Reforma previsional: En qué consiste y cómo mejoraría las pensiones

A grandes rasgos, la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno pareciera simple: se crea un sistema mixto, se terminan las AFP, se incrementa la cotización en un 6% para constituir un Seguro Social y se aumenta la PGU. Pero las más de 300 páginas del proyecto llevado al Congreso este mes hablan de una serie de complejidades en el tránsito hacia su aplicación, en dos años más en caso de ser aprobada. No obstante, aún queda mucho por discutir, por ahora en la Cámara de Diputadas y Diputados, hasta donde han llegado los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, para explicar con números en cuánto aumentarían las pensiones.

En Chile, señalan desde el Gobierno, el 72% de las pensiones es inferior al sueldo mínimo y uno de cada cuatro jubilados(as) recibe un monto que está por debajo de la línea de la pobreza. Por esto, el objetivo número uno es incrementarlo.

El mejoramiento de las pensiones se realizaría mediante tres mecanismos:

· Aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que se financiaría con recursos públicos obtenidos a través de la Reforma Tributaria (también en tramitación).

· Otorgamiento de una nueva pensión de Seguro Social, financiada por los empleadores.

· Disminución de las comisiones de administración.

Por definición, la reforma de pensiones propone un sistema mixto tanto en la recaudación de fondos -provendrá de tres partes- como en su administración y gestión. En esta última habrá actores públicos y privados como gestores de inversión para darles la libertad a las personas de elegir quién trabaja sus ahorros.

Los siguientes puntos son clave:

· Aumenta el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil una vez que apruebe la Reforma Tributaria.

· Incrementa a un 10,5% la cotización de capitalización individual y crea un Seguro Social con un 6% que sería financiado por los empleadores. Desde el Gobierno se indica que este aporte extra contempla significativas compensaciones para las mujeres.

· Término de las AFP para dar paso a nuevos gestores de inversión privados -que pueden ser las mismas actuales AFP- y a una alternativa pública.

· La propuesta mantiene la herencia de las cotizaciones individuales (como es hasta ahora) y genera pensiones de sobrevivencia con la pensión del Seguro Social a los beneficiarios: el o la cónyuge e hijos menores de 25 años que estén estudiando.

· El servicio completo de atención a los afiliados, la recaudación de cotizaciones, cartolas, pagos de pensiones y cobranzas, entre otros, será centralizado en una entidad pública sin fines de lucro, el Administrador de Pensiones Autónomo (APA). Es por esto que se afirma que las comisiones serán sustancialmente menores a las actuales.

· La reforma mantendrá la propiedad individual del aporte del trabajador.

· Deja de existir el retiro programado y se reemplaza por una renta vitalicia en UF con herencia. Se podrá elegir entre una renta vitalicia simple, que genera pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios (los mismos mencionados más arriba), o una renta vitalicia con opción de herencia que pagará una pensión más baja, pero que permitirá heredar en los mismos términos que el retiro programado. Se ha explicado que una persona que ya esté jubilada al momento de aprobarse la reforma puede continuar con su sistema de retiro programado.

· Del 6% extra, el 70% iría a una cuenta nocional y el 30% a un fondo solidario que se distribuiría.

· Se pagará por la administración de los fondos en base al saldo de los fondos ahorrados y no un porcentaje del sueldo bruto, como ocurre hoy.

· Se terminan los multifondos (A, B, C, D y E); ahora habrá un único fondo, en el que el cotizante estará toda su vida laboral.

Los ministros Mario Marcel y Jeannette Jara dieron ejemplos con cifras en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre cuánto aumentarían las pensiones si se aprueba la reforma.

· Una mujer pensionada, con una densidad de cotización de 50% y con $400 mil como último salario de su etapa laboral, recibe hoy una pensión de $257.651 (entre autofinanciamiento y PGU). Con la reforma, ella obtendría un total de $392.525. O sea, un aumento de un 52%, gracias a la combinación de su monto autofinanciado, una PGU de $250 mil, el nuevo Seguro Social y la compensación por la mayor expectativa de vida para las mujeres.

· En el caso de un hombre, con igual densidad de cotización e igual salario de referencia, recibe ahora un total de $268.515. Con la reforma estaría obteniendo $392.426, es decir, un alza de un 46%, entre autofinanciamiento, PGU y Seguro Social.

Sobre quienes vienen o quienes están en la mitad de su camino laboral, Jorge Rojas, coordinador de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (UNAB), dice que, efectivamente, haciendo una serie de supuestos, como que no se pierda el empleo o no haya lagunas previsionales, probablemente se vea una mejora de un 50% en la pensión. “No sé si necesariamente con esta reforma, pero sí incrementando del 10% al 16% y fortaleciendo la PGU. Y en el caso de alguien que recién se inicia en el trabajo, podría perfectamente aumentar al doble su pensión”.

Si hay algo en lo que la mayoría está de acuerdo es en que las pensiones de vejez deben incrementarse y que, para ello, es imprescindible reformar. El mundo académico opina igual en general, pero las diferencias y las aprensiones con la actual propuesta del Gobierno están en el segundo punto: en cómo hacerlo. Existen ciertos elementos del proyecto que continúan siendo motivo de controversia, como el aumento del 6% en la cotización. De que es necesario, sí -señalan los economistas-, porque está comprobado que las bajas cotizaciones son la principal causa de las paupérrimas jubilaciones, pero temen que cargarlo al empleador sólo se traduzca en que los sueldos se estanquen, es decir, que el trabajador asuma ese costo al final del día, y se promueva, además, la informalidad laboral.

Qué hacer con ese 6% también es tema de discusión. No todos coinciden en la necesidad de crear con ese porcentaje un seguro social y una redistribución solidaria. Preferirían que fuera directo a la capitalización individual. Así lo plantea Jorge Rojas, de la UNAB: “Lo óptimo sería fortalecer el pilar de ahorro obligatorio mediante el aumento de la cotización al 16%, pero yendo el 6% a la capitalización individual; y mejorar el pilar solidario con impuestos generales, utilizando el mecanismo de la PGU, que ha venido a resolver de manera importante el problema que teníamos con las pensiones de aquellas personas con bajo o nada de ahorro”.

Lo que se pretende hacer con el 6%, agrega el académico, puede redundar en una especie de impuesto al trabajo, “y en general estos impuestos son poco eficientes; primero, porque distorsionan las decisiones de los trabajadores de cuánto y en qué trabajar, y, segundo, porque tienden a hacer que la persona prefiera hacerlo de manera informal, y ese es justamente el problema que tenemos que abordar”.

Algo similar afirma el economista Leonardo Hernández, de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Clapes UC: “Con el nuevo sistema se sube la tasa de cotización, ahorrándose un 16% del sueldo, pero se crea un sistema de reparto, de manera tal que ahora la pensión no va a depender solamente de los montos ahorrados individuales, sino también de lo que le corresponda recibir al trabajador desde el sistema de reparto, que no es directamente proporcional a sus aportes al mismo”. Los seis puntos porcentuales extras, acota, “en el mediano y largo plazo los terminará pagando el trabajador”. También tiene reparos en la distribución que se haría con ese monto. “Una parte de ese ahorro adicional, en particular el 70% del mismo (o sea, 4,2% del sueldo bruto), irá a una cuenta nocional, o ficticia, en lugar de una cuenta respaldada por inversiones financieras efectivas; mientras que el otro 1,8% se reparte entre todos los cotizantes”.

José Luis Ruiz, profesor de Finanzas del Departamento de Administración de la Universidad de Chile, indica que es urgente mejorar la calidad de las pensiones de los actuales y futuros jubilados, y le da un valor al tema de la solidaridad, considerando la situación del país. “Para ello se requiere que se cotice una tasa mayor y que exista mayor solidaridad con aquellos que tienen menos. Lo eficiente es que se pudiera financiar la solidaridad completamente con recursos generales de la nación, pero dada la falta de recursos y lo difícil de aumentar otros impuestos (como el IVA, por ejemplo) es que se hace necesario que los que cotizan por mejores salarios, y más frecuentemente, ayuden a dicho financiamiento, constituyéndose en mayor seguridad social”.

Jorge Rojas concuerda en que hay que generar una reforma, pero el tema de la seguridad social le parece debatible, “porque la verdad es que el sistema actual de pensiones ya es de seguridad social, en el sentido de que existe un pilar solidario que antes entregaba lo que conocíamos como Pensión Básica Solidaria y que después se transformó en la Pensión Garantizada Universal (PGU). El que tenemos en la actualidad ya tiene un componente mixto, porque hay una parte de solidaridad, pero que se hace con impuestos generales; el pilar obligatorio, y el pilar de ahorro voluntario”.

José Luis Ruiz, de la Universidad de Chile, en tanto, afirma que el vivir en sociedad nos debe llevar a preocuparnos de los que tienen menos. “Tener sólo cuentas individuales significa mantener las diferencias existentes, mientras que dejar todo en un sistema solidario es una práctica que ha llevado a quebrar sistemas de pensiones en el mundo. Es por ello que una propuesta mixta como la que plantea el Gobierno hace mucho sentido. Un 30% de esos seis puntos porcentuales de contribución extra ayuda a mejorar la solidaridad del sistema. Con el 70% restante se financia solidaridad de manera indirecta a través de la diferencia entre la rentabilidad real y la técnica entregada a esos recursos”, sostiene.