer a un sector que apostó a complejizarse, a vincularse con el sector productivo, a innovar, que tiene una agenda de igualdad de género e interculturalidad. Eso también hay que reconocerlo. Tiene que haber una síntesis entre todas estas distintas capas. Me da la impresión de que vamos a avanzar hacia allá. Por supuesto que van a haber tensiones y diferencia. Como te decía, nadie podría discutir que el Estado necesita fortalecer sus instituciones y que eso es justo y necesario y que las instituciones de Estado juegan un papel muy relevante. También hay un consenso de que eso no es contradictorio con un sistema mixto y con reconocer el aporte que han hecho estas instituciones que han comprendido que la educación no es una actividad comercial. Sobre esa base tenemos la posibilidad de dar un gran paso adelante.
¿Hay otras instituciones que no lo han comprendido así?
El país ha dado un paso con la legislación del 2018, donde se define claramente el problema del lucro. Hay un consenso en el país en torno a los derechos sociales y en torno a ciertas garantías colectivas. Si hay sectores que no se quieren incorporar a ese consenso yo creo que van a quedar fuera de un gran acuerdo nacional.
¿Por qué cada vez menos personas quisieron ser profesores?
La formación de pedagogía es un ejemplo de que la oferta y la demanda no se alinean con los objetivos del desarrollo del país en lo que a educación refiere. Acá tienen que responder las instituciones públicas. Esperamos durante 2023 terminar haciendo un conjunto de propuestas de política enmarcada en la política nacional que tiene el país respecto de la formación docente y que nos permita construir una forma robusta para abordar el déficit de formación docente.
La matrícula 2023 dio un paso adelante, ¿ya pasó lo peor?
Es un efecto positivo de la PAES que reconoce y le da la posibilidad de postular a personas que en otros instrumentos no los reconocía. Me parece un paso positivo, mas no es suficiente.
A propósito de la PAES, ¿es también un paso adelante?
La PAES es un tremendo paso adelante porque la forma en que está diseñada y concebida como proceso de admisión intenta mediar entre la enseñanza media y superior en un escenario de educación profesional masiva. Reconoce las capacidades de las personas de una manera mucho más justa que otros instrumentos propios de un momento histórico en que la educación superior era más reducida. Vamos a ir aprendiendo, cualquier innovación de estas características se va ajustando. Hay una suficiente capacidad técnica y claridad hacia dónde tiene que ir la admisión, en el sentido cada vez más democrático.
Usted criticó mucho las pruebas en el pasado, a veces hasta parecía demonizarlas, ¿por qué?
Antes de PAES los instrumentos de admisión estaban concebidos en un momento donde la educación superior no era masiva. Por tanto, arrastraban formas de discriminación que al final le hacían mal al país y producían una sensación de malestar en los jóvenes, contribuyendo a esta idea de que no eran capaces. Con PAES estamos en un escenario diferente, es distinto, no es estandarizado.
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