Reflexiones sobre la demora en la implementación de la Ley de Plásticos de un Solo Uso

La reciente suspensión de la discusión sobre la Ley de Plásticos de un Sólo Uso (PUSU) es una decisión que nos obliga a reflexionar profundamente sobre las implicancias ambientales y sociales de este aplazamiento.

La modificación del plazo para la implementación de la Ley 21.368, pasando de tres años a 54 meses, no sólo retrasa la adopción de medidas críticas para la reducción de residuos plásticos, sino que también envía un mensaje preocupante sobre nuestras prioridades en materia de sostenibilidad.

La generación de residuos plásticos es un desafío global que requiere respuestas rápidas y efectivas. A nivel mundial, se estima que la producción de plásticos se triplicará para el año 2060, lo que agravará aún más la contaminación de nuestros océanos y ecosistemas terrestres, ya que en el planeta la gran mayoría de estos residuos terminan en ríos y mares.

Una cifra alarmante: según el índice The Plastic Waste Markers Index, Chile ocupa el undécimo puesto en el ranking de los países que más residuos plásticos generan en el mundo y es el primero de los primeros de Latinoamérica.

Chile, además, es el tercer país del continente con mayor superficie costera –sólo detrás de Canadá y Estados Unidos- por lo que resulta aún más preocupante la laxitud la postergación de una discusión a todas luces necesaria.

El retraso en la Ley PUSU debe ser analizado cuidadosamente, considerando que la transición hacia productos reutilizables puede generar otros impactos ambientales, como el consumo de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, diversos estudios internacionales han demostrado que los productos reutilizables, cuando se gestionan adecuadamente, tienen un impacto ambiental significativamente menor que los desechables.

La Unión Europea, Canadá y Reino Unido ya entendieron que la contaminación por plásticos es un problema global, por lo que han implementado prohibiciones o regulaciones significativas en cuanto a la restricción de plásticos de un sólo uso. Y los resultados son evidentes: la UE, por ejemplo, estima que se eliminará más de 3,4 millones de toneladas de residuos plásticos y reducirá aproximadamente 1,5 millones de toneladas de CO2 equivalente por año. Estas cifras subrayan la urgencia de avanzar hacia una economía circular que priorice la reducción y reutilización del plástico.

En Chile, ya contamos con instrumentos legislativos que buscan abordar el problema de la contaminación, como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que recientemente entró en vigencia para envases y embalajes. La Ley de Plásticos de un Solo Uso debía complementar estos esfuerzos, y su retraso plantea desafíos en la coherencia y efectividad de las políticas ambientales.

No podemos ignorar los impactos devastadores que la contaminación plástica está teniendo en nuestros ecosistemas marinos y en la salud humana. Científicos han identificado que la exposición a microplásticos puede generar reacciones inflamatorias, trastornos metabólicos, muerte celular y toxicidad genética. Un estudio reciente de Zhang y colaboradores (2024) señala que los microplásticos se acumulan en varios órganos y tejidos, como el cerebro, pulmones, hígado, placenta y leche materna, lo que resalta la gravedad de este problema.

Ante este panorama, las universidades, como centros de conocimiento y formación, tienen un rol crucial. No solo deben fomentar la investigación aplicada en estas nuevas esferas, sino también educar a la comunidad para generar una mayor conciencia sobre este problema y gestionar de manera efectiva los residuos que generan.

Finalmente, la suspensión de la discusión de esta ley no solo pospone la solución a un problema urgente, sino que también nos recuerda la importancia de retomar el proceso legislativo con la seriedad que la situación amerita. Es fundamental considerar todas las implicancias ambientales, sociales y económicas para garantizar un futuro más limpio y saludable para las próximas generaciones.