El comerciante, junto a otro inversionista, habían adquirido seis piezas, entre cabezas y torsos de esculturas, procedentes del robo y saqueo de obras de arte realizado en el año 2014 en las ciudades libias de Albaida, Apolonia y Cirene. Se les imputan delitos de financiamiento del terrorismo yihadista, receptación, falsedad de documentos y contrabando, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional, tribunal español con sede en Madrid.

La libertad bajo fianza fue de 12 mil euros y, tanto a él como a su compañero, les impusieron la prohibición de abandonar España, les retiraron sus pasaportes y deben comparecer quincenalmente en el juzgado. El anticuario dijo al juez no saber que traficaba con terroristas, ya que su contacto era a través de un mercader libanés y uno egipcio, quienes actuaban finalmente como enlaces entre los terroristas y los compradores en España.