Constitución y derecho a vivienda: ¿La solución a un problema histórico?

A pesar de lo mucho que se ha avanzado, los problemas habitacionales siguen siendo una dura realidad para gran parte de los chilenos. Se estima que existen cerca de 15 mil personas viviendo en situación de calle; más 81.643 familias emplazadas en casi 1.000 campamentos, según Techo-Chile, y una cifra superior a las 700 mil familias hacinadas o en condición de allegamiento.

Datos que lamentablemente van en aumento por razones como el menor tamaño de las familias, el fenómeno de la migración y la falta de una política integral de desarrollo de las ciudades, que ayude a mitigar el alza del precio de las viviendas.

Así, el creciente déficit habitacional ha emergido como una de las principales deudas sociales en nuestro país y, por lo mismo, será un tema a tratar durante el proceso constituyente.

Un nuevo derecho

Si bien el derecho a la vivienda no está consagrado directamente en nuestra carta fundamental, está presente en el país por efecto de diversos acuerdos internacionales. En particular, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -adoptado por la ONU-, en donde se reconoce el derecho a la vivienda como parte de las garantías fundamentales que deben entregar los estados.

Asimismo, en 1965 el gobierno de Eduardo Frei Montalva creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para abordar esta problemática y se trata de una de las prioridades que todos los gobiernos, independiente de su color político, han priorizado dentro de su agenda.

Sin embargo, en la actual Constitución el derecho a la vivienda no está considerado de manera explícita, lo cual no significa que no sea un tema de preocupación.

Bien lo sabe Cristián Monckeberg, ex autoridad del Minvu y constituyente electo por el Distrito 10, quien explica que se trata de un Ministerio con un gran presupuesto -en torno a los 2 mil 500 millones de pesos asignados a proyectos de vivienda y urbanismo cuando él estuvo a cargo, cifra que aumentó a casi 4 mil millones de pesos este 2021-, pero cuya ejecución estaría truncada.

“El problema es que el desarrollo de viviendas sociales depende de dos decretos que rigen todas las políticas y los posibles gastos. Darle un rango constitucional al derecho a la vivienda lo priorizaría ante los gobiernos, mejoraría la orientación del presupuesto y obligaría a avanzar más rápido”, nos explica.

De hecho, Monckeberg ha sido uno de los impulsores de la incorporación del derecho a la vivienda en la nueva Constitución. “Imaginé que esto iba a ser un poquito más discutido, pero todos los candidatos, en todos los debates en que me tocó participar, pensaban más o menos lo mismo y, en nuestro sector, que a lo mejor no es muy dado a incorporar derechos sociales, se ha logrado un alineamiento con varios derechos, siendo uno de ellos el de vivienda”, nos cuenta el ex ministro.

Hoy, según un reporte hecho por La Tercera, solo cuatro constituyentes están en contra de incluir este derecho en la carta magna; el resto está dispuesto a aprobarlo, pero con ciertos matices.

Por su parte, Patricio Donoso, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y actual presidente de la Comisión Constitución y Democracia del gremio, sostiene que “el acceso a la vivienda es una urgencia social que hemos intentado visibilizar desde hace más de una década. Es un desafío público que nos llama a todos a colaborar para encontrar las mejores soluciones. Y, en esa línea, establecer en la Constitución el derecho al acceso a la vivienda con la idea de mandatar a los futuros gobiernos a hacerse cargo de esta política pública nos parece adecuado y necesario”.

Ampliarse a la ciudad

Para el arquitecto y magíster en desarrollo urbano Iván Poduje, la sola mención del derecho a la vivienda en la Constitución no será un gran avance si no se reenfocan las políticas de creación de viviendas.

“Desde el retorno a la democracia se han construido más de 2 millones de vivienda, pero, de ellas, unas 250 mil han sido construidas en entornos segregados y sin servicios. Incluso hemos tenido que demoler más de 10 mil y se va a tener que seguir haciendo”, nos cuenta.

Monckeberg explica que precisamente en los ’80 y ’90 se privilegió la producción viviendas por sobre las condiciones del entorno urbano, lo que fue generando barrios más segregados. “El costo social que se pagó por preferir la rapidez terminó siendo mayor”, explica.

Un reciente estudio de la CChC constató que casi 700 mil familias, de las 22 principales ciudades del país, viven en entornos que pueden ser calificados como “críticos” al evaluar en conjunto cinco dimensiones de alto impacto en este ámbito: infraestructura básica, equipamiento y servicios, medioambiente, vialidad y movilidad y seguridad urbana.

Entonces, la solución a este problema estaría en agregar una nueva arista a lo que se define como derecho a la vivienda: el derecho a la ciudad.

César Uribe es el único arquitecto de la Convención Constituyente. Actualmente vive en San Fabián, Región de Ñuble, y el derecho a la vivienda fue uno de los puntos clave de su campaña. Pero cree que es importante “que no solo se resuelvan los temas constructivos ni se piense únicamente en el espacio físico habitable. También debe tomarse en cuenta la conectividad, la integración social, las condiciones medioambientales y que, en definitiva, se mejore la calidad de vida”, dice el constituyente.

Es decir, el derecho a la vivienda no sería suficiente si no va acompañado por definiciones que apunten a mejorar sustancialmente todas las dimensiones que impactan en el entorno urbano.

Donoso coincide con este punto: “El entorno en el que vivimos no debe disminuir las oportunidades, sino que aumentarlas. Desde la CChC hemos impulsado con mucha fuerza el establecimiento de estándares mínimos urbanos con el objetivo de establecer un piso para las políticas públicas urbanas”.

¿Quién materializa los derechos?

El dirigente gremial incorpora un aspecto a la discusión respecto de quién es el responsable de asegurar el cumplimiento de estos derechos.

“En varias constituciones en el mundo, como por ejemplo la alemana, los derechos sociales se entienden como mandatos a que el Estado busque las mejores alternativas para resolver los desafíos sociales del país. Esto, por supuesto, no implica que estos deban ser gratuitos, ni necesariamente provistos exclusivamente por el Estado”, indica.

Por su parte, tanto los constituyentes como Poduje concuerdan en la importancia de los gobiernos regionales o comunales en toma de decisiones, ya que tienen más posibilidades de desarrollar proyectos que cuenten con una adecuada participación de la ciudadanía.

“Para ello los gobiernos regionales deben estar operativos y que exista claridad sobre cuáles van a ser sus competencias y modos de actuar. Es necesario que hagamos la transición, pero que sea una transición rápida de facultades para poder transferir rápidamente sus competencias”, señala Poduje.

Matices y acuerdos

Por supuesto, y pese a la disposición general de incluir el derecho a la vivienda y a la ciudad en la nueva Constitución, hay ciertos matices que de seguro harán que se necesite llegar a acuerdos sobre la forma en la que se desarrollará este derecho.

En particular, tienen relación con el rol del Estado y los privados en la construcción de las viviendas. Para Monckeberg, el actual sistema público-privado es un buen modelo, aunque con posibilidades de mejorar. “El Estado fija las reglas y pone recursos, la ciudadanía participa, toma decisiones y contribuye con sus ahorros, y el privado construye según estas reglas que le fijan. Es un trabajo mancomunado que, a mi juicio, está bien encaminado”.

Para Uribe, en cambio, este derecho debiese ir acompañado por un Estado mucho más fuerte y cambios al mercado del suelo. “Creo en un proceso de participación ciudadana en toda la toma de decisiones, con los habitantes aportando al diseño mismo de los proyectos y con la posibilidad de que el Estado entregue insumos y sea posible la autoconstrucción de viviendas”, explica.

En tanto, el ex presidente de la CChC dice que “para resolver desafíos tan grandes como el déficit de viviendas necesitamos la activa participación del Estado, de los privados y también de la sociedad civil. Es un tema que demanda diálogo y participación para la búsqueda de acuerdos y que debemos afrentar juntos y coordinados”.

Iván Poduje, por su parte, cree que el derecho constitucional a la vivienda es un avance, pero que por sí solo no va a generar ninguna solución y hasta podría atrasar un proceso que requiere urgencia.

“Discutirse, redactarse, aprobarse, publicarse y hacer las leyes para que opere la nueva Constitución tardará de manera optimista unos cinco años y no tenemos ese tiempo para resolver el déficit habitacional. Estamos entregando 70 mil viviendas por año y hay que entregar 125 mil. Entonces, el llamado es a discutir lo que sea necesario, pero a seguir trabajando en paralelo y de manera urgente en solucionar un problema que está afectando a miles de personas”, señaló el experto.