¿Es una buena idea eliminar el Crédito con Aval del Estado?

Una de las consecuencias que dejó el debate y aprobación del Presupuesto Nacional 2024 fue el resurgimiento de una promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric: la eliminación y condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según las autoridades de gobierno, antes de septiembre el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que modernice y genere un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior.

Sin embargo, se prevé que la iniciativa tendrá un difícil trámite legislativo, entre otras razones, por el alto costo que implica la condonación del CAE -US$ 11 mil millones- y por cómo el proyecto impactará en el compromiso de mantener el equilibrio fiscal comprometido entre Ejecutivo y los partidos políticos.

Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián (USS), afirma que “el CAE es un buen instrumento de financiamiento y apoyo a los estudiantes, pues ha permitido a muchas familias que sus hijos accedan a la educación superior. En especial, familias que no califican para gratuidad, porque no están en el 60% más vulnerable de la población”. Según el ex ministro de Economía -durante el primer gobierno de Michelle Bachelet- la actual situación económica que atraviesa el país tampoco permite el gasto que implica la condonación del CAE.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS y ex subsecretario de Hacienda -en el gobierno de Sebastián Piñera- agrega que “más de 1 millón 158 mil personas han podido estudiar gracias a este crédito, que beneficia especialmente a nuestra clase media”.

Weber considera que el CAE se perfeccionó y acotó los porcentajes máximos de pago en base a ingreso de los egresados. “En 2012, la baja en la tasa al 2%; un techo del 10% de los ingresos como máximo de la cuota a pagar; y el no pago en caso de desempleo, permiten alcanzar el mejor comportamiento de pago y una reducción de la morosidad, cifras que el año 2015 alcanzaron sus mejores resultados con un 65% y un 35%, respectivamente”. Sin embargo, el decano USS considera que la introducción de la gratuidad en la educación superior y el anuncio de la actual administración de avanzar en la condonación del CAE, gatillaron los peores resultados del sistema, con una morosidad que hoy llega al 54%.

¿Condonar el CAE se ha vuelto para el gobierno una promesa compleja de cumplir? A ojos del rector Lavados “es prácticamente imposible por el costo que implica”. De hecho, en cifras, terminar con este crédito significa un gasto de $11 mil millones de dólares como costo estimado; es decir, un 4% del PIB, según datos de Ley de Transparencia y la Comisión Ingresa con información sobre beneficiarios CAE.

“Creo que, considerando las múltiples urgencias que existen en el país, como seguridad, salud y pensiones, entre otras, no hay forma de justificar el gasto equivalente a casi el doble de los recursos asignados en 2023 a la Pensión Garantizada Universal”, argumenta Lavados.

Alejandro Weber complementa la condonación del CAE sería un “error, porque equivale al 60% del presupuesto anual destinado a educación y 2,5 veces la asignación de recursos a políticas habitacionales. Esos recursos compiten con innumerables urgencias sociales”.

Sin que aún se hayan conocido detalles del plan gubernamental, como métodos posibles para su ejecución ni el segmento de personas que beneficiará, Lavados analiza que, en la práctica, condonar el CAE sería eliminar el método actual.

“El CAE es perfectible, hay ejemplos en el extranjero que nos dan luces”, asegura el rector USS, tomando el caso de Reino Unido, con la rebaja del porcentaje mensual máximo a pagar considerando bandas salariales o reducir el total de años en que se debe pagar.

Otro flanco son las deudas individuales de cada estudiante. En julio de 2022, el Ministerio de Educación presentó el “Primer informe del Crédito con Aval del Estado (CAE): características de la población deudora e impactos”, en que el 69,5% de los deudores tiene un sueldo menor a $750.000. Ante ello, Alejandro Weber afirma que debería existir algún criterio entre la entrega del CAE y la empleabilidad de las carreras, argumentando que “el problema de los bajos salarios en Chile no tiene que ver con los mecanismos de financiamiento de la educación superior”.

Tomando datos de CASEN, que indican que quienes egresan de la educación superior tienen salarios mayores a quienes no acceden a ella, ya que -en promedio- un profesional universitario gana 2,5 veces lo que gana una persona sin educación profesional, Weber sostiene que “siempre la cuota que pagarán los beneficiarios del CAE tendrá como techo el 10% de la remuneración que obtengan y no pagan nada en caso de estar sin empleo”, plantea, y agrega que “debemos mejorar los salarios, pero esto será consecuencia de fortalecer nuestro mercado laboral y de retomar el extraviado crecimiento económico a partir de políticas pro ahorro, pro inversión y pro empleo”.

Lavados, en tanto, dice que “sólo hemos conocido el titular del anuncio, pero nadie conoce la letra chica. No sabemos el alcance de la medida, a quién beneficiará ni tampoco cuáles serán los criterios para aplicar. ¿Se condonará a quienes estén al día, a quienes no han pagado nunca? La incertidumbre es total”.

Frente a esta posición de responsabilidad fiscal por sobre condonar el CAE, los entrevistados proponen caminos frente a este tema que impacta en los chilenos. El rector USS cree que la discusión y debate en torno al CAE, tanto al interior del Ejecutivo como en el Congreso, “no tendrá un trámite fácil, dado que el proyecto ingresará previo a las municipales y eso puede influir en el curso del debate”.

Con las cifras que significa llevar a cabo la condonación, Alejandro Weber opina que “tenemos que emparejar la cancha en nuestro sistema educacional y fortalecer la educación preescolar y primaria, en lugar de seguir gastando en las etapas finales del ciclo formativo”, agregando que “no es responsable fiscalmente ni tampoco justo pensar en condonar el CAE”.

En ese sentido, para él la discusión debería apuntar hacia mecanismos para “perfeccionar los avances ya logrados y seguir optimizando el instrumento”. El decano USS sentencia que “en momentos en que se discute la necesidad de recaudar más recursos para hacer frente a necesidades sociales como seguridad, educación o salud, condonar el CAE sería una política que va en la dirección equivocada”.