El nuevo panorama de la desalación en Chile

La desalación o desalinización, que permite usar aguas marítimas para distintos procesos, es una industria creciente en Chile y está pronta a alcanzar un hito muy esperado. A principios de junio, el Poder Ejecutivo puso urgencia simple al proyecto de ley titulado “Sobre el uso de agua de mar para desalinización”, que ingresó a discusión legislativa en 2018 por iniciativa parlamentaria desde el Senado.

Además, hace un par de semanas, el Gobierno presentó una indicación sustitutiva: una propuesta de modificación que reemplaza el texto original con el objetivo de introducir cambios sustanciales, como crear la concesión de desalación.

En el sector celebran estas medidas que permiten agilizar la tramitación. En un escenario optimista esperan que la ley pueda ser promulgada este 2024 o el próximo año.

“Estas leyes que se están debatiendo en el Congreso buscan agilizar estos permisos medioambientales y agilizar también certezas jurídicas para los inversionistas y las constructoras, para que puedan construir con seguridad. La certeza jurídica es fundamental para fortalecer las inversiones. Tienen que estar escritas las leyes antes de invertir”, explica Gonzalo Águila, profesor del Departamento de Ciencias de la Ingeniería e investigador del Centro de Transformación Energética de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

Según un catastro hecho en 2023 por ACADES, la Asociación Chilena de Desalación y Reúso -que ya está fase de actualización debido al dinamismo del sector— en Chile actualmente existen 24 plantas desaladoras con un caudal de producción de agua de 20 litros por segundo. El 85% de su producción sirve para proveer agua a la industria minera y el 15% restante abastece la industria sanitaria. Además, existen siete proyectos en construcción y cinco que ya tienen resolución de calificación ambiental y están a la espera de comenzar sus obras. En total, la capacidad instalada a nivel nacional hoy alcanza a los 9.482 litros por segundo.

En Chile, estas instalaciones existen desde el año 2003, y aunque en su mayoría están destinadas a proveer de recursos hídricos a las faenas mineras, hay dos casos emblemáticos en la Región de Antofagasta que muestran que también pueden ser una buena solución para proveer de agua a la población: las plantas instaladas en las ciudades de Antofagasta y Tocopilla.

Mientras que en Antofagasta el 80% de las personas consumen agua desalada, en Tocopilla lo hace el 100% de sus habitantes.

“Con la situación del cambio climático y el avance del desierto hacia las zonas más centrales, estamos obligados a buscar nuevas fuentes de agua”, explica Gonzalo Águila, académico de la UNAB.

Considerando la sequía que ha afectado al país en la última década, particularmente en las macrozonas norte y centro del país, la desalación en Chile aparece como una alternativa con un considerable potencial de desarrollo. Sin embargo los desafíos, sobre todo los medioambientales, deben ser abordados para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

El proyecto de ley “Sobre el uso de agua de mar para desalinización” es el primer intento por establecer un marco normativo integral que regule la actividad y se ajuste a las necesidades de la industria.

Hasta ahora, todas las plantas que se han construido en Chile se han realizado bajo la figura de una concesión minera o de una concesión sanitaria, explica Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de ACADES. Lo que hace la indicación sustitutiva ingresada recientemente por el Ejecutivo es crear la concesión de desalación.

“Tú le pides al Estado una concesión que te da derecho a utilizar el fondo del mar para extraer agua e instalarte en la playa o en el borde costero, que es un bien nacional de uso público. Y lo más importante. Te da derecho a imponer servidumbres para poder instalar no solamente la planta, sino también para las obras de transporte, para los ductos”, explica Rafael Palacios.

La iniciativa que se debate en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado además crea una estrategia nacional de desalinización, donde se establece la mirada de futuro que debería tener la industria al mismo tiempo que promueve su desarrollo sostenible, asegurando la protección de ecosistemas y el uso armonioso de las zonas costeras.

También dispone que los proyectos sobre instalación de plantas desalinizadoras deban someterse siempre al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Un estudio encargado en 2021 por el Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética, desarrollado por la agencia Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, permitió determinar cuáles eran las zonas más adecuadas para desarrollar proyectos integrales de desalación y energía.

“Un elemento bien interesante fue analizar las centrales a carbón que varias de ellas tienen plantas desaladoras y varias de ellas están en proceso de cierre de generación eléctrica. Significa que está la infraestructura”, explica Pablo Tello, asesor técnico de la GIZ en este estudio.

El objetivo era desarrollar un modelo de desalación distinto al tradicional, que actualmente resuelve la necesidad de un solo actor. La idea es que pueda beneficiar a todo el ecosistema alrededor, destinando las aguas desaladas a diversos fines. “Es como la mirada que quizás uno necesita hoy en día tener sobre estos proyectos, que no sean de desalación propia pura (…) La desalación puede ser necesaria, obviamente, pero es como tapar el sol con un dedo, o sea, desde el punto de vista climático es poner otra tecnología encima para seguir haciendo extracción de un recurso”, señala Pablo Tello.

“El impacto que hay que minimizar principalmente es en los ecosistemas marinos, que en este caso se ven impactados por los desechos que produce esta tecnología, que se llama salmuera. Son altas concentraciones de sal que intervienen. Es como que al ser humano nos cambien de un día para otro la concentración de oxigeno”, explica el académico UNAB Gonzalo Águila.

En un informe de asesoría técnica parlamentaria, de la Biblioteca del Congreso Nacional, hecho en junio de 2024, indica que “la salmuera o concentrado procedente de las plantas desaladoras no debiera tener ningún efecto nocivo sobre el medio receptor cuando su vertido se hace siguiendo las recomendaciones de las autoridades ambientales y el mejor conocimiento científico”.

Por eso en ACADES señalan que hay que escoger lugares “con un cuerpo de agua que tenga buena capacidad de dilusión. Eso significa que sea un lugar relativamente abierto y que las corrientes, básicamente la corriente de Humboldt, pase de forma tal de que la capacidad de dilusión sea lo más óptimo posible para que la pluma salina sea lo más pequeña y por lo tanto, no genere ninguna afectación en los ecosistemas marinos”, explica Rafael Palacios.

Pese a que las desaladoras cuentan con tecnologías para evitar extraer la flora y la fauna marina en las aducciones de agua de mar, en cuanto a huevos de peces, es efectivo que pueden capturar microorganismos que no tengan capacidad de desplazamiento propio, básicamente zooplancton y fitoplancton, señala Pablo Tello. Este fenómeno se conoce como “pérdida de adulto equivalente”.

“La pérdida de adulto equivalente calculada para una planta desaladora de 200 litros por segundo, correspondería al consumo de cuatro pelicanos durante un año”, ejemplifica Rafael Palacios.

¿Es la desalación una respuesta ante la crisis hídrica? “Las desaladoras no son la única respuesta. La crisis hídrica es compleja y es multifactorial y por lo tanto hay que abarcarla con un portafolio de soluciones, que incorpore el rehúso, el control de pérdida, las soluciones basadas en la naturaleza, pero es la principal y la más importante, porque es la única que puede aportar una nueva fuente de agua”, dice Rafael Palacios de ACADES.

“Es una muy buena opción, yo creo que es una opción importante, Chile debería liderar. Tenemos una gran costa y podríamos mejorar los aspectos asociados a la investigación para reducir justamente los costos asociados a esta tecnología. Pero claramente esta no es la única solución. También va por el lado de la gestión de este recurso hídrico, una gestión sostenible. Y una mejor educación, es fundamental para generar una mayor conciencia sobre este recurso”, opina Gonzalo Águila de la UNAB.

“Yo creo que es una industria con mucho potencial y con perspectivas de crecimiento relevantes. Sobre todo porque se requiere para adaptarse al cambio climático y para alcanzar las propias metas que el país se propuso, que tienen que ver con la carbono neutralidad, la seguridad hídrica. Si queremos una economía resiliente, si queremos crecer, necesitamos este tipo de proyectos”, concluye Rafael Palacios.