Columna de Benjamín Ahumada: Gasto público en medicamentos bajo la lupa

El gasto público en salud en Chile ha experimentado un crecimiento sostenido durante la última década, alcanzando más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, según los últimos informes. Sin embargo, este incremento no ha logrado reducir el gasto de bolsillo de los pacientes, que representa un 34,7% del gasto total en salud y un alarmante 62% en medicamentos.

Esta situación ha sido expuesta tanto por un estudio de “Caracterización del Gasto Público en Medicamentos” realizado en conjunto por la Pontificia Universidad Católica y la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF), del cual fui coautor, como por el análisis de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP). Ambas investigaciones destacan que la eficiencia del gasto en medicamentos es un tema pendiente que exige acciones urgentes y definitivas, ya que representan cerca del 13% del gasto público en salud y un desafío significativo para los ingresos de los hogares.

Ambos estudios coinciden en que la optimización del gasto en medicamentos debe abordarse con un enfoque integral. El incluir estrategias de fortalecimiento institucional para los Comités de Farmacia de los hospitales, gestionar y transparentar los arsenales farmacoterapéuticos de los establecimientos de salud, aumentar la participación de la CENABAST en la intermediación, llevar un adecuado control de mermas por obsolescencia y deterioro son algunos de los espacios de eficiencia que deben ser explorados de manera interna junto a profundizar políticas de compra centralizada y acuerdos de riesgo compartido con proveedores.

De acuerdo con las cifras expuestas en el informe de la CIF, una optimización del 5% en la gestión del gasto en medicamentos podría liberar alrededor de MM$50.000 que podrían servir para financiar terapias genéticas y otras innovaciones de alto costo.

Es necesario avanzar hacia un sistema que no solo garantice precios competitivos, sino también calidad y disponibilidad de medicamentos, incorporando la participación de pacientes y beneficiarios en la gestión del acceso y la reducción del gasto de bolsillo. Medidas como la Ley Ricarte Soto han tenido un impacto positivo al cubrir medicamentos de alto costo, pero representan sólo el 12% del gasto público en medicamentos.

Incorporar mecanismos de evaluación (ETESA) y trazabilidad como los aplicados en la Ley Ricarte Soto para otros programas como GES o pacientes con Enfermedades Crónicas es indispensable para mejorar la gestión.

El gasto de bolsillo en salud no solo es un problema financiero, tiene un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes, causado principalmente por la demanda insatisfecha de prestaciones ambulatorias en la red pública y los problemas de acceso no resueltos. Cuando los medicamentos se vuelven inaccesibles, los pacientes racionan tratamientos, lo que puede llevar a complicaciones de salud y costos mayores para el sistema de salud

El gasto público en medicamentos en Chile está bajo la lupa, y mejorar su gestión ya no puede seguir postergándose. La eficiencia, la transparencia y el acceso deben ser los pilares de cualquier reforma en este ámbito. El tiempo de diagnósticos ha terminado; es hora de actuar para que el Sistema de Salud sea más justo, equitativo y sostenible para todos los chilenos.