Además de conocer el proyecto de ley corta, un paso clave para aplicar el dictamen de la Corte Suprema que ordena a las isapres utilizar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso era precisar el monto que las aseguradoras debían devolver. Y esa tarea estuvo en manos de la Superintendencia de Salud.
En ese contexto, el superintendente y exdiputado Víctor Torres dio a conocer la cifra frente a la Comisión de Salud del Senado: casi US$ 1.400 millones.
Torres asegura a La Tercera que este fue el monto más bajo que se pudo calcular, tomando en cuenta los criterios establecidos por la Tercera Sala del máximo tribunal.
La discusión sobre cómo viabilizar el fallo no estuvo exenta de polémicas, incluso varias voces dieron cuenta de las diferencias entre Torres y la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Pero el superintendente es claro al afirmar que “este debate está muy lejos de ser uno ideológico”.
¿Qué criterios se usaron para llegar a los US$ 1.400 millones?
Lo que dice la Suprema, que es lo más estricto en términos de saber cuáles son elementos de juicio, es que debemos ajustar todos los contratos de cada isapre a la nueva tabla. Ahora, si ello deriva en un alza de precio, se debe mantener igual; y si baja, se debe bajar y restituir aquello que esté en exceso. Entonces, se hizo un estudio de más de 1.800.000 contratos vigentes y sobre ese estudio se aplicaron los criterios de tabla de factores y del impacto del no cobro del grupo etario entre cero y dos años, que también es parte del fallo.
Lo segundo fue establecer cuáles eran las edades de cálculo de ingreso, porque las personas firmaron contratos en una determinada edad, pero como se fija el nuevo instrumento a partir de abril de 2020, se estableció que las edades de ingreso de cada uno de los beneficiarios tenían que ser a la fecha de abril de 2020, por lo tanto, ingresan en una edad y factor mayor.
Entonces, se va cruzando cada uno de los contratos con las tablas originales y se va dando cuenta del cálculo beneficiario por beneficiario de cada uno de estos contratos, y eso va sumando una cifra, la cual pudo ser ratificada con mayor detalle una vez que les solicitamos información a las isapres.
Se dijo que los US$ 1.400 millones era la cifra más dramática que se había proyectado. Eso da a entender que se pudo haber hecho un cálculo que fuese menos gravoso.
Es el tramo más acotado respecto de las instrucciones de la corte que establece esto desde abril de 2020, porque los primeros cálculos antes de la aclaración postulaban escenarios distintos, incluso con una prescripción de cinco años, que es lo que habitualmente establece la normativa. De ser así, las cifras habrían sido prácticamente el doble. Cuando el criterio es de abril de 2020, esto de llevar las edades de ingreso a los cálculos hace que se reduzca la deuda, por lo tanto, hay un escenario que se puede considerar aún más complejo si las edades se tomaran cuando se firmaron los contratos, que pudo haber sido hasta 10 años atrás. Los elementos que fueron acotando esto fueron generando una deuda más cercana a la realidad de lo que la corte ha fallado.
¿Esta cifra se puede recalcular?
Siempre se puede hacer, el punto es que cualquier conclusión distinta tiene que estar sustentada en lo que dice la corte, y no mediante interpretaciones, sino mediante la aplicación de los fallos. Aquí hay que ser bien estrictos, los fallos no se interpretan.
¿Pudo haber un monto más bajo?
No, este es el monto más bajo en virtud de todos los criterios que se fueron aclarando durante todo este tiempo. Recordemos que hay elementos que se fueron clarificando por parte de la Corte Suprema y que fueron ordenando la manera en que podíamos llegar a ese cálculo. Ahora, si alguien tiene un cálculo más bajo, sería importante saber qué elementos se consideran y si esos criterios cumplen con lo instruido por la Corte Suprema. Porque mal podríamos dar una solución que no cumpla con lo definido por la corte, si no estaríamos llevando precisamente una solución -ahí sí- engañosa.
No había otra manera de calcularlo, entonces…
Nosotros hicimos modelamientos, pero cuando se fueron clarificando criterios por parte de la corte, se fueron ordenando mucho. Y claro, nosotros al terminar el último modelo pedimos la información a las isapres y ya se hizo el chequeo en detalle con la información que se nos entregó. Entonces, ojo, puede haber muchos modelos, pero el punto es cuál calza con todos los criterios establecidos por la corte.
Si ya están funcionando con números rojos, ¿alcanzan a aplicar el fallo completo o caerían antes?
Es verdad que han acumulado pérdidas. Ahora, si uno observa el primer trimestre de 2023 versus el primero de 2022 es un 10% de la pérdida, estamos hablando de $ 2 mil millones versus 21 mil. Hay una situación compleja, no la desconocemos. Insisto, si nosotros hubiésemos aplicado el fallo lo más probable es que se hubiese generado un efecto más complejo aún y nosotros intentamos, a través de este proyecto, minimizar esto y ojalá evitar esos efectos, porque evidentemente nadie quiere dejar caer el sistema, pero hay que buscar soluciones que sean reales. Si nos salimos del marco jurídico, esa solución sí sería un engaño.
Las isapres advierten que es impagable y equivale a años de utilidades.
Es que sí, acá no hay un problema de conciencia respecto del problema. Todo lo contrario, ha sido la dimensión del problema la que nos ha establecido la necesidad de generar un marco legal que permita cumplir de mejor manera el fallo. Y nosotros tenemos que otorgar eso para que las isapres puedan cumplir, pero son las isapres las que deben cumplir el fallo, no es el gobierno ni la Superintendencia.
¿Qué pasa si las isapres caen?
Si las isapres tienen problemas para cumplir lo sentenciado con la corte, ellas deben dar cuenta de eso a la Suprema. No han ido nunca a presentar un recurso de aclaración para que las tesis que han levantado sean sometidas a consideración del tribunal. Los únicos que presentamos recursos de aclaración fuimos nosotros, a pesar de no ser parte de las causas.
¿No descarta una eventual caída de las isapres?
O sea, antes incluso de este fallo algunas podrían haber caído. Siempre hemos estado como Superintendencia vigilando esa situación (...). Esperamos que con este proyecto de ley corta se mejoren las condiciones y ojalá ninguna caiga. Pero claramente las posibilidades siempre existen, con o sin fallo.
En el oficialismo algunos interpretan que este proyecto podría eternizar su discusión en el Congreso. ¿El gobierno puede asegurar que esta iniciativa se va a aprobar durante este periodo?
La viabilidad siempre está asociada a la voluntad de diálogo. Aquí hay un ordenamiento jurídico, y la solución no puede ser fuera de ese límite, si no estaríamos cometiendo el mismo error de aquello que se crítica tanto. Espero que haya conciencia, porque en la medida en que más se demora la solución, más deuda se va acumulando, por lo tanto, es un elemento importante a considerar y habrá que tomar todos los elementos de juicio para llegar a un mejor entendimiento y generar el diálogo necesario para avanzar lo más rápido posible.
De no llegar a ese acuerdo, ¿comparte que esto se podría terminar eternizando?
Siempre existe esa posibilidad, no podemos chocar con la realidad, pero esos han sido los errores que se han cometido a través de la historia y no sé si queremos cometer los mismos errores. Aquí se imputa una responsabilidad al gobierno y la Superintendencia que no es tal. Aquí ni siquiera hay una decisión ideológica, no hemos hablado de reforma, que hubiese sido lo ideal sin esta coyuntura.
Igual se incorporan elementos de la reforma que propuso el gobierno en el programa.
¿Cuáles son los elementos de reforma? Hoy lo único que se está haciendo en términos gruesos es darle a Fonasa mayores atribuciones para que las personas tengan mejor cobertura en la libre elección. ¿Eso es estatizar como algunos han dicho? Varias personas plantean en la discusión pública que la llegada masiva de personas a Fonasa van a entrampar las listas de espera de los hospitales, como si la gente de Fonasa no usara libre elección. Entonces, podemos mejorarlo de tal forma que la persona tenga mejores opciones para poder seguir decidiendo a través de la libre elección y atenderse en el sistema privado, para evitar un colapso en el sistema público. Entonces, es de toda lógica que este proyecto también se haga cargo de eso. Eso no es un elemento de reforma.
Usted dice no hubo elementos ideológicos detrás de este proyecto, pero las diferencias que usted mismo tuvo con la propuesta inicial de la ministra Aguilera hace poco creíble su argumento.
Siempre hay discusiones en los gobiernos de cómo se pueden resolver los problemas, no hay una sola mirada, pero nunca ha habido una discusión ideológica del sistema, porque nunca hemos entrado en esa discusión. El punto es cómo se dan las mejores condiciones para cumplir el fallo y frente a eso uno puede tener diferencias.
Usted las tuvo con la ministra Aguilera, ¿a qué las atribuye?
Siempre uno puede tener discrepancias, pero no hay una cuestión como la que se ha querido plantear de que hay una división profunda, de que hay dos almas, de hecho hay quienes han planteado que ganó un alma respecto de la otra. Pero este debate está muy lejos de ser uno ideológico.
Pero hay tesis que se impusieron al menos.
Es que no son tesis ideológicas, sino cuál es la mejor manera de que se pueda cumplir un fallo en las mejores condiciones que nos dan los límites que hemos conversado.
Lo propuesto por la ministra Aguilera, inicialmente, implicaba una exención de la deuda a las isapres, lo que usted interpretó como un salvataje.
Eso es algo de lo que yo no me puedo hacer cargo, porque yo nunca he dicho que la ministra Aguilera quiso salvar a las isapres.
¿No lo quiso hacer?
Yo nunca he dicho eso.
Pero le pregunto, bajo su mirada, ¿no fue eso lo que propuso?
No puedo hacer un cuestionamiento de eso.
Pero usted conoció la propuesta de primera fuente.
Conocí la evaluación que la ministra estaba haciendo de una propuesta que las isapres le entregaron. Y considero que es de buena fe que alguien quiera tomar una propuesta y evaluar su viabilidad. No hago una connotación moral de eso. Acá hay una diferencia, porque uno puede decir estoy o no de acuerdo y eso no tiene nada de dramático y nada de ideológico. Tiene que ver con cómo se puede cumplir mejor con los parámetros que hemos conversado.
Pensando en lo compleja de la crisis, que involucra la salud de las personas, no le parece inadecuado que se caiga en un nivel de debate sobre cuánto gana cada cual. Conocimos que la ministra Aguilera cuestionó sus remuneraciones.
No, no puedo hacerme cargo de algo como eso. Insisto, aquí hubo una conversación, se nos ha pedido una opinión como ente técnico, hemos dado nuestra mirada, hemos coincidido en muchos elementos, en la gran mayoría de ellos, hemos tenido discrepancias en otros, y se ha llegado a una conclusión que está traducida en un proyecto de ley. Esa es parte de una deliberación dentro de un gobierno democrático. b
