Vigía Elite: el software del “millón de dólares” que complica a la Fiscalía

A primera hora del viernes pasado, 21 de marzo, funcionarios de la Brigada Anticorrupción (Briac) de la PDI irrumpieron en la casa del director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo.

Los detectives tenían una orden firmada por la jueza Patricia Ibacache que les permitía incautar su celular y todos los dispositivos electrónicos que ocupara en la actualidad. ¿El motivo? Una investigación penal que lo sindica como imputado en un presunto delito de fraude al Fisco, tras la millonaria adquisición -vía trato directo- del software Vigía Elite, en la que participó en 2019 cuando era jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional.

Los policías ingresaron a su domicilio, en la comuna de Colina, y se llevaron el computador familiar. Al ser requerido su celular, sin embargo, Toledo manifestó que lo había “olvidado” en la oficina de la casa de estudios. Fue entonces cuando los detectives lo requirieron a trasladarse hasta la USS, donde -horas después- entregó un móvil y el PC que utiliza en su trabajo. Ese mismo día, el abogado realizó una maniobra que hoy resulta un tanto extraña y es que reportó a una funcionaria de la entidad educativa que su computador había sido sustraído.

El lunes 24, la USS acusó el golpe de que un dispositivo fuera robado y le pidió formalizar la denuncia ante la PDI, sin embargo, Toledo cambió la versión y dijo a las autoridades que no era necesario, pues a esa altura ya estaba haciendo gestiones para recuperar el equipo. Todo esto, dicen fuentes ligadas al caso, ocultando el verdadero motivo de la “desaparición” del equipo.

Lo único que había cambiado desde el viernes 21, cuando Toledo fue allanado, al lunes 24 de marzo, es que ya no lo investigaba el mismo fiscal.

Haciendo uso de la facultad que le da la ley, el artículo 19 del Código Orgánico, el fiscal nacional, Ángel Valencia, le quitó la causa al jefe de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, y la envió a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.

Es decir, uno de los casos que más complica al Ministerio Público, y que implica el supuesto mal uso de más de “un millón de dólares” del erario fiscal, pasó de tramitarse en Santiago (donde viven los imputados y opera la Fiscalía Nacional) a Valdivia, sin escala y sin explicación.

La decisión de Valencia y su equipo, además, se tomó después de que The Clinic diera a conocer que ese mismo viernes 21, en la tarde, el fiscal Morales allanó la Fiscalía Nacional, ubicada en Catedral 1421, e incautó el celular de la abogada de la Unidad de Drogas, Carolina Zavidich.

Quienes conocen de la pesquisa detallan que la diligencia se dilató más de lo esperado. A esa hora la mujer estaba en su casa, por lo que se solicitó que se requisara su teléfono en el domicilio personal e -incluso- se habría sugerido regresar a la semana siguiente, comentó un funcionario. Sólo ante la negativa del investigador, la mujer fue requerida por su jefatura a volver a su oficina y colaborar con la diligencia, que -al igual que la de Toledo- contaba con orden judicial.

En el oficio en que Valencia reasigna el caso, argumentó que lo hacía ya que, a su juicio, la causa ahora revestía “mayor complejidad” y, por ende, requería la intervención de un fiscal regional.

La gran interrogante que ronda en el Ministerio Público es por qué no se asignó entonces el caso al jefe de Morales, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. No pocos se aventuran a entregar una versión no oficial: “Xavier no es cercano al fiscal nacional”, “lo sacó de la subrogancia”, “lo encuentra poco controlable”, “no hay confianza”.

Hace un año, el fiscal nacional encargó al abogado asesor de la unidad de recursos procesales, Alejandro Ivelic, que investigara a fondo una millonaria adquisición de un software en la era de su antecesor, Jorge Abbott.

A poco andar, el funcionario detectó, tras una serie de entrevistas, irregularidades que podrían revestir delitos. En su informe a la máxima autoridad del Ministerio Público, Ivelic planteó que “Vigía Elite Perpetuo Insitu”, el programa comprado por trato directo a The Pegasus Group Company S.A., no funcionaba. Fue una inversión de más de un millón de dólares y que venía -supuestamente- a reemplazar a Resit, la herramienta que se ocupaba para interceptar llamadas telefónicas en causas judiciales. Sin embargo, Vigía nunca funcionó.

Lo peor, según se estableció en el sumario, es que el exjefe de Informática Óscar Zapata, y el propio Toledo -que participaron de la millonaria adquisición-, no procuraron establecer cláusulas que le permitieran a la Fiscalía recuperar el dinero en el caso de que el sistema no funcionara, como finalmente ocurrió.

El monto total que involucró esta transacción alcanzó US$ 1.030.000, pese a que nunca se utilizó, porque no existió viabilidad técnica, como pudo comprobar el actual jefe de Crimen Organizado, Ignacio Castillo. En la indagatoria administrativa se establecieron las responsabilidades de Zapata, Toledo y Zavidich, pero estaban prescritas. Sin embargo, ante hallazgos de eventuales delitos, el fiscal nacional derivó el caso a la Fiscalía dirigida por Armendáriz, todo esto hasta este lunes, cuando decidió reasignarla y cambiar el rumbo de la causa.