La actualización que se necesita para enfrentar la crisis de seguridad pública

No tenían antecedentes penales, sino que se reunieron en torno a una fogata para jugar Free Fire, un videojuego para celular. Fueron cuatro adolescentes –uno de 13, dos de 16 y uno de 17 años— los asesinados el 14 de julio en una plaza de la población Raúl Silva Henríquez, en la comuna de Quilicura.

Celebraban un cumpleaños cuando una ráfaga de balas rompió la quietud de la noche. Un grupo de desconocidos los atacaron con un arma automática desde un automóvil en movimiento.

Después del ataque reinó el desconcierto. Se habló de un ajuste de cuentas entre bandas rivales que se disputaban el territorio, pero familiares de las víctimas indicaron que ellos eran de otras comunas, que solo estaban en el momento y el lugar equivocado. Horas más tarde, el auto involucrado fue encontrado quemado a un kilómetro del sitio del suceso.

Este crimen múltiple que horrorizó a la sociedad hace pocos días es solo una muestra de la crisis de seguridad que está viviendo el país. El gobierno busca contenerlo, entre otras medidas, mediante un “fast track legislativo de seguridad” para discutir de manera rápida 32 proyectos de ley.

Este mecanismo reduce el número de debates en el Congreso, permitiendo avanzar rápidamente en la aprobación de leyes y reformas constitucionales. Si bien la iniciativa fue impulsada a fines de mayo, aún no se observan progresos en la materia.

Mientras tanto, la tasa de homicidios consumados registrados en 2023 asciende a 6,3 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2022, la cifra fue de 6,7 homicidios cada 100 mil habitantes, lo que representa 82 víctimas menos.

“No estuve muy de acuerdo cuando celebraron que cambió la tendencia porque sigue siendo muy alto para lo que estábamos acostumbrados”, señala Álvaro Bellolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB). En 2018, la tasa era 4,5 homicidios cada cien mil habitantes.

Pero ¿cómo nos comparamos con el resto de los países? Los tres primeros son Ecuador con 44 homicidios cada 100 mil habitantes, y después viene Venezuela con cerca de 27 y Colombia con cerca de 26 homicidios cada 100 mil habitantes.

En cambio, Bolivia y Argentina son los más seguros de América Latina, con una tasa de 4,3 homicidios cada 100 mil habitantes. Si nos comparamos con Asia, Filipinas también tiene 4,3 e India tiene 3 homicidios cada 100 mil habitantes.

“A niveles de países OCDE diría que estamos entre los cinco peores. Hay preocupación porque los países desarrollados tienen este tema bastante controlado”, dice Álvaro Bellolio. Italia y España, que vivieron temas complejos producto de la mafia y la migración, tienen 0,6 y 0,7 homicidios por cada 100 mil habitantes respectivamente.

“Hay otros países que están peor, es cierto, pero ¿con qué nos vamos a comparar, con Centroamérica y el Caribe, una de las regiones más violentas del mundo, o con los países de la OCDE y Europa?”, pregunta el investigador UNAB.

Al hacer un diagnóstico sobre el panorama de la seguridad pública, los expertos coinciden en que la crisis se produce porque el contexto nacional cambió. Las instituciones están preparadas para desafíos y amenazas de principios de siglo y necesitan modernizarse.

Se requiere “organismos de inteligencia que entreguen mejor información. Que desarrollen inteligencia criminal, es decir, que estén pensando en cómo se va transformando el crimen. En Chile solo tenemos inteligencia policial, que es para descubrir cómo ocurrieron”, comenta Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile21.

El ingreso del crimen organizado y los delitos más violentos ha sido bien relevante en este nuevo escenario, dice Álvaro Bellolio de la UNAB. Son grupos criminales profesionales, con técnicas especializadas, que tienen un objetivo económico y que para alcanzarlo construyen toda una estructura empresarial ilícita.

“Había una visión sobre el tema migratorio y especialmente contra los extranjeros que cometían delitos, que ingresaban clandestinamente, que era brutalmente irresponsable y eso envió una señal negativa que ayudó a permear el crimen transnacional”, señala Álvaro Bellolio

Ante esta realidad, el diagnóstico es compartido: “Chile no tiene una institucionalidad acorde a las dinámicas del crimen que hay hoy día en el país y en la región”, dice Daniel Grimaldi. “No hay un trabajo real coordinado entre las instituciones”, indica Pilar Lizana, investigadora de la Fundación AthenaLab.

“Hace falta una reforma institucional muy importante y caer en esta cuestión de la mano dura, tan simple como que el problema se soluciona sacando militares a la calle o aplicando mayor fuerza no resuelve el problema.”, dice Daniel Grimaldi de Chile21.

“En Chile somos muy reactivos: hemos sido muy reactivos al tema migratorio, estamos siendo muy reactivos con el tema de la delincuencia y también estamos siendo muy reactivos con el tema de las cárceles”, comenta Álvaro Bellolio, director de la Escuela de Gobierno UNAB.

“Hoy en día las cárceles funcionan como centros de reclutamiento y muchas veces son lideradas por extranjeros, entonces yo creo que ahí se está formando un ecosistema bien complicado para el futuro de Chile”, agrega. “Se está generando un contagio criminógeno”, complementa Pilar Lizana.

A juicio del investigador UNAB, una medida sería trasladar a los extranjeros condenados a su país de origen mediante el Convenio de Estrasburgo. “Ha faltado estrategia, especialmente del Ministerio de Justicia y voluntad del Ministerio del Interior”, sentencia.

¿Es la solución a los problemas existentes la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública que actualmente se discute en el parlamento?

“Es una movida positiva, pero no es suficiente por sí sola. O sea, es súper importante una institucionalidad con funciones claras que ayude a la coordinación entre actores, especialmente centrales y regionales, porque lo que pasa en la Región Metropolitana es un poco distinto a lo que pasa en otros lugares”, señala Álvaro Bellolio.

“Es un avance importante, pero tenemos que ver como termina este proyecto, porque si lo que vamos a hacer es tomar las funciones de seguridad del Ministerio de Interior y trasladarlas tal cual al Ministerio de Seguridad, tampoco estamos modernizando y actualizando la gestión”, dice Pilar Lizana.

Para Daniel Grimaldi, parte de la solución sería: “que las fuerzas políticas logren una especie de pacto nacional. Aquellos que están del otro lado del crimen ¿qué ven en el Gobierno y en el sector político principal? Que están desorganizados, que no hay capacidad en los sectores para estar todos de acuerdo. Entonces lo que es mas urgente es que logre existir una política unificada, así como en política exterior”.