En Chile, un 28,2% de personas trabaja en la informalidad: las duras consecuencias para el país

Patricia trabaja como empleada en una casa particular. Hasta hace unos años tenía contrato formal por el sueldo mínimo, con cotizaciones para la AFP y Fonasa. “Ganaba tan poca plata que el 20% que me sacaban para imposiciones tenía un gran impacto en mi sueldo, así que les dije que trabajáramos sin contrato y así todo lo que ganaría iría directo a mi bolsillo, y aceptaron”, cuenta.

Gabriel, conductor de una aplicación de transporte colaborativo, tampoco tiene contrato y, por ende, no paga imposiciones. “A mí la aplicación me descuenta un 13,75% y cotizo para una Isapre por mi cuenta, pero no para AFP”, afirma.

Patricia y Gabriel son dos ejemplos de un problema casi estructural en Chile: la informalidad laboral. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las personas ocupadas informales son quienes trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral. También lo son aquellas que trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal. Los familiares no remunerados del hogar también se consideran personas ocupadas informales.

Según el último Boletín de Informalidad Laboral del trimestre abril-junio de 2024, en Chile hay 2.631.514 ocupados informales, con un crecimiento de 7,2% en 12 meses, equivalente a 176.198 personas. La tasa de ocupación informal, en tanto, llegó a 28,2%, lo que implica un crecimiento de 1 punto porcentual en 12 meses.

Por género, los incrementos de las personas ocupadas informales fueron de 8,1% en el caso de las mujeres y 6,4%, en el de los hombres. En el mismo período, la tasa de ocupación femenina fue 29,9% y la masculina, 26,9%, con variaciones de 1,3% y 0,8%, respectivamente.

Y, por edad, hubo alzas en el tramo de 25-34 años, de 9,9%, y de 13,2% en el de 55-64 años.

“Según sector económico, la variación estuvo influida, principalmente, por comercio (11,0%) y transporte y almacenamiento (14,4%). En cuanto a grupo ocupacional, el incremento fue impulsado principalmente por trabajadores de los servicios y comercios (12,5%) y artesanos y operarios de oficios (3,8%)”, indica el Boletín.

Las cifras en el tiempo se mantienen estables, al punto de que diferentes analistas comentan que es un problema estructural del mercado laboral chileno.

“Hablamos de informalidad estructural cuando existen condiciones relativamente permanentes que generan la existencia de una cierta tasa de informalidad más bien estable y que no cambiaría sustancialmente, a menos que se modifiquen estas causas subyacentes. Chile tiene una tasa de informalidad en el rango de 25-30% y no se avizora que pueda cambiar fuertemente”, explica Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello .

Efectivamente, según indica el Mapa de la Informalidad en Chile, elaborado por el académico Patricio Ramírez R., del Observatorio Económico Social de la Región de la Araucanía, de la Universidad de la Frontera (UFRO), “en cerca de siete años de medición de la informalidad en Chile se observan prácticamente nulos avances en cuanto a reducción de la Tasa de Ocupación Informal a nivel nacional”.

Según Ramírez, la informalidad en sí misma no es mala en algunos casos, pero el problema es su permanencia. “No hay que crucificarla, porque si una persona, por ejemplo, la despiden y queda sin empleo formal porque la economía está complicada, tomar un trabajo informal es una salida, un escudo para recibir algunos ingresos de subsistencia. El problema es cuando la informalidad se queda pegada en el largo plazo”, afirma.

Si se analiza el fenómeno por regiones, se comprueba que la Araucanía presenta la mayor informalidad, con una Tasa de Ocupación Informal (TOI) de 38,1% en el último trimestre informado, superando casi en 10 puntos porcentuales al promedio del país, según indica el estudio de la UFRO. A la Araucanía le siguen Ñuble, con una TOI de 35,7% y Maule, con 33,2%.

En el otro extremo, Magallanes presenta la informalidad más baja, con 20,2%; le siguen Antofagasta, con 21,2%, y la Metropolitana, con 25,2%. Como sea, 12 de las 16 regiones registran tasas de informalidad mayores al promedio nacional y 11 superan el 30% de ocupación informal.

Ramírez hace ver que los niveles chilenos son muy altos en comparación con los de la OCDE. “Casi quince puntos por sobre el promedio de la OCDE, bloque con el que siempre nos comparamos. Y en el caso de la Araucanía el tema es más crítico aún, ya que esta está 10% sobre el promedio de Chile”.

Villena, sin embargo, matiza el punto de acuerdo a la realidad con la que se compara el país. Así como nosotros tenemos un 28,2% de informalidad, el resto de los países de Latinoamérica llegan al 50% o más. Perú, Colombia y Argentina tienen tasas bastante más altas”, explica el académico de la UNAB.

“Las zonas y regiones con mayor informalidad laboral estarían asociados, entre otros factores, a mayores niveles de pobreza, menos escolaridad y mayor participación de ocupados en sectores como agricultura, comercio y construcción”, explica Ramírez.

Villena comenta que no todo se explica por la falta de acceso a un trabajo formal ni por baja escolaridad.

“Existe la caricatura del informal que trabaja muy precariamente en la calle, que los hay, y muchos, por cierto, pero también hay personas que boletean y que ganan cantidades importantes de dinero y que no cotizan”, explica.

“Otros temas que inciden en la informalidad son incentivos mal colocados como algunos subsidios a las personas de bajos recursos, ciertas regulaciones que complejizan la contratación para las empresas y, por cierto, los sabidos problemas de calidad de la educación”, agrega Villena.

Con todo, la tasa de ocupación informal del INE de 28,2% podría no dar cuenta cabalmente de la situación real en Chile, ya que la radiografía varía según los datos en que se base el análisis. Así lo indica el estudio “Mercado Laboral, Urgencia y futuro”, del director del centro UC de encuestas y estudios longitudinales, David Bravo, presentado el 28 de agosto en el “XXVI Congreso de Organización y Personas: Urgencia laboral & futuro del trabajo”, organizado por ICARE.

Según Bravo, si para el análisis se usan los datos administrativos de la Superintendencia de Pensiones, la proporción de los ocupados que son informales asciende a 38,7%, un nivel que se mantuvo constante entre 2012 y 2020, cuando fue, en cada año, respectivamente, de 40% y 38,4%. Con la pandemia, la tasa cayó en 2020 a 27% y luego subió hasta el 38,7% mencionado.

En el día a día, ser informal puede redundar en un incremento en torno al 20% del sueldo líquido, pero, en lo inmediato, hace que muchos trabajadores solo puedan recibir la salud que entrega el Estado en el tramo A de Fonasa, que atiende a las personas carentes de recursos. Ese es el caso de María Ramírez, 47 años, casada, cuatro hijos, quien trabaja en una feria de Maipo donde vende repuestos de bicicletas.

“Antes pagaba mensualmente Fonasa, cotizaba por el mínimo, pero ahora no puedo. Es decir, sigo protegida por Fonasa, pero como persona de escasos recursos. O sea, si me pasa algo puedo parar en un hospital o atenderme en el consultorio, pero no puedo comprar bonos”, cuenta.

El otro impacto es a nivel individual y de la sociedad toda. No imponer para la jubilación en una AFP a futuro y según la institucionalidad actual, implica tener la PGU.

Socialmente, en tanto, no imponer para la AFP coloca una gran presión sobre el sistema de pensiones a futuro.

“Esto tiene un costo fiscal, porque en definitiva vamos a necesitar recursos de las personas que están trabajando para las personas que no cotizan y que reciben pensión. Entonces, si al incremento de las expectativas de vida de los chilenos se suma la falta de recursos debido a la informalidad laboral, el sistema puede colapsar por todos lados”.

Coincide Ramírez. “Hay 2,6 millones de chilenos que hoy no cotizan, que no contribuyen al sistema de pensiones, entonces esto en el largo plazo generará una mochila financiera más pesada para el Estado, tendrá que hacerse cargo de pagar las pensiones de todas estas personas que están trabajando informalmente”, indica.

El economista David Bravo plantea que el carácter estructural de la informalidad es un tema central, tanto para el mercado laboral en sí mismo, como para las consecuencias sobre las pensiones. “Este es un problema que tienen que tener un dueño hoy día, hoy día nadie está a cargo del tema en cuanto a buscar estrategias para aumentar la formalidad en el mercado laboral”, señala.

Ramírez está de acuerdo. “Si bien esto está muy ligado a las pensiones, no está presente en la discusión previsional. En Chile se habla mucho del 6% adicional y de su destino, pero esa discusión es inválida para los 2,6 millones de personas informales que no cotizan. La informalidad es un problema que puede afectar la sostenibilidad del sistema a futuro”, explica.

Rodrigo Kreel, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, cuenta que esta entidad está elaborando un estudio sobre el mercado informal en Chile.

“Es un tema que nos preocupa bastante. Hay causas estructurales y algunas políticas que podrían estar remando en la dirección opuesta a la que queremos, que podrían estar fomentando más informalidad de la que nos gustaría”, dice el experto.

Y agrega: “Nuestra informalidad es heterogénea respecto a sus causas. Por ejemplo, hay parte de informalidad que es un refugio temporal. Y hay una parte de la informalidad que simplemente tiene que ver con eludir la ley, y ahí entra el comercio ambulante, que es, entre comillas, competencia desleal”.

Pero no son los únicos tipos de informalidad, dice: “Hay también una informalidad que es buscada por el viejo temor a perder el beneficio de programas sociales, para no aparecer con muchos ingresos en el sistema. Porque se puede perder la gratuidad, un bono. Todas esas razones impactan. Nosotros estamos muy interesados en ver qué se puede cambiar desde la política pública en ese sentido”, comenta

Y da un ejemplo: “Los cortes abruptos en el acceso a los beneficios son un componente súper importante, y es algo que se podría solucionar con un mejor diseño político, porque actualmente uno, con un poquito más de ingreso, pierde toda la gratuidad. Y eso no significa un defecto moral de la persona. Es un incentivo tan claro, que es obvio que va a afectar su comportamiento”.

Según Rodrigo Kreel, junto con el mejoramiento de diseños de las políticas públicas, que es el tema más ‘micro’, no hay que olvidar el tema ‘macro’. “Tenemos una economía estancada desde hace 20 años. Es una economía que no crea empleo formal a una velocidad suficiente. Y una productividad baja causa informalidad”, cierra.