“A quienes estén en situación irregular, o se regularizan o se van. Y a quienes hayan cometido delitos, derechamente se tienen que ir”. Ese fue parte del mensaje que, el pasado jueves 13 de octubre, el Presidente Gabriel Boric le envió a los extranjeros que se encuentran de forma irregular en Chile.

En la instancia, abordó la forma en que su gobierno está enfrentando la crisis migratoria en el país y endureció el tono frente a una de las agendas más sensibles y prioritarias para la opinión pública, ya que según la última encuesta del CEP, el 61% de la población se mostró proclive a prohibir toda inmigración en el país.

Y es que según los datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), en los últimos cinco años se acumularon 128.921 denuncias por ingresos irregulares a Chile. En comparación a las cifras entre 2013 y 2017, en ese periodo se contabilizaron 16.650 denuncias por la misma institución.

Este aumento ha sido largamente foco de polémicas y críticas, entre ellas la del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Álvaro Bellolio, quien sostuvo en su momento que el peak de ingresos durante estos últimos años se debido a la postura de las nuevas autoridades de gobierno, quienes fueron “grandes activistas en la defensa de los ingresos clandestinos”, sumado al término del Estado de Excepción en la macrozona norte y la renuncia a la reconducción y devoluciones de los extranjeros a sus países de origen.

Pese a las críticas, las cifras durante el gobierno del Presidente Boric han mostrado avances en término de expulsiones durante sus meses de administración. Pero el número no resulta alentador.

De enero a septiembre de 2022, de las más de 1.200 resoluciones firmadas por el actual director del Sermig, Luis Eduardo Thayer, solo se ha concretado el 0,9% de las deportaciones de carácter administrativas, según cifras a las que accedió La Tercera, mientras que las de carácter judicial, al contrario, han sido 881.

Dentro de los números entregados por la PDI, también llama la atención el total de las expulsiones que se concretaron. Así, por la vía judicial, en 2021 se generaron 667 de estas, mientras que, como se ha dicho, en el presente año van 881, aumentando ya en un 32%. Sin embargo, la cifra cambia de forma drástica en términos de expulsiones por vía administrativa, puesto que si en 2021 se completaron 246, en 2022 van 17.

Para Thayer, la baja en las expulsiones administrativas se debe a que el procedimiento legislativo cambió: “Se hizo más complejo, más burocrático con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones, pues primero hay que notificar a las personas de manera presencial para dar inicio al procedimiento; luego hay una segunda notificación presencial cuando el decreto de expulsión esté listo y luego la PDI tiene que acercarse por tercera vez a la persona para materializar la expulsión. Entonces esto genera que el proceso sea poco expedito y con muchas dificultades logísticas”.

Asimismo, el director del Sermig explica las razones de por qué las expulsiones por vía judicial superan las administrativas: “Dado que las judiciales tienen una logística más simple, es más expedito realizar una expulsión judicial que una administrativa, porque las personas están en recintos penitenciarios, es cosa de ir a a buscarlos y materializar la expulsión”.

Otro de los tópicos que se pueden analizar con las cifras de expulsiones son las nacionalidades de los migrantes que deben dejar el país.

Según los datos entregados por la PDI, desde 2018 a 2022 los migrantes más expulsados de Chile provenían de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, y se han concretado principalmente por hecho delictuales ligados al tráfico de drogas, violencia y asesinato, entre otros delitos.

Al concentrarse solo en la expulsión de migrantes desde enero a septiembre de 2022, los bolivianos son mayoría, con 666, lo que representa el 74,1% de las 898 expulsiones ocurridas este año (administrativas y judiciales), seguido de 89 colombianos, 63 peruanos y 44 venezolanos. Hay, además, expulsados argentinos (6), brasileños (2), dominicanos (17), ecuatorianos (7), paraguayos (3) y un indonesio.

La preponderancia de la nacionalidad boliviana tiene una razón lógica, según Pablo Roessler, director del estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). “Se concentra principalmente en el norte de Chile y se atribuyen, en general, al narcotráfico. Según los análisis a los que hemos llegado, esta gente no viene con un propósito migratorio a Chile, sino que solo está de paso y es capturada por estas redes internacionales que los obligan a participar como burreros o correo humano de droga”, sostiene.

Y agrega: “A ellos se les detiene y se les aplica una pena sustitutiva para no generar hacinamiento en las cárceles y devolverlos a su país de origen”.

Mijail Bonito, ex asesor de Política Migratoria del Ministerio del Interior entre 2018 e inicios de 2022, asegura que durante su participación en la administración del gobierno de Sebastián Piñera el fenómeno también se repitió. Y recalca que las expulsiones por vía judicial, en estos casos, siempre han sido más altas que la administrativas.

“La población boliviana ingresa por la zona norte en alto número y, al menos, durante mi época en Interior era un alto número de burreros, con pequeñas cargas de droga que eran detectadas, cuya pena era inferior a cinco años y se modificaba, judicialmente, por expulsión”.

Pero pese a que las expulsiones judiciales han tenido un avance en su desarrollo, Bonito cree que el tema de fondo es poder crear políticas que detengan el flujo anómalo en las zonas fronterizas del país.

“El principal desafío es contener el flujo de ingreso irregular por la frontera. Se logró, contra la presión de los que hoy son gobierno, contener en Chacalluta en el 2019. La nueva ley tiene la reconducción inmediata y este gobierno decidió no aplicarla en la frontera con Bolivia, cuando lo lógico es tomar medidas para evitar que el tráfico de migrantes circule libremente por Bolivia para llegar a Chile. Lo segundo: no puede haber un proceso de regularización, sería un premio a la irregularidad y un incentivo que atraerá más migrantes irregulares”, asevera.

Otro de los factores que puede influir en la expulsión de bolivianos y peruanos, analiza Francisca Vargas, directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, es la cercanía con sus países de origen, pues “es mucho más sencillo expulsar a personas de un país colindante que personas de países más lejanos por los costos que implican. Puedes llevar a las personas en bus hacia la frontera y ya los dejas en destino. En cambio, personas de nacionalidad haitiana, venezolana, colombiana o dominicana implican todo un protocolo de aerolínea y funcionamientos con altos costos”.

En medio de las críticas por parte de la oposición por la demora en las expulsiones bajo vía administrativa, el gobierno decidió ingresar un proyecto de ley para “agilizar los procesos de expulsión en contra de migrantes”.

Además, y como respuesta a esas críticas, el pasado 19 de octubre el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, contraatacó y juzgó a la administración pasada porque “no fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes”.

En este sentido, la actual normativa requiere que para expulsar a un migrante mediante la vía administrativa primero se le notifique de dicho proceso antes de ejecutar la expulsión. Sin embargo, el proyecto de ley cambia este mecanismo y permite que la expulsión sea enviando una carta certificada al domicilio que el migrante haya dado, y ahí se entenderá como hecha la notificación. Además, el proceso también permitiría la notificación vía correo, lo que según Monsalve, también podría agilizar la tramitación de expulsión.

Así, el pasado miércoles 26 de octubre la comisión de gobierno del Senado aprobó de forma unánime el proyecto en general y particular “por lo que esperamos que esta situación se normalice”, agregó Thayer.

No obstante, para el ex director del servicio, Álvaro Bellolio, no solo hay que enfocarse en lo desarrollado durante el último año, sino que hay que “mirar el proceso completo”.

“Hoy casi todos los que buscaban evitar las expulsiones trabajan en la actual administración, siendo el caso más emblemático el director regional de la Región Metropolitana del Servicio de Migraciones, que intentó evitar la expulsión de una narco condenada por traficar cerca de 1.600 kilos de droga y las organizaciones mencionadas interpusieron más de 300 recursos al año para evitar expulsar extranjeros, tanto con antecedentes penales como con ingreso clandestino”, sentencia.

Y mientras el gobierno comienza a tramitar las modificaciones para la nueva Ley de Migraciones, el miércoles pasado la Subsecretaría del Interior informó la expulsión de otros 49 ciudadanos extranjeros (no considerados en las cifras de la PDI expuestas en este artículo porque octubre no ha finalizado) condenados por delitos vinculados al tráfico de droga, robo con violencia, tenencia ilegal de armas y munición. En ese momento el gobierno detalló que 45 de los expulsados eran colombianos y los otros cuatro ecuatorianos.

A este hecho se suma la notificación de expulsión que se informó un día después a 13 colombianos, quienes agredieron a carabineros en la ciudad de Puerto Montt. No obstante, aún podrían impugnar la decisión con una apelación ante los tribunales en un plazo de 10 días.