Columna de Alejandra Ríos: 2024 ¿Un buen año para la inclusión en Chile?

Durante la semana pasada se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una instancia que nos motiva a hacer una reflexión en materia de inclusión durante este año que ya se despide.

En primer término, es innegable reconocer que durante los últimos años la inclusión de personas con discapacidad (PcD) ha avanzado en diversos ámbitos en nuestro país, especialmente en materia de marco normativo. Sin embargo, persisten desafíos significativos frente a los cuales la voluntad política no es suficiente.

Si lo que buscamos como país es la construcción de una sociedad para todos, entonces TODOS debemos aportar comprometidamente al logro de dicho objetivo. Especialmente si el 17,6% de la población adulta en Chile presenta algún tipo de discapacidad, según el III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2022), cifra que nos debería plantear una interrogante: ¿realmente podemos considerar “minoría” a casi un quinto de los chilenos?

Ahora bien, dentro de los avances observados, el mayor impacto se ha visto en materia de inclusión laboral gracias a la ley 21.015 que, desde su entrada en vigencia en 2018, obliga a toda empresa con 100 o más trabajadores a reservar el 1% de sus plazas para PcD. A seis años de esta normativa y con resultados bajo lo esperado, se ha tomado la decisión de aumentar la cuota al 2%. No obstante, este incremento está condicionado al cumplimiento del 80% de la meta actual, un desafío significativo dado el contexto.

Por un lado, los datos muestran que el camino es complejo: según Fundación Contrabajo, solo el 23% de las empresas sujetas a la ley han entregado información sobre su cumplimiento, y de los contratos registrados, solo el 45,8% se mantienen vigentes. Esto evidencia no solo una baja tasa de adhesión, sino también dificultades para garantizar la sostenibilidad laboral de las PcD.

Por otro lado, la falta de fiscalización y monitoreo efectivo pone en riesgo la correcta implementación de estas medidas. Sin un seguimiento adecuado, el aumento del 1% al 2% podría quedarse en buenas intenciones, dejando intactas las barreras que históricamente han limitado la inclusión real.

Este panorama subraya la urgencia de un cambio de enfoque. El marco legal es importante, pero no suficiente. Las empresas, instituciones públicas y la sociedad en general deben entender que la inclusión no solo es una obligación ética, sino una oportunidad para construir espacios más diversos, creativos y productivos. El verdadero desafío radica en reconocer que la diversidad enriquece a todos, y que las PcD tienen un rol clave en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Es fundamental que trabajemos juntos para superar los sesgos culturales, organizacionales y personales que dificultan el acceso y permanencia laboral de este grupo. Esto implica fortalecer las políticas públicas, incrementar las acciones de fiscalización, fomentar la sensibilización en los lugares de trabajo y garantizar que las empresas comprendan que la inclusión no es una carga, sino un motor de desarrollo.

En definitiva, aunque Chile ha avanzado en la inclusión de PcD, aún queda mucho por hacer. La nueva cuota del 2% es muestra de la decisión de avanzar que ha adoptado Chile, pero requiere compromiso y acción concreta para que realmente tenga el impacto que se busca. Solo así podremos construir la sociedad inclusiva que todos soñamos, donde cada persona, sin importar sus capacidades, tenga garantizado su derecho a participar plenamente en la vida social, cultural y laboral del país.