Caso Monsalve: ¿qué es lo público y privado según la ética periodística?

Un subsecretario de gobierno. Una subalterna. Una acusación de violación. Estos tres elementos configuran uno de los casos más mediáticos de 2024. Manuel Monsalve está actualmente en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación en su contra. Y el escándalo se destapó precisamente a través de un medio de comunicación. El 17 de octubre, dos días después de que la noticia se supiera en La Moneda, el diario La Segunda tituló: “Fiscal Armendáriz investiga a Monsalve por abuso sexual”.

A partir de ese momento, la información sobre la denuncia se viralizó en internet y no dejó de salir en la prensa. El Presidente y sus asesores no pudieron disimular sus intentos por contener la crisis y esta saltó a la esfera de lo público.

Pero ¿toda la información relacionada con el caso Monsalve es de interés público? Para el periodismo ¿dónde está la línea que separa lo público de lo privado en casos de alta connotación? ¿Cuándo prima el interés público y cuando la prensa cruza el límite?

“Los cargos en un ordenamiento democrático tienen representatividad en el orden público. Por tanto, no es que la vida del Presidente de la República sea de interés público”, dice Claudio Broitman, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, UNAB.

“Pero si aspectos de la vida privada de un cargo público atentan contra el interés público, como en un caso de delito de connotación sexual, por supuesto que es una frontera distinta”, aclara el académico.

“La información es un bien público, por lo tanto, tiene que ser usada para informar con calidad a una ciudadanía que está expectante de tener información respecto a ámbitos de interés que son propios de las y los ciudadanos”, explica Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.

Sobre el límite entre qué es público y qué es privado, los especialistas coinciden en que el análisis debe hacerse caso a caso. Ignacio López, profesor de la Facultad de Comunicaciones UC, comenta que anteriormente el foco de la ética estaba en la deontología, en el deber del periodista. Pero hoy es más aplicada y el énfasis está más en la reflexión.

Sin embargo, “una de las maneras de distinguir si algo es público o privado desde la comunicación es tratar de hacerse la pregunta con respecto a cuál es la razonable expectativa de privacidad”, comenta el académico.

“Una persona que ocupa un cargo público tiende a tener una menor y razonable expectativa de privacidad”, indica. Ignacio López señala también que la expectativa de privacidad disminuye si se trata de alguien que está involucrado en un proceso judicial o en una situación que tiene relevancia social.

Eso ocurre con el ex subsecretario Monsalve, quien era un empleado público cuando recibió la acusación. Por eso es relevante saber por qué invitó a comer a una subalterna el domingo 22 de septiembre y por qué no fue a trabajar el lunes.

Para informar acerca de la vida privada de una persona, debería haber un consentimiento expreso. “Y además, debería haber una razón de bien común para que yo informe eso”, aclara Ignacio López.

“Pero podría informar sin el consentimiento de esta persona si es alguien que ocupa un cargo público y su acción o conducta podría modificar el juicio de la ciudadanía sobre esa persona. O si se trata de alguien que está involucrado en hechos delictuales ya sea como autor, encubridor o cómplice”, añade.

En el “Caso Audios”, los chats de Whatsapp del abogado Luis Hermosilla con diversas figuras del poder político, judicial y económico que se desarrollaron en un contexto de privacidad, se transformaron en públicos al ser parte de una investigación judicial por presuntos actos de corrupción, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.

El artículo vigésimo quinto del código de ética del Colegio de Periodistas de Chile lo señala expresamente: “El o la periodista respetará la dignidad y vida privada de las personas (…) La excepción a esta norma se dará cuando la divulgación de actos privados sea necesaria por razones de interés público”.

Así, el interés público se entiende como: “Hechos o procesos que tienen una relevancia social. Por ejemplo, si aportan al bien común; si ayudan a la comprensión o debate sobre ese tema o proceso; o si generan una rendición de cuentas respecto de una figura pública o una institución”, dice Ignacio López.

“Hermosilla tenía vínculos personales con todas las sensibilidades políticas y eso podría no ser de interés público, salvo que esos vínculos personales pudieran –vamos a hablar en supuestos— conllevar delitos como tráfico de influencias”, dice Claudio Broitman, director de la Escuela de Periodismo UNAB.

“Es súper delgada la línea porque, en el fondo, el problema son los supuestos. Muchas veces hemos asistido a asesinatos de imagen de personas que eran sospechosas y de las que finalmente no se prueba nada y quedan con su legitimidad en el piso”, añade.

“En el ejercicio profesional, lo que debiese primar es la búsqueda de la verdad. Entonces si un ejercicio con los valores claros, un ejercicio diáfano en torno al fortalecimiento de la democracia, daña la vida privada de la persona, bueno, es una lástima”, comenta.

“La persona debiese haber cautelado mejor su accionar, si es que detenta un rol público. Hay que ser taxativos en que los periodistas no deben dejar de publicar porque eso va a dañar a la persona. No, en ningún caso. Tiene que dejar de publicar si atenta contra la ética o no corresponde a una noticia, sino que responde al objeto de un medio”, afirma Claudio Broitman de la UNAB.

Otro límite ético respecto de qué informar y qué no en un caso de alta connotación tiene que ver con el resguardo a las víctimas involucradas. “Muchas veces pasa a ser un sujeto más del cual se informa de manera desmedida y eso genera un daño”, dice Rocío Alorda.

“En los casos que involucran temas de género, violencia de género, muchas veces el periodismo por golpear, por tener más información o por mantener en la agenda un tema, publica información que va en directo daño de las víctimas”, señala.

“Poco se resguardan no solamente las identidades, sino también los ámbitos personales, información privada, informes médicos”, dice la presidenta del Colegio de Periodistas.

Rocío Alorda señala que uno de los ejemplos más emblemáticos de esta mala praxis ocurrió en 2017 y fue la publicación en un matinal de Canal 13 del informe ginecológico de la víctima de violencia de género y femicidio frustrado, Nabila Rifo.

“Eso grafica súper bien todo lo que no hay que hacer. Hubo tantas reacciones de las audiencias, de denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión, que tuvieron que retractarse y pedir disculpas públicas”, cuenta.

“¿Por qué a una persona que ve este matinal le va a parecer importante saber los antecedentes ginecológicos que tenía la víctima al momento del ataque?”, inquiere.

En este sentido, Rocío Alorda señala que es importante reflexionar de qué forma el periodismo puede servir también para motivar a que las víctimas hablen y que denunciar “no sea un boomerang que traiga de vuelta un cuestionamiento de por qué denunciaron”, complementa.

En la era vertiginosa en que vivimos, donde la información se vuelve viral en forma instantánea, se ha hecho más complejo distinguir qué es público y qué es privado.

El concepto “era de la información”, acuñado por el sociólogo y filósofo español Manuel Castells, describe el fenómeno que ha comenzado a ocurrir desde finales del SXX en adelante y en el que estamos inmersos.

Refiere a un período de la historia contemporánea en el que la tecnología digital, la informática y las redes de comunicación –particularmente internet— han transformado la forma en que se produce, distribuye y consume el conocimiento y la información.

“Cuando los hechos recién se conocen, hay un frenesí por llevar la información lo antes posible y eso lleva a equivocaciones. Hay un ímpetu por ser los primeros, pero no siempre chequear los datos. Informar es un desafío muy grande, sobre todo en la era de la desinformación en la que nos encontramos, dice Ignacio López de la UC.

“Con todo el avance de la desinformación que hay en los medios de comunicación, en las plataformas digitales, es muy fácil que la información que no es correcta o éticamente cuestionable se multiplique muy rápidamente y es súper importante que se tome en cuenta esto, porque una información que daña a la víctima no podemos borrarla”, indica Rocío Alorda.

“La frontera es tenue, entre el interés público y el sensacionalismo hay centímetros de diferencia”, apunta Claudio Broitman. “Muchos colegas publican aspectos que no son de interés público, pero que sí venden portadas”.

“El periodismo, en tanto una empresa, un modelo económico, por supuesto que tiene que hacer rentable el negocio. Pero hacer periodismo no es hacer salchichas. Hay una función y una responsabilidad social en tanto generen información y contenido para que la ciudadanía pueda tomar buenas decisiones en su vida cotidiana. Entonces hay un factor, que tiene que ver con la información para el bien común”, explica Rocío Alorda.

“El periodismo de investigación en Chile, en el último lustro, ha contribuido fuertemente a nuestra democracia. Se ha hecho un periodismo de muy buena calidad y hace tiempo que no se veía, y eso también es bueno dejarlo en evidencia”, comenta Claudio Broitman.

“Un buen periodismo, hecho de forma responsable, pulcra y sistemática, por mucho que deje consecuencias al paso, nos fortalece como como sociedad. No hay que confundir el posible daño de las personas involucradas, no implica que no se haga periodismo de calidad”, concluye.