Según el primer estudio realizado en Chile para medir la infomalidad previsional -es decir, la cantidad de personas que además de trabajar sin contrato ni prestaciones sociales tampoco cotiza en ellos voluntariamente-, en 2022 había más de 2.700.000 trabajadores en esta condición en el país.

¿Qué significa eso para la economía chilena y especialmente para el Estado? ¿Dará abasto la PGU para cubrir en un futuro a quienes hoy, por distintas razones, están al margen del sistema formal? La discusión tiene varias aristas y también múltiples causalidades.

Por ejemplo, a propósito de la discusión de la reforma de pensiones que hoy se da en el Senado, el economista Andras Uthoff, experto en en materias previsionales y miembro del Consejo Consultivo que asesora a los ministerios del Trabajo y Hacienda, pone sobre la mesa un problema aún más de fondo: la deslegitimidad del sistema previsional chileno ante los ojos de los cotizantes: “La gente se pregunta: ¿por qué las AFP ganan plata mientras yo pierdo?”. De esa forma, no hay incentivos para incorporarse a la formalidad.

Por otro lado, una de las actuales ideas en discusión -aumentar la actual cotización previsional en un 6%- podría tener varias repercusiones en el mercado laboral, dice el economista Benjamín Villena, experto en mercado laboral y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB. Una de ellas es que muchas más personas podrían pasar a la informalidad, con el consiguiente cargo fiscal que significará este grupo para el Estado cuando se jubilen.

Revisa la interesante conversación que Andras Uthoff y Benjamín Villena tuvieron con Polo Ramírez en una nueva edición de A BORDO.