Columna de Alejandra Ríos: Ley TEA en Chile, ¿en qué estamos?

En marzo del 2023 se promulgó en Chile la ley 21.545, conocida como Ley TEA, para asegurar la inclusión de las personas con la condición del Espectro Autista con foco en la mejora de su calidad de vida y la de sus familias. Esta iniciativa es señal del interés que existe en nuestro país por avanzar en materia de inclusión e igualdad de oportunidades, sin embargo, si bien su implementación revela logros importantes, aún se observan desafíos persistentes que deben ser abordados para asegurar su efectividad.

Como aspectos positivos destacan elementos como el reconocimiento legal y un marco normativo que busca garantizar el acceso a instancias gravitantes en la calidad de vida de toda persona, como salud, educación y empleo. En este sentido, contar, por ejemplo, con mecanismos que favorezcan un diagnóstico temprano, permite una toma de decisiones oportuna que lleven a tratamientos adecuados, favoreciendo así el desarrollo y bienestar.

Ahora bien, para que la implementación de esta de la ley logre el impacto que persigue, se contempla el perfeccionamiento de funcionarios públicos, de manera de asegurar un efectivo ejercicio de derechos por parte de la población con la condición del espectro autista (CEA). Esta iniciativa resulta esencial para reducir las brechas en cuanto a oportunidades de participación en diversos ámbitos de la vida cotidiana.

Retomando el ejemplo del acceso a un diagnóstico oportuno, tenemos que los profesionales del área de la salud deberían recibir herramientas específicas que les permita brindar atenciones en equidad de condiciones, asegurando así el acceso a los apoyos y tratamientos que requieran.

Lo mismo ocurre en el caso de la educación. La ley indica que es deber del Estado asegurar una educación inclusiva de calidad, promoviendo condiciones para “el acceso, participación, permanencia y progreso” de aquellos estudiantes con esta condición, estableciendo además, la formación y acompañamiento por parte de los profesionales y asistentes de la educación. Sin embargo, las escuelas enfrentan serias dificultades para una inclusión efectiva de los estudiantes con CEA. La falta de recursos específicos destinados a la capacitación de los docentes es claramente insuficiente, convirtiéndose en un gran obstáculo que limita el potencial educativo de estos estudiantes.

El ámbito laboral debiera ser uno de los más avanzados gracias a la promulgación de la ley 21.015 de inclusión laboral y la posterior modificación de la ley del trabajo, con la incorporación del gestor en inclusión laboral (ley 21.275), responsable de velar por la calidad de los procesos de inclusión laboral. Aún así, a pesar de los esfuerzos legislativos, los resultados no han sido los esperados, mostrándose una tendencia al alza en el término de los contratos alcanzados en el marco de esta normativa. Así, se observa “que por cada contrato vigente hay 1,1 contratos terminados” (Fundación ConTrabajo, 2023).

Salud, educación y trabajo son aspectos en los que la ley 21.545 debiera estar generando un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con CEA. Pero su implementación enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados para asegurar una verdadera inclusión.

La falta de recursos asociado a capacitación de los profesionales de estas áreas, sumado a la desinformación y los sesgos que persisten respecto de las personas con esta condición, mantienen las barreras que obstaculizan la inclusión de este colectivo en las distintas esferas de participación social.

Por ello, es esencial incrementar los recursos, mejorar la formación y concientización, así como fortalecer la coordinación entre instituciones, para así garantizar que las personas con CEA y sus familias reciban el apoyo y las oportunidades “garantizadas” por ley.