Inseguridad en Chile: Cómo la delincuencia está dañando la vida urbana

Algo se nos quebró en las calles. En las de Santiago, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, por solo mencionar algunas ciudades de este país. Por un sinfín de factores, la seguridad ciudadana se volvió frágil y fue vulnerada. Entre los grupos colgados de la movilización social de octubre de 2019, la pandemia de 2020, el regreso a una normalidad que mostró a muchos en la ruina, la lucha por sobrevivir en una crisis económica casi sin precedentes y la escasa dotación policial, la vida puertas afuera cambió su dinámica.

La delincuencia, ejercida cada vez con mayor violencia, afectó los principales centros urbanos de Chile e hizo que Santiago, considerada hasta hace unos años una ciudad bastante segura dentro del contexto latinoamericano, hoy lleve advertencias en el rubro del turismo y tenga nota roja entre los mismos santiaguinos. Comunas, barrios, avenidas, autopistas e incluso centros comerciales están siendo violentados con lo que se conoce como delitos de mayor connotación social (DMCS), que van desde lesiones hasta homicidios, y que se caracterizan por generar mayor repercusión social y mediática, y provocar temor, inseguridad e incertidumbre entre los ciudadanos.

Todo ello ha puesto en riesgo a los principales centros urbanos y, dentro de ellos, a sectores que antes brindaban confianza y seguridad.

Independientemente de lo doloroso que es perder edificios patrimoniales y zonas turísticas, o ver un desorden mayúsculo en las calles, lo que hay más allá, dice el arquitecto urbanista Ricardo Abuauad, es un peligro en la calidad de la convivencia. Abuauad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello (UNAB), señala que, así como las ciudades están hechas de obras, edificios e infraestructuras, también lo están de un tejido social y de la relación entre ciudadanos que, por supuesto, son afectados por la violencia.

“De alguna forma, los patrones, los modos de vivir la ciudad y las maneras de usar los espacios públicos cambian cuando la gente siente temor -explica-. Lo que termina sucediendo es que la gente se atrinchera y vive en un modo defensivo, ocupa menos el espacio, deja de participar de estos códigos de vida colectiva y se refugia en lugares que le parecen seguros, se encierra. Y cuando se encierra, deja el espacio público como tierra de nadie. Ese es el gran peligro”.

Coincide Carlos Lange, antropólogo y magíster en desarrollo urbano de la Universidad de Chile: “Si bien la violencia y los conflictos sociales, en general, son un componente central de la urbanidad y, por tanto, han estado siempre presentes en su conformación, lo que resulta particularmente llamativo es cómo ella incide en dicha conformación, por lo que la emergencia de nuevas formas de delincuencia cada vez más violenta afecta indudablemente nuestras experiencias y prácticas cotidianas y la manera como nos relacionamos con otros”.

Las cifras indican que el país vive su peor momento en materia de seguridad desde el retorno a la democracia. A los portonazos y las encerronas se ha sumado el sicariato, y la violencia ejercida en cualquier delito es notoriamente mayor que antes. Entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2022 se registraron, por ejemplo, 413 homicidios en el país, un 28,7% más que en el mismo período del año anterior. También hay un mayor uso de armas de fuego.

Luego del estallido social, barrios y calles se degradaron, afirma Ricardo Abuauad, en una situación que nunca debió unir movilización ciudadana con delincuencia y destrucción. “No se paró a tiempo, se aceptó, se toleró, se consideró una parte de la movilización. Si la movilización era un fenómeno social que había que atender y comprender, la destrucción de las ciudades era un fenómeno que ocurrió al mismo tiempo y que debió ser detenido desde el primer momento”. Agrega que, “gracias a esto se ha degradado la capacidad de Carabineros de detenerlos y también el discurso de las autoridades”, que a su juicio “han sido insuficientemente claras sobre la importancia de detenerlos, y cuando se quiso frenar probablemente las herramientas ya no eran las mismas”.

¿Qué pasó después de la crisis sanitaria, que llegó casi inmediatamente después de la crisis social? Las personas quisieron volver luego a las calles, dice el decano de Campus Creativo de la UNAB, pero se cruzaron con la violencia y la inseguridad. “Los espacios públicos estaban tomados por la delincuencia, en muchas comunas por el narco o por el comercio informal, y en el caso del centro histórico de Santiago, además, por la prostitución a vista y paciencia de todo el mundo. Naturalmente, esa ciudad ya no era la que tenían en la cabeza, y ocurre un repliegue que es muy grave porque la gente se refugia en zonas que le parecen seguras, la ciudad cambia su dinámica y el patrimonio que tenemos construido de convivencia e intercambio pierde su calidad”.

¿Cómo se recobra la confianza y se camina seguro por un barrio de Santiago Centro, un parque cualquiera o un sector comercial tan concurrido como Estación Central? Los acontecimientos de hace unos meses en el barrio Meiggs -cuando fue asesinada la reportera Francisca Sandoval en medio de un enfrentamiento-, la acción de las mafias que allí operaban, y últimamente la necesidad de devolver la Plaza de Maipú a sus habitantes en medio de disputas diarias con el comercio ambulante que la ocupa, entre otros hechos, han gatillado planes de recuperación por parte del Gobierno.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, dice que es fundamental la recuperación de los espacios públicos, ya que lugares más ordenados permiten entregar mayor seguridad a la ciudadanía, por lo que se han enfocado en sectores de alta concurrencia, en los que se había registrado una serie de incivilidades y problemáticas delictivas en el último tiempo.

“Para nosotros, como Gobierno, la seguridad es una prioridad que se debe abordar con carácter de Estado y en la que nuestras medidas pongan como centro mejorar la calidad de vida de las personas. Sabemos que el problema del comercio ambulante debe tener una mirada global en la Región Metropolitana, que aborde algunos sectores neurálgicos y también que vaya cambiando el carácter cultural que tenemos con el comercio ambulante, encontrando soluciones permanentes para la ciudadanía”. Por esto, agrega, el plan no solo ha considerado al barrio Meiggs y la Plaza de Maipú, sino que se ha extendido también a ocho estaciones del Metro. La coordinación con Carabineros y los municipios, puntualiza, ha sido clave para avanzar hacia el despeje de las calles y el reordenamiento urbano.

En lo que respecta al Barrio Meiggs, informa la delegada presidencial, al momento de iniciar la implementación de este plan Carabineros registraba un total de 452 delitos de mayor connotación social entre enero y mayo. Posterior a su intervención, estos se redujeron a 67 desde mayo a julio y finalmente a 31 entre el 21 de julio al 11 de agosto, representando una disminución total del 93%.

Si se recuperó Medellín, alguna vez una de las ciudades más peligrosas del mundo y que en 1991 ostentaba la triste cifra de casi mil homicidios al mes, las esperanzas no se pierden. En Colombia lo hicieron bien. Entre ese año y 2010 la tasa de homicidios cayó casi en un 80% y hoy se presenta como una de las urbes más seguras de Latinoamérica. ¿Qué se hizo para lograrlo? Se invirtió en cultura e infraestructura urbana. Se transformaron los territorios y se les puso énfasis a los barrios marginales.

Carlos Lange señala que no existe una receta universal sobre cómo hacer esa recuperación, porque todo depende del modo de urbanidad bajo el cual se quiera vivir. “En tal sentido, lo fundamental es observar las prácticas sociales cotidianas de los habitantes de los distintos barrios y territorios, aprender de ellas y propiciar un marco institucional que las proteja”.

Ricardo Abuauad señala que, a un año de sus gestiones, los alcaldes de Santiago y Valparaíso, dos de las comunas más afectadas del país, deberían tener la globalidad de un plan de recuperación: plazos, herramientas y relaciones de la autoridad con reparticiones públicas, universidades, medios de comunicación y sociedad civil. Un proyecto urbano de recuperación detalla el académico, debería considerar primero el control y la seguridad pública; luego, la recuperación misma del espacio público (comercio ambulante y prostitución, entre otras familias de problemas). “También incentivos para la inversión, que la gente vuelva a querer instalar restaurantes, comercio, etc. E incentivos a la instalación de viviendas. Y, luego, los nuevos proyectos de espacios públicos, de equipamiento, que les devuelvan la energía a estas ciudades”.