En el mes de abril se llevó a cabo una paralización nacional de funcionarios de JUNJI, que se extendió por dos semanas y dejó a más de 1.700 jardines infantiles del país sin funcionamiento.

Las demandas incluían programas de apoyo a la salud mental, mejores condiciones laborales y aumento de sueldos, todas solicitudes legítimas, especialmente si consideramos que provenían directamente de quienes día a día trabajan con la primera infancia, una etapa crucial en el desarrollo humano. No cabe duda de que los más afectados por estas condiciones precarias son precisamente los niños y niñas que asisten a estos establecimientos.

Sin embargo, con asombro e incredulidad, hace apenas una semana se dio a conocer una noticia que ha generado gran controversia: la alta cantidad de licencias médicas y viajes realizados por funcionarios públicos, un tema complejo que requiere investigación a fondo. Lo más preocupante es la coincidencia poco afortunada de que las dos instituciones con mayor número de funcionarios involucrados sean precisamente la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias, y la Fundación Integra.

La situación resulta especialmente grave si se considera el profundo perjuicio a las familias, quienes ven en estas dos instituciones no solo un apoyo asistencial para el cuidado de sus hijos e hijas, sino un espacio fundamental para su desarrollo cognitivo y emocional.

Hablar de desigualdad en Chile no siempre es sencillo, pero aquí se revela con claridad uno de sus orígenes más evidentes.

Cuando algunas funcionarias y funcionarios incurren en prácticas que comprometen la integridad del sistema, no solo afectan la imagen de su gremio y empañan demandas legítimas, sino que generan un daño doble: a la confianza pública y, sobre todo, a los niños y niñas que más necesitan de estas instituciones.

Por todo lo anterior, se hace urgente transitar desde una formación profesional meramente nominal hacia una educación real e integral en nuestro país. Una educación donde los contenidos éticos —frecuentemente presentes en las mallas curriculares como asignaturas obligatorias— dejen de ser solo teóricos y pasen a ser parte viva de la práctica profesional cotidiana.

Como bien señala Edgar Morin: “El profesional debe actuar no solo con competencia técnica, sino también con responsabilidad ética y compromiso social, siendo ejemplo de integridad y respeto por el bien común”. Solo así podremos construir instituciones más justas, coherentes y realmente comprometidas con el desarrollo de las personas, en especial de quienes más lo necesitan.