Pocos resultados concretos: la principal crítica a casi dos años del Plan Calles sin Violencia

Fue en abril de 2023 que se presentó el Plan Calles sin Violencia, un programa pensado para detener la tendencia al alza de los homicidios en el país y la baja percepción de seguridad. En un principio estuvo focalizado en 46 comunas del país, considerando 22 de la Región Metropolitana (RM).

Con tres ejes principales como son persecución penal efectiva, patrullaje policial efectivo y mayor fiscalización, junto a un presupuesto inicial de $14 mil 167 millones, el objetivo era dar frente a delitos como la presencia de crimen organizado, tráfico de drogas, o la impunidad penal. Desde su presentación en público han pasado más de un año y ocho meses. Sin embargo, diferentes autoridades han criticado su efectividad.

El pasado 14 de enero, el alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo, apareció en distintos medios tras el asesinato de un niño en el sector de su comuna. La autoridad criticó fuertemente al plan, dado que los excluye al ser catalogada como una comuna rural de la RM.

Lo mismo ocurrió con el edil de Independencia, Agustín Iglesias, quien a inicios de mes criticó la propuesta luego de conocerse el primer homicidio registrado este año en dicha zona de la capital. Tras pasar de seis asesinatos en 2023 a 21 en 2024, Iglesias señaló que “es evidente que el plan no ha dado resultados”.

Hasta ahora, el gobierno no ha presentado un balance oficial sobre el impacto del plan.

Para David Jara, investigador del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, esto dificulta evaluar si las medidas han mejorado la seguridad pública: “Sin indicadores claros que midan el cumplimiento de sus objetivos, es difícil saber si la percepción ciudadana ha cambiado”, considerando otros datos disponibles sobre percepción de seguridad ciudadana como es el índice de Paz Ciudadana de 2024, que muestra una disminución significativa del temor alto (27,4%) respecto de 2023 (30,5%).

Ante los cuestionamientos, autoridades ya se han pronunciado sobre cambios en la norma.

El primero ocurrió en junio de 2024, cuando la ministra del interior, Carolina Tohá implementó una nueva fase del plan, dotando de nuevas estrategias operativas para la RM por parte de Carabineros de Chile y la PDI. Para finales de diciembre pasado, el subsecretario del interior, Luis Cordero, anunció un nuevo ajuste, luego de que se registraron ocho muertes en episodios con armas de fuego y blancas en RM.

“Estamos trabajando en la actualización del plan Calle sin Violencia. No solo estamos hablando de comunas, sino que también vamos a dar a conocer en los próximos días, cuando se formalicen las correcciones, intervenciones en barrios en específico”, anunció.

A él se sumó el delegado presidencial de RM, Gonzalo Durán, quien afirmó este mes que “estamos trabajando con el propósito no sólo de fortalecer, sino de ajustar, a escala muy, muy fina, la capacidad de intervención en ciertos territorios”.

Según cifras del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, 2024 se convirtió en el año con más homicidios registrados desde el retorno a la democracia, alcanzando 842 casos. Esto representa un aumento del 4% en comparación con 2023 y del 44% respecto a 2021.

Álvaro Bellolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto UNAB de Políticas Públicas, quien junto a su equipo analizaron las estadísticas disponibles, señala que este incremento refleja una problemática estructural más que un fenómeno aislado. Desde 2017, los homicidios han aumentado un 56%, consolidando una tendencia alarmante que desafía la capacidad de las políticas públicas para contener este tipo de delitos.

Bellolio afirma que el programa se centra en medidas operativas y de contención en el corto plazo, como el aumento de patrullajes y operativos en sectores específicos. Sin embargo, las cifras disponibles no dan cuenta de “avances significativos” en el abordaje de las causas estructurales, como el fortalecimiento de la inteligencia policial, la prevención del crimen organizado y el control de armas.

“La persistencia de organizaciones criminales transnacionales en Chile, como el Tren de Aragua y Los Shottas, evidencia la necesidad de una estrategia integral y coordinada que aborde las redes criminales desde sus bases operativas y financieras”, argumenta.

En cuanto a los delitos de mayor connotación social, las cifras analizadas por el IPP UNAB indican fluctuaciones significativas en los últimos años. En 2022, estos delitos crecieron un 45.3%, seguidos de un incremento del 5.5% en 2023. Aunque en 2024 se reportó una baja marginal del 1%, Bellolio destaca que los robos con violencia continúan al alza, con aumentos del 63% en 2022, 8.5% en 2023 y 3.1% en 2024. Estos datos evidencian, a ojos del académico, que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, persisten problemas críticos en áreas específicas como la violencia en robos.

Ante la falta de datos que permitan mostrar un antes y un después de su ejecución, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y actual presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), señala que cualquier análisis sobre la materia se debe entender bajo el contexto “donde la tasa de homicidios a nivel nacional se encontraba en constante crecimiento desde antes de la pandemia, y donde los homicidas eran cada vez más difíciles de perseguir por parte de la Fiscalía y las policías”.

“Detener la curva ascendente, es un objetivo altamente valorable, y en ese contexto podemos notar un avance importante”, dice, apuntando que en Quinta Normal, por ejemplo, el año 2022 marcó un peak de homicidios de 17 casos, los que se redujeron a 10 y 11 en 2023 y 2024.

Otro aspecto que valora Delfino son los avances en la recuperación del espacio público. “Se asignaron recursos por $500 millones a las comunas que se incluyeron en el plan para este tema”, dice, el cual se usó en dicha zona para luminarias, mientras que otros gobiernos locales trabajaron en mejoras y recuperación de plazas, sacar mausoleos narco, entre otros.

Fuera de Santiago, las regiones también han visto el impacto de la iniciativa. Tras ser considerado dentro de las primeras 46 municipalidades contempladas, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, comparte que, si bien establecer una relación directa del plan con los efectos que ha podido ver en terreno “aún sería prematuro”, algunas de las críticas a su implementación son su focalización limitada, concentrada en sectores priorizados de su comuna según estadísticas, dejando fuera a barrios que podrían beneficiarse de las medidas preventivas.

Díaz ejemplifica con la intervención en la Población José Miguel Carrera, una zona con alta vulnerabilidad social en la capital del Maule, donde se realizó el recambio total de 284 luminarias, cubriendo la totalidad del perímetro de la población.

“El impacto en la seguridad en el territorio fue una leve reducción de delitos relacionados con drogas, además de una tendencia a la baja de delitos de mayor connotación social”, complementa. No obstante, hay un aumento de robos en viviendas, lo que subraya la necesidad de reforzar la seguridad residencial.

Ante los desafíos presentes, David Jara, del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, explica que el plan tiene desafíos tanto de carácter técnico como político. Insiste en la necesidad de evaluar las medidas tomadas, dado que hay “muchos factores que operan sobre el aumento de los homicidios y la delincuencia en general, que son difíciles de aislar”.

En la otra vereda, cree que el plan debe integrarse al resto de la institucionalidad pública que desarrolla acciones para aumentar la seguridad, sin recaer en medidas efectistas y de corto alcance. “En la medida que se mantengan los problemas sobre la falta de diagnósticos claros de la delincuencia y sus causas, la discusión política se seguirá situando desde una mirada más populista y cortoplacista”, manifiesta.

Desde la Escuela de Gobierno del IPP UNAB, Álvaro Bellolio afirma que, aunque en 2024 los delitos de mayor connotación social disminuyeron un 1%, los homicidios y robos con violencia continuaron aumentando, lo que sugiere que los esfuerzos actuales no han logrado mitigar los fenómenos más graves.

El abogado apunta a que el impacto del programa debería evaluarse mediante indicadores específicos, como las tasas de reducción de homicidios, robos con violencia e intimidación, y hurtos en las zonas intervenidas.

Ante la ausencia de transparencia en los indicadores específicos, se dificulta una evaluación robusta del programa. “El éxito del programa dependerá de su capacidad para evolucionar hacia un enfoque integral que combine prevención, control operativo y fortalecimiento institucional”, responde.

Frente a la percepción de las municipalidades involucradas, Karina Delfino, presidenta de la ACHM, señala que una crítica que se recoge en los gobiernos locales, es que otros delitos de alta connotación social no han sido abordados oportunamente por el plan, como por ejemplo el robo con intimidación y violencia, los portonazos o abordazos.

Una tarea pendiente es la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, que permitiría a su juicio “establecer agravantes para quienes amenacen o agredan a funcionarios municipales y con la finalidad de permitir más flexibilidad en la contratación de inspectores, aportando en la vigilancia, un factor determinante para disuadir posibles delitos”.

La arista entre la coordinación del programa y las reformas legislativas en seguridad también es vista por Bellolio, quien advierte que parece ser limitada. “Proyectos clave del Fast Track Legislativo 2.0, como la modernización de la carrera policial y la mejora del sistema de inteligencia, llevan más de 700 días en tramitación y carecen de urgencia legislativa”, describe.

Otro detalle que confirma la ACHM es que se desconocen las rutas de los patrullajes realizados. “Requerimos además que nos den cuenta de los patrullajes. El pilar policial debe ser mejor coordinado con los municipios”, considera.

Delfino menciona un aspecto que excede las atribuciones del plan, refiriéndose a los datos solicitados por el Parlamento a Carabineros, sobre dotación de funcionarios operativos por comuna de la RM. “Sabemos que su distribución no es equitativa respecto de la relación criminalidad/población/Carabineros”, argumentando que comunas como Vitacura cuentan con 45 carabineros operativos versus sectores como Cerro Navia, Renca o Quinta Normal, con 35 uniformados.

Lo cierto es que la realidad de la RM es muy compleja, y la edil cree que se requiere fortalecer nuevas estrategias. “Confío que el trabajo de inteligencia policial, inversión en equipos ECOH de la Fiscalía, entrega de recursos a Carabineros, PDI y municipios, van a lograr que la frecuencia de delitos violentos se estanque y baje en la mayoría de las comunas del país”, sentencia.