Óscar Naranjo, experto mundial en seguridad: Las claves para enfrentar el crimen organizado en Chile

Óscar Naranjo Trujillo (66), politólogo y exdirector de la Policía Nacional de Colombia, llegó a ser conocido como el mejor policía del mundo en 2010.

Fue negociador plenipotenciario del gobierno de su país en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), quizá el más grande desafío de desarticulación de violencia vivido en ese país. También ejerció como vicepresidente de Colombia, durante el mandato de Juan Manuel Santos, entre 2017 y 2018.

Según él, hoy en materia de delincuencia internacional “se está produciendo un verdadero momento de inflexión en la historia de la humanidad”. Su tesis: si el mundo en todo aspecto se ha atomizado, el crimen organizado también. No sólo hay más violencia acechando, sino que está fragmentada y, por tanto, el desafío en la batalla para el control por parte de los Estados es enorme.

El afamado expolicía sostiene que ya no es es posible hacer un recuento de grupos como antaño, cuando algunos trataban de monopolizar el negocio criminal. El exgeneral cita, entre esas bandas, a grupos como las distintas vertientes de los carteles colombianos o de la mafia italiana. “Lo que encontramos es una proliferación de estructuras. No habría páginas para escribir y relacionar y hacer el inventario de esas organizaciones que día a día se multiplican”, afirmó durante el seminario “El rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública: ¿Cuál es el límite?”, que organizaron en Concepción por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado (Cescro), de la Universidad San Sebastián (USS).

¿Qué puede hacerse frente a esta diáspora? Para el exsubsecretario del interior, exdiputado y ex convencional constituyente Felipe Harboe, quien también formó parte del seminario, cualquier batalla debe partir por abordarse con visión de Estado. Y para él, Chile en ese aspecto está al debe: “No se observa estratégicamente, no se diseña estratégica ni geopolíticamente”, sostuvo Harboe, quien también participa en el Cescro USS.

Una de estas tareas estratégicas y urgentes es cambiar. Hay que innovar en la formación de quienes deben desarrollar la lucha, hay que articularse. Harboe señala: “No tenemos un Estado lo suficientemente evolucionado para entender que esto tiene que ser un trabajo interagencial”.

En esa tarea, donde necesariamente deben imbricarse instituciones del Estado y fuerzas de la sociedad civil, es que entra la pregunta por la misión de las Fuerzas Armadas: ¿Les cabe o no una tarea en esta nueva dimensión?

En su informe “Focos rojos de seguridad y conflicto político en Sudamérica: Tendencias e implicaciones para América Latina”, el historiador por la Universidad de Chile y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Guillermo Guajardo Soto, sostiene que “para los militares brasileños y chilenos, el narcotráfico no es una amenaza de seguridad tan relevante como para obligarlos a dejar sus tareas de defensa”. Añade que la “presión para involucrar” a las FF.AA. en las acciones contra el narcotráfico y la migración ilegal “es vista en algunos países como una forma de intervención y de destrucción del profesionalismo” que debe asistirles.

Al respecto, Óscar Naranjo es un experto. En Colombia, explica el exgeneral, la presencia de carteles -con la “alta conflictividad” que representan- llevó la situación al límite, al punto de instalar ese país en la lista de “candidatos a estado fallido” a finales de la década de los 80 del siglo pasado. La salida obligó -afirma- a “una integración de policías y militares y de instituciones y de interagencias”. Hubo un frente común para detener el proceso de degradación.

Desde su perspectiva, “sería insensato” frente a una situación de calamidad, de emergencia o de “desborde de la amenaza” no contar con las capacidades de los militares: “No me refiero a la presencia de soldados en las calles como parte fundamental y necesaria para superar el reto de la inseguridad y el crimen organizado. Me refiero a sumar capacidades que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de inteligencia”.

¿Qué elementos deben manejarse para involucrar a los militares en procesos de lucha contra el crimen organizado? Según Naranjo, además de evitar “una militarización de la seguridad” callejera, hay que comprender que la inteligencia militar debe ser canalizada “en función de prioridades y propósitos”. Eso implica, por ejemplo, poner focos. Uno de ellos está en los controles fronterizos y migratorios “para evitar la migración ilegal”.

Hace 15 años, un especialista de la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos delineó lo que se conoce como un arco de inestabilidad a nivel global atado a la corrupción y el tráfico de drogas. Ese arco cubría entonces el África subsahariana, Medio Oriente, el Sudeste Asiático y una parte de Sudamérica, además de México y América Central. En ese arco no cabía el Cono Sur, al que Chile pertenece. Pero ese arco ha cambiado. Hoy, el crecimiento del crimen organizado internacional tiene al Cono Sur amenazado ante el influjo de la violencia y el tráfico de drogas.

De los datos que reflejan esta nueva realidad se hace cargo John Griffiths, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Chile y jefe de Estudios de Seguridad y Defensa del think tank Athenalab. Durante el seminario, el especialista entregó algunas de las cifras que vienen.

En Latinoamérica, se produce el 85% de los secuestros del mundo. Si con 10 asesinatos cada 100.000 habitantes, se está frente a lo que él define como “una crisis fuera de control”, en Latinoamérica la situación es suficientemente grave como para que el promedio de la región sea de 30 asesinatos cada 100.000 habitantes. Brasil tiene en este momento 15 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Como dato complementario: si bien en América Latina se produce el 36% de las muertes violentas del mundo, esta zona del planeta tiene sólo el 8% de la población mundial.

¿Y Chile? En promedio, el país -explicó el experto- puede exhibir una cifra alentadora, que va entre 4 y 6 asesinatos cada 100.000 habitantes, muy en línea con Europa, donde hay 2 o 3 crímenes cada 100.000 habitantes, o con Estados Unidos, que tiene 5 o 6 por cada 100.000 habitantes. El drama, no obstante, se esconde en los datos desagregados: “Hay comunas en Santiago que hoy tienen 18 asesinatos cada 100.000 habitantes, y eso es una realidad”.

Durante el encuentro de la USS, Griffiths formó parte de un menú de especialistas cuya tarea, además de diagnosticar, fue la de reflexionar en torno a soluciones posibles. En especial para un país como éste, que hace 10 años no conocía de hitos delincuenciales como los que se han vivido en los últimos meses. Secuestros, tráfico de personas, dedos cercenados, asesinatos a sangre fría por encargo (sicariato), quitadas de drogas o cuerpos enterrados y tapados con concreto. De su lectura solo puede desprenderse que detrás está el crimen organizado.

Otros de los expertos que participaron en la jornada fueron: Marco Di Maggio, experto en seguridad y encargado del servicio antidroga para América del Sur del Ministerio del Interior de Italia; Pía Greene, ex jefa de la División de Seguridad del Ministerio el Interior de Chile y académica de CESCRO USS; Rodrigo Díaz, gobernador de la región del Biobío; Cristián de la Maza, vicealmirante (r) de la Armada de Chile y exsubsecretario de Defensa; Esteban Díaz, exgeneral subdirector de Carabineros; Jorge Burgos, exministro del Interior y Seguridad Pública y miembro de CESCRO USS; y Luis Toledo, exjefe de la Unidad Antidrogas Fiscalía Nacional y director de CESCRO USS.

La migración ilegal es, precisamente, una de las especialidades de la primera organización delictual internacional reconocida en Chile, el Tren de Aragua, que se dedica a la trata de personas para fines de explotación sexual, a las extorsiones, al sicariato y al narcotráfico. Según un informe del centro de pensamiento InSight Crime, este grupo surgió hace unos 15 años, a partir de una construcción ferroviaria inconclusa en el centro-norte de Venezuela. Hoy opera en ocho países de la región.

Sobre su accionar en Chile, los datos entregados por organismos como la PDI son elocuentes. En febrero de 2022 operaban en el país 26 miembros del Tren de Aragua. En mayo pasado, la Fiscalía ya tenía detectados a 350. A comienzos de junio, un operativo permitió detener a más de 50 de sus miembros en cinco regiones. Desde la zona norte, donde comenzó su penetración y donde el manejo de fronteras es muy complejo, ya se extendió hasta llegar incluso al Biobío. El 29 de junio, la Fiscalía de Arica pidió once penas de presidio perpetuo en una acusación contra 44 miembros de “Los Gallegos”, su brazo operativo en esa zona.

En línea con el diagnóstico de Guillermo Guajardo, el exgeneral Óscar Naranjo es consciente de los riesgos que implica involucrar a los militares en la lucha contra grupos criminales como el Tren de Aragua: “En mi opinión, las fuerzas militares son la reserva moral de una sociedad”, afirma. Por lo mismo, señala como una tarea clave la de preservarlas “del riesgo de contaminación” del que son capaces estas bandas organizadas, cuya capacidad monetaria es enorme.

Según Naranjo, hace unos años, la economía criminal calculada alrededor de los estupefacientes “hablaba de medio billón de dólares circulando de manera ilegal por el mundo”. Hoy, añade, esa cifra “se ha multiplicado” debido al crecimiento de “la producción y el consumo de drogas”, a los que se suman otros cuatro factores: la explotación minera, el cibercrimen, la explotación de maderas y, por cierto, el tráfico de seres humanos que tiene un movimiento migratorio ilegal de carácter global.

Para el exgeneral colombiano, la enorme conflictividad armada que se genera gracias a este escenario de mafias cada vez más poderosas, millonarias y diversificadas pone delante otra tentación, la de elegir “la mano dura” para enfrentarlas.

Según el especialista, esa línea de trabajo, antes que solucionar, solo propone riesgos: “La mano dura no significa nada. Es una manera de excusar la incapacidad para decir que por vía de la fuerza uno es capaz de contener un fenómeno. Y la verdad, la mano dura pone a las instituciones bajo el riesgo de que su legitimidad, que es la piedra angular sobre la cual se funda el desempeño institucional, desaparezca”, afirma el exgeneral.

Naranjo ejemplifica por la vía de los datos. En América Latina -señala- cerca del 63% de quienes han cumplido penas reincide en el delito: “Lo que eso significa es que no importa si la pena es larga o corta, eso lo que significa es que el sistema penitenciario está fracasado en cuanto debe tener como foco central la generación de segunda oportunidad a quien comete un delito y se resocialice”.

Para él, por tanto, militarizar la seguridad de los países, además de poner acento en la inteligencia, implica que no se debe apostar por extender penas. Por el contrario, añade, implica ampliar conocimiento integrando dos mundos que -señala- aún parecen fracturados: “El mundo académico y ciudadano versus el mundo institucional”. Al trabajar y generar propuestas desde ópticas no integradas -agrega- solo pueden ofrecer “visiones distintas y en todo caso imperfectas del fenómeno que estamos enfrentando”.

Óscar Naranjo Trujillo es, en ese sentido, enfático y afirma: “Hay que revalorizar el papel de la inteligencia como un instrumento preventivo, anticipativo y democrático para luchar contra el crimen”. Para él, desde ese conocimiento amplio es posible formular políticas públicas que ayuden de verdad a “avanzar frente a este desafío” al que se enfrentan Chile, Latinoamérica y -por qué no- el mundo.